Saúl Franco Agudelo es uno de los 11 integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición del conflicto colombiano.
El monumental informe presentado a comienzos de julio busca reconstruir el conflicto armado interno que padeció Colombia por más de cinco décadas luego de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en 2016.
Las cifras de las víctimas reveladas por la Comisión –entre otros hallazgos– asustan: 50.770 personas secuestradas, 121.768 desaparecidas, 450.664 asesinadas y 7,7 millones desplazadas forzosamente.
El documento incluye recomendaciones al Estado y a la sociedad para evitar que se repitan estos crímenes de lesa humanidad.
Desde Colombia, y a punto de viajar a Argentina para presentar el informe en nuestro país, el también médico, doctor en Salud Pública, docente e investigador dialogó con La Voz.
–Entre las principales conclusiones, el informe muestra que 80% de las 450 mil muertes registradas en casi seis décadas de conflicto fueron población civil. ¿Fue una sorpresa esa cifra?
–Fue un descubrimiento muy grande pero que en cierta forma confirma algo que uno veía. Nos damos a luz sobre lo que ha pasado: una confrontación con actores armados pero en la que la sociedad civil puso la mayoría de las víctimas. Esto fue una guerra contra los civiles, más allá de una guerra civil. Esa era la estrategia real de los grupos armados. Más que en los campos de batalla, la guerra se libraba en la amenaza y en el control sobre la población civil. Esto tuvo costos altísimos. La obvia conclusión: somos los civiles quienes debemos decir no más guerra, porque la pagamos nosotros. Los muertos en combate fueron un porcentaje bajísimo: aproximadamente 2% de las víctimas. La población civil, las organizaciones sociales y políticas, los defensores de derechos humanos… ese fue el campo de la guerra. Insistimos en esto porque una forma de salir no es sólo controlando la cuestión armada, sino actuando en estos escenarios.
Racismo y exclusión
–Una de las recomendaciones de la Comisión es una reforma del sistema político y electoral para una mejor representación de las regiones, de las zonas rurales y de las víctimas. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora?
–Vimos que una de las grandes víctimas de esta guerra fue la democracia. Hubo un debilitamiento muy grande, empezando por los niveles de organización. Se hizo muy peligroso trabajar en organizaciones sociales, de derechos humanos, comunitarias. Y mucho más con quienes cumplían papeles de liderazgo. Han muerto muchos defensores de derechos humanos incluso después de las firmas de los acuerdos de paz, en 2016. Juntas de acción comunal, organizaciones de víctimas, étnicas, de género, etcétera, tuvieron un costo muy grande. Y se ha estigmatizado la participación en procesos organizativos. Los procesos electorales, que son la cara más visible de la democracia, fueron severamente alterados en cuanto que los actores armados pusieron condiciones para esos procesos. Eliminaron candidatos. Se les crearon gran cantidad de condicionamientos que impidieron ejercer la democracia. Y esto, que se da a nivel nacional se siente más en las regiones, en donde las elites políticas trataron de controlar, pero los actores armados atacaron a esas propias elites. Ahí no sólo la llevó mal la izquierda (recordemos que la Unión Patriótica fue eliminada, eso fue un genocidio político). También los partidos de derecha sufrieron esta persecución. Candidatos liberales o conservadores fueron amenazados, obligados al exilio o asesinados.
–El informe habla de una doctrina militar que enraizó una mentalidad que atiende a las movilizaciones y protesta social “como si fueran una guerra que atenta contra la existencia del Estado. ¿Esto sigue siendo así?
–Cuando las organizaciones intentaron movilizarse y protestar la respuesta fue militar, los trataron como si fueran hechos terroristas. Si alguien protesta se lo señala como terrorista o se insinúa que es dirigido por organizaciones guerrilleras. Esta guerra hizo que la protesta social se vinculara a esto y no tuviera una entidad propia. Por eso hacemos estas propuestas para la participación regional: que se reconozca que es desde las regiones donde puede haber un proceso democratizador fuerte, con equilibrio de poderes. Y que a partir de esta participación se enriquezca la democracia. Estamos seguros de que esas recomendaciones tendrán acogida. En los acuerdos de La Habana ya se planteaba la necesidad de una reforma política que tuviera en cuenta esta diversidad regional. Esta democracia fue siempre de elites regionales y nacionales y la idea es romper ese esquema. Es la aceptación de la diversidad no sólo geográfica o electoral: étnica, de género. Hay un racismo y una exclusión muy grandes en el país.
Hacia un pacto nacional
–Proponen un pacto nacional para la convivencia. ¿Qué tan lejos o cerca está Colombia de eso?
–Hay dos dimensiones de la realidad que llevan a esa propuesta: nace de ver la gravedad de la guerra, pero también de una polarización extrema en el escenario político, desde hace mucho tiempo. Se está de un lado o de otro, y no hay puentes. Esto fue claro en el plebiscito de 2016 sobre los acuerdos de paz. Ganó el No. De ahí nace la necesidad de estar por encima de eso, no desconociendo esta realidad sino invitando a superarla. No se trata de borrón y cuenta nueva, eso no funciona. Es mejor una asimilación de los procesos para construir nuevas realidades. Muchos sectores vienen diciendo que no podemos seguir así. Tenemos como mandato constitucional facilitar la convivencia para la no repetición del conflicto. Impulsamos diálogos en muchas regiones entre los distintos sectores. Hay una coyuntura muy favorable. El Gobierno propone un pacto histórico y ha dado pasos importantes. Que Gustavo Petro y Álvaro Uribe (actual y expresidente, respectivamente) se hayan sentado a conversar tiene fuerte poder simbólico. No es fácil ni será inmediato, pero hay señales positivas.
–Otra de las medidas propuestas es un diálogo de paz con el ELN: ¿cuál es la postura del ELN y cuál la del nuevo Gobierno?
–Hubo muchos procesos de paz y fracasos persistentes. Una de las razones es que nunca se negoció con todos los actores armados. En los acuerdos de La Habana estuvieron las Farc, y se logró algo que parecía imposible. La guerrilla más grande de Colombia negoció y entregó las armas en su inmensa mayoría. Y la mayoría sigue comprometida con la paz, si bien hay grupos de disidencia. Pero no se negoció con el ELN. Esta guerrilla sigue muy activa. En Arauca, de donde acabo de llegar, el control de la vida social es impresionante. Imponen horarios, a qué hora se puede salir, qué se puede comprar. Incluso le sacan los celulares a la gente, que así queda aislada y a merced de estos grupos. De ahí nace esta cuestión obvia: para una paz integral o total hay que negociar con todos. El ELN es el actor armado más importante del país, con poder y capacidad de hacer muchísimo daño. También hay que negociar con los residuos de las Farc y otras organizaciones similares residuales. Ahora bien: el ELN, si bien es una organización nacional, no tiene el nivel de organización interna o de jerarquía que tenían las Farc. Los frentes regionales tienen una autonomía relativa. Aunque algunos miembros de la dirección tuvieron algunas expresiones esperanzadoras en algunas regiones. Sin optimismos ingenuos, hay una coyuntura favorable. Hay una fatiga de la guerra, que es demasiado costosa y no produce efectos positivos. Esperamos que esos sectores también escuchen esa voz. Hay una conciencia mayoritaria de que no es el camino, incluso en gente que alguna vez simpatizó con eso. El ELN tiene una representación muy fuerte, y hay que decirlo con franqueza: es así en regiones en donde el Estado estuvo ausente. Se necesita un trabajo sistemático, pero son necesarios pasos inmediatos.
Una realidad compleja
–A los medios también se los invita a “un diálogo nacional” para fortalecer su papel en la sociedad. ¿Cuál fue el rol de los medios durante el conflitco y cuál se espera que sea ahora?
–Hay que reconocer el valor y el heroísmo: a los medios les costó cara esta guerra. La cantidad de periodistas que murieron o fueron al exilio es grande. Colombia tiene un lugar vergonzoso en ese ranking mundial de libertad de prensa o de opinión. Ahora, hay que señalar también que, desafortunadamente, en varias ocasiones los medios no cumplieron el papel que correspondía. Algunos prácticamente se convertían en la oficina de prensa de brigadas militares. Eso es contrario a lo que se espera, en relación a una información más imparcial, desde todos los ángulos. O no quisieron o no pudieron cumplir su papel, eso es cierto. Hoy en día el escenario es mayoritariamente de una prensa abierta a escuchar este mensaje y a participar activamente. Hay sectores que aún obedecen a intereses muy fuertes que les impiden abrirse. Sigue habiendo algunos medios en el esquema de polarización. En resumen, el balance es agridulce. Hay una parte muy esperanzadora de medios regionales y algunos nacionales muy dispuestos. La mayoría está a favor de jugarle una apuesta a la paz, aun con reservas a la comisión. No buscamos aplausos, necesitamos críticas, discernimiento. Pero la mayoría están del lado de la apuesta por la paz y por la verdad.
–¿Cuál es la expectativa de su visita a la Argentina para presentar el informe?
–Hay países que en distintas formas han vivido estos procesos, como ustedes durante la dictadura. Hay algunos elementos comunes que muestran una receptividad a este tipo de realidad. Hay organizaciones de víctimas como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Hay receptividad de sectores académicos, de derechos humanos. Entonces Argentina tiene condiciones propicias para contribuir a estimular estos procesos de verdad, de convivencia, de reconciliación. Lograr que los responsables hagan reconocimientos públicos de lo que hicieron a las víctimas tiene un poder curativo muy grande. Queremos que esta verdad colombiana se conozca realmente. Ha habido un negacionismo muy grande -interno y externo-. Necesitamos que se vea la complejidad de esta realidad.
Las claves del informe final
La Comisión. La Comisión de la Verdad es un órgano extrajudicial que inició su mandato en 2018 y desde entonces escuchó los relatos sobre el conflicto armado de más de 30 mil personas de todos los sectores en entrevistas individuales y colectivas, analizado informes y contrastado esa información con el fin de producir el informe.
Objetivo. Busca conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad.
Cifras. El informe relevó durante casi 50 años de conflicto que hubo 50.770 personas secuestradas, 121.768 desaparecidas, 450.664 asesinadas y 7,7 millones desplazadas forzosamente.
Abusos. Señala que las fuerzas armadas colombianas cometieron abusos contra los derechos humanos y llevaron a cabo una guerra criminal durante todo el conflicto. Piden a los militares que realicen una reforma generalizada.
Narcotráfico. Recomienda que el gobierno cambie completamente su guerra contra las drogas. El narcotráfico es una fuerza tan omnipresente en la sociedad colombiana que debe ser considerado una entidad política y no el objetivo de medidas represivas, dice el informe.
Exiliados. Señala que el Estado debe proporcionar los mecanismos jurídicos para el reconocimiento del exilio y del refugio.
Reformas. Ven necesaria una reforma del sistema político y electoral para una mejor representación de las regiones y de las zonas rurales y de las víctimas.
Convivencia. Recomiendan iniciar los pasos para un gran Pacto de Convivencia entre todos los sectores y un diálogo inmediato de paz con el ELN.
