El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó este miércoles una serie de allanamientos en el marco de la causa en la que se investiga la supuesta coordinación entre exfuncionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios para armar causas contra dirigentes sindicales. 

El magistrado ordenó algo más de media docena de procedimientos y una orden de presentación sobre propiedades vinculadas con las personas que aparecen en el video en el cual el exministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, habla de su deseo de activar una «Gestapo» contra sindicalistas.

Entre los lugares donde el personal de la Justicia Federal se hizo presente este miércoles figuran la Municipalidad de La Plata, debido a que el intendente Julio Garro estuvo en esa reunión realizada el 15 de junio de 2017. También se tramitó el permiso para proceder del mismo modo en el Senado bonaerense, para allanar el despacho de Juan Pablo Allan, el senador que también fue parte de aquel encuentro. Ese trámite está pendiente.

Los operativos, ejecutados por la Gendarmería Nacional, fueron dispuestos luego de que la fiscal federal de La Plata Ana Russo impulsara la investigación e imputara a Villegas, según detallaron fuentes del caso.

Fuentes municipales confirmaron a 0221.com.ar el procedimiento realizado en la Municipalidad. Además, indicaron que los agentes fueron recibidos por el apoderado legal Germán Cañete, quien «dio cumplimiento y entregó la documentación y todo el material solicitado por parte de los agentes que intervinieron en las actuaciones. El resultado del operativo dio negativo, no encontraron nada determinante que aporte a la causa», según expresaron. No obstante eso, trascendió como resultado del operativo que lo único que se llevaron los agentes que participaron fue una computadora de la oficina de atención al público de la secretaría privada.

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Entre los lugares allanados también estuvieron los puestos de trabajo de los exfuncionarios de la AFI que estaban en la reunión, el Ministerio Tutelar de CABA, donde está el actual despacho de Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud porteño, donde está la actual oficina de Roberto Gigante, exministro de Infraestructura bonaerense.

«La oficina del intendente Julio Garro se encontraba atendiendo con normalidad y de puertas abiertas como lo ha estado desde el primer día de gobierno para atender las inquietudes y necesidades de los vecinos. Por lo cual, a pesar del operativo, se pudo continuar con las tareas previstas», indicaron desde la Municipalidad. A la vez repitieron, tal como lo hicieron después de conocido el video que disparó la denuncia, que «el Intendente jamás negó su participación en la reunión y siempre remarcó que acudió al encuentro en un rol institucional y para escuchar las preocupaciones de los empresarios del sector de la construcción que según denunciaron venían siendo víctimas de aprietes y atropellos por parte del sindicalismo».

Antes de los allanamientos, representantes del Ministerio Público Fiscal había requerido ayer que se identifique a todos los que participaron de aquella reunión ocurrida en junio de 2017, a la que habrían asistido tres exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada el lunes por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical. centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la ciudad de La Plata”.

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La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.

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