Luego de dar sus «Últimas Palabras» en la causa Vialidad antes de recibir el veredicto de parte del Tribunal Oral Federal 2, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, enumeró en sus redes sociales las «Veinte Mentiras» que ella considera que existen en la acusación por supuesto desvío de fondos de obras públicas en Santa Cruz.
Como la Mentira 1, Cristina aseguró que tanto el expresidente Néstor Kirchner como ella asignaron fondos a la provincia de Santa Cruz para obras viales de manera ilegal y arbitraria.
Al respecto detalló que las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución.
Al exponer la Mentira 2, sostuvo que los proyectos de ley de presupuesto elaborados por el Poder Ejecutivo (entre 2003 y 2015) fueron diseñados de manera arbitraria e ilegal por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta señaló que se acreditó en el juicio que el proceso cumplió con todos los controles legales y financieros y contó con la intervención de todas las oficinas competentes.
En la Mentira 3, Cristina recordó que el Congreso de la Nación tuvo una participación marginal en la sanción de las leyes de presupuesto.
La expresidenta aclaró que la ley de presupuesto es conocida como la ley de leyes y resulta ser una de las normas más debatidas en el Congreso lo que también quedó acreditado en el juicio.
En la Mentira 4, afirmó que los legisladores fueron obligados desde el Poder Ejecutivo Nacional para votar de manera afirmativa los proyectos de leyes de presupuesto que eran remitidos al Congreso.
La vicepresidenta reseñó que en el juicio quedó acreditado que jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015.
Además afirmó que la propia oposición durante los ejercicios 2010 y 2011 presentó proyectos de presupuesto alternativos que incluían las mismas obras que son cuestionadas.
Asimismo, dijo que las leyes de presupuesto del período fueron votadas afirmativamente por legisladores de la oposición, tales como Graciela Camaño, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Gerardo Morales y Pablo Tonelli. Y naturalmente, por quien se desempeñó en todo el período como jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto.
En la Mentira 5, explicó que ni Néstor Kirchner ni ella aumentaron las partidas del presupuesto a través de DNU sin intervención del Congreso para beneficiar a las empresas de Lázaro Báez.
En la Mentira 6 negó que los gobiernos kirchneristas hayan utilizado los fondos del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 sin intervención del Congreso para financiar de forma ilegítima a las obras viales en la provincia de Santa Cruz, la Vicepresidenta afirmó que ese fideicomiso existía con anterioridad al año 2003 y había sido creado durante la Presidencia de Fernando De la Rúa, con el propósito de financiar proyectos de inversión viales.
En tanto, en la Mentira 7, se sostiene que Cristina dictó el Decreto N° 54/2009 incorporando a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) como beneficiaria del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 pese a la opinión contraria de los servicios jurídicos y con el propósito de que se asignaran fondos a las empresas de Lázaro Báez.
Cristina señaló que quedó acreditado en el juicio que este decreto constituyó una simple norma de asignación de funciones y que el mismo fue refrendado por distintos Ministros y contó con todos los controles de legalidad practicados por los distintos servicios jurídicos en la esfera administrativa así como también jamás existió un dictamen jurídico que aconsejara que este decreto no fuera firmado y, por otra parte, el decreto no tenía relación alguna con la asignación de fondos para ninguna obra vial en particular.
En la Mentira 8, se dijo que se hizo uso de las decisiones administrativas, cuya competencia corresponde a los Jefes de Gabinete, para redireccionar recursos económicos en favor de Lázaro Báez.
La funcionaria explicó que todos los ex Jefes de Gabinete declararon bajo juramento de decir verdad que jamás recibieron instrucciones direccionar partidas presupuestarias para financiar proyectos viales en la provincia de Santa Cruz.
En la Mentira 9, desestimó que el Ministerio de Planificación y la Dirección Nacional de Vialidad hayan aumentado ilegalmente las partidas correspondientes a las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez.
Cristina aclaró que Las decisiones adoptadas en el área de Planificación y en la DNV se corresponden con las autorizaciones otorgadas expresamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de decisiones administrativas y no con directivas impartidas desde la Presidencia de la Nación.
Sobre la Mentira 10, que sostiene que durante los años 2003 y 2015, el Poder Ejecutivo Nacional impidió que el Congreso de la Nación tuviera conocimiento sobre cuál era el destino de las partidas presupuestarias incluidas en las leyes de presupuesto (apagón informativo), la Vicepresidenta dijo que demostró que la Fiscalía deliberadamente ocultó los créditos presupuestarios aprobados por el Congreso para cada una de estas obras en las sucesivas leyes de presupuesto, lo cual desmiente el argumento de que fueran subvaluadas.
En la Mentira 11, que afirma que el Congreso aprobó las Cuentas de Inversión sin efectuar ninguna evaluación seria, la Vicepresidenta remarcó que las Cuentas de Inversión contienen un detalle exhaustivo de los pagos y que El personal administrativo de la DNV explicó que no hubo ningún pagos efectuados a las empresas de Lázaro Báez o a cualquier otro contratista que no estuviese debidamente registrado ante los sistemas del organismo y en los sistemas informáticos administrados desde la ONP.
En la Mentira 12, es la que sostiene que a finales de noviembre de 2015, se ordenó aumentar las partidas presupuestarias de las obras adjudicadas a Lázaro Báez para que le fuera pagada una suma superior a los 500 millones de pesos.
Cristina recordó que durante el año 2015 el PEN redujo considerablemente las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso a Santa Cruz para realizar obras viales y que a finales del mes de noviembre de 2015 no se hizo ningún pago en favor de las empresas de Lázaro Báez.
Mentira 13: el 30 de noviembre de 2015 Fernández de Kirchner viajó a la provincia de Santa Cruz para reunirse con Lázaro Báez y diseñar el plan limpiar todo, que consistía en el abandono de las obras realizadas en Santa Cruz y el despido de todos los empleados de las empresas de Báez la funcionaria manifestó que la noticia periodística aportada por la Fiscalía tendiente a acreditar dicho encuentro no correspondía al día 30/11/2015 sino al 29/11/2015 y que el día 30/11/2015, en el mismo momento en que según la Fiscalía Fernández de Kirchner tenía un encuentro con Báez, Fernández de Kirchner participaba de un acto público en Río Negro que fue transmitido en vivo y en directo para todo el país.
Sobre la Mentira 14, la que asegura que las relaciones comerciales entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner y Cristina Fernández eran actos ilegales que encubrían el retorno de ganancias ilícitas producidas a raíz de la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz, la Vicepresidenta señaló que los contratos comerciales que enumera la Fiscalía como prueba de un delito ya habían sido denunciados muchos años antes, determinando la justicia que no constituían ilícito y que es falso que tales contratos representen supuestos retornos en favor de la familia Kirchner, pues son actos en los cuales se intercambian prestaciones reciprocas (vgr., pago del precio de un alquiler o la compra de un bien).
La Mentira 15, es la que señala que la expresidenta dio las órdenes para que se adjudicaran de manera ilegítima obras viales en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez fue descartada por la titular del Senado al explicar que la Presidencia de la Nación no tiene competencia alguna en los procesos de licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados en la causa ni en ningún otro que se hubiese realizado en el período 2003 y 2015.
La Mentira 16, que se omitieron llevar a cabo controles que impidieron la comisión de irregularidades en las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, pese a las alertas efectuadas por el ex Ministro de (Economía) Roberto Lavagna y por la AGN fue desestimada también en el hecho de que no existe ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria que imponga a la Presidencia de la Nación el deber de controlar los actos administrativos que lleva a cabo la DNV ni mucho menos los que desarrolla un órgano provincial (AGVP).
En la Mentira 17, la exmandataria desmintió el uso del aparato estatal para que la obra pública vial de Santa Cruz se concentrara en un único grupo empresario y que su titular (Báez) pudiera apropiarse de otras empresas radicadas en la provincia de Santa Cruz.
Recordó que la concentración de obra pública en empresarios locales es un fenómeno que se da en forma generalizada en el resto del país y que los testigos que vinieron al juicio explicaron detalladamente las razones por las que se producen tales concentraciones sin que ello pueda suponer ningún tipo de irregularidad (así lo declaró entre otros Ángelo Calcaterra, -un empresario vinculado a las empresas del expresidente Mauricio Macri-.
La Mentira 18, es la que sostiene que de los gobiernos se dictaron leyes provinciales fundamentales (obra pública) con el exclusivo propósito de que las empresas de Báez ganaran las licitaciones de Santa Cruz.
Eso, según la titular del Senado, fue refutada en el hecho de que se encuentra acreditado en el juicio que casi todas las provincias argentinas cuentan con sus propias leyes de obra pública, y que el Congreso de Santa Cruz votó libremente esa normas.
Respecto de la Mentira 19, que asegura que en todas las licitaciones ganadas por las empresas de Lázaro Báez se pagaron sobreprecios millonarios, Cristina sostuvo que la Fiscalía jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación y que el estudio pericial se realizó exclusivamente a instancias de las defensas y fue limitado por el Tribunal a sólo cinco obras elegidas según criterios fijados por los acusadores.
Por último, en la Mentira 20, Cristina indicó que las obras no se demoraron de manera injustificada, ni presentaron deficiencias constructivas.
