El testimonio del exadministrador de la Corte Suprema Héctor Daniel Marchi, por los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) ante la Comisión de Juicio Político desató un tembladeral dentro y fuera del tribunal que hizo entrar en pánico a supremos y otros funcionarios/as. El actual directorio de la OSPJN, que encabeza Mariano Althabe, un hombre que llegó en 2021 con respaldo del presidente supremo, Horacio Rosatti, difundió este sábado un comunicado que acusa al contador, cercano a Ricardo Lorenzetti, de hacer declaraciones «malintencionadas y falaces» y asegura que en los útimos tiempos la institución tuvo «grandes avances». «Es un mensaje mafioso del titular de la obra social, porque voy a declarar como testigo por estos temas ante el juez federal Ariel Lijo y no quieren que comprometa a Rosatti y a su vocero Silvio Robles«, contestó Marchi ante una consulta. «El comunicado no aclara nada sobre las irregularidades, como los miles de millones de pesos perdidos y regalados a los bancos», agregó.

El contador, ya sin nada que perder después de haber sido expulsado de la Corte, tras dos décadas allí, había dejado dos cosas en claro al presentarse el martes como testigo en el juicio político a los supremos: la OSPJN arrastra años de descontrol y es muy difícil saber qué hizo y qué hace con las sumas millonarias que maneja, aunque tal vez no sea imposible reconstruirlo; la otra cuestión es que detalló amenazas y aprietes contra él y su equipo de trabajo, que relacionó con su diagnóstico lapidario del servicio de salud.

Lo novedoso de la olla destapada por Marchi, independientemente de las críticas que pueda haber recibido su gestión, es que pone el dedo en la llaga de un tema ultrasensible que hasta ahora parecía ajeno a los cortesanos: ¿qué hacen con el dinero? En este caso, ¿qué hacen con la plata de sus afiliados? ¿Es posible que haya corrupción? Esa palabra les molesta, además del proceso de remoción en sí. También dejó al descubierto que las responsabilidades podrían abarcar a todos o la mayoría de los jueces. Quienes conocen los vericuetos palaciegos, saben que el manejo de bienes y dinero ha sido de los grandes temas intocables en la Corte, como ha ocurrido con la cuestión de los autos incautados en causas de narcotráfico y su reparto entre jueces, así como el dinero y bienes secuestrados. Uno de los grandes agujeros negros.

El comunicado de la OSPJN dice en defensa propia que la presencia de un directorio de cinco (no ya unipersonal) es un avance democrático. Por ahora están en funciones tres: Althabe, Cora Borensztejn y Maia Vocovinsky, esta última representante de la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN). Dice que están enfocados en elevar «los estándares de las prestaciones» y no en –mensaje para Marchi– la especulación financiera. Alegan que mejoraron el pago a prestadores, que dan mayor cobertura que cualquier obra social (70 por ciento en medicamentos), que implementaron la credencial digital, que trabajan en un sistema informático y que la administración es más transparente. No responden puntualmente a cada crítica del exadministrador.

Un apoyo especial

Un episodio que rozó lo bizarro tuvo lugar dos días después del testimonio del contador en el séptimo piso del Palacio de Justicia. El personal de maestranza y otros empleados invitaron a tres de los jueces a comer empanadas como gesto de apoyo. Los homenajeados fueron el presidente del tribunal Rosatti, Carlos Rosenkrantz Juan Carlos Maqueda. Lorenzetti es un aliado de Marchi y en los últimos meses protagoniza una pelea feroz con el trío mayoritario, focalizada en la cuestión de la OSJN, por la que se responsabilizan mutuamente. El evento fue publicitado por el diario Clarín, que mostró una foto en la que se advierte que el lugar, con paredes rotas y cajas arrumbadas, no es precisamente el despacho de un cortesano, pero quedaba bien para alardear con el respaldo de algunos trabajadores. El texto incluía tramos de un comunicado de la UEJN, que calificaba de «mentiroso» y «nefasto» el testimonio de Marchi. Un detalle es que ese gremio, que comanda Julio Piumato, tiene ahora representante en el directorio de la obra social. El otro gremio, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), dijo todo lo contrario.

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En el centro de la mesa de la imagen publicada se ve a los tres magistrados, y a un costado asoma la cabeza de Robles, el vocero de Rosatti, en el foco de la tormenta por los famosos chats con el exministro porteño Marcelo D’Alessandro referidos a casos resonantes que debía resolver la Corte, y ahora por los relatos de Marchi, que le atribuyó amenazas y haber ocultado el último de los informes sobre la OSPJN que él había entregado, y que comprometía a la dirección actual, en particular a Althabe y Rosatti. Robles tiene en el mismo piso su despacho, el que se inundó cuando comenzaba el juicio político. En un video que también circuló se lo ve y escucha a Rosatti dar un pequeño discurso: «Quiero agradecerles en nombre de los aquí presentes este apoyo, para nosotros es muy necesario. Siempre nos sentimos apoyados por el personal de base, pero en este momento es realmente muy importante». Les dijo que «trabajen tranquilos» y «con alegría», aunque hizo una acotación sobre «este momento difícil que nos toca vivir en la Argentina».

El efecto Marchi

Un día después de ir al Congreso, Marchi se presentó ante el juzgado de Ariel Lijo y pidió declarar como testigo en una causa ligada al expediente principal sobre las irregularidades en la Obra Social. El juez lo espera el miércoles próximo, a las 14. El contador sostuvo por escrito que quiere «ofrecer prueba respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación y asimismo hacer saber sobre presiones y posibles persecuciones sufridas hacia mí, como también a terceros». La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard (FdT), le mandó una nota al ministro de Justicia, Martín Soria, donde detalla las amenazas y seguimientos que describió Marchi para que evalúe si hace falta alguna medida «para preservar y garantizar la seguridad laboral e integridad física del testigo y los trabajadores» hostigados. El testimonio del exadministrador ante la comisión aún no terminó, continuará el 9 de mayo. Pero bastó el primer tramo para que avanzara en algunos detalles de los informes que hizo sobre la OSPJN, a pedido de los supremos en 2021.

Le habían encomendado esa tarea cuando salieron a la luz las primeras sospechas y se abrió una causa por dos contrataciones sospechosas, una con la “Empresa Emergencia Médica Integral S.A. (EMI)» por 100 millones de pesos anuales desde 2008, que no habría cumplido su función, y otra con «Fandamant S.A.», que debía hacer control de recetas pero sería una firma fantasma. La investigación más reciente se inició con una denuncia del fiscal Guillermo Marijuán, que sostiene que los votos en disidencia de Lorenzetti en las últimas acordadas y resoluciones sobre la OSJN podrían revelar delitos. En esos textos de Lorenzetti ya advertía que el problema de años de desmanejos continuaba incluso con el directorio actual.

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Según la declaración de Marchi, el supervisor de la Obra Social de 2008 a 2021 fue el juez Maqueda. Puntualizó que todas las decisiones pasaban por él, aunque no tenía designación formal. Un correo de Maqueda -que integra las pruebas de la comisión- anunciaba el 31 de agosto de 2021 que renunciaba a esa supervisión y que reconocía que no se habían podido controlar irregularidades, aunque rescataba mejorías. Lo increíble fue que, horas antes de que Marchi declarara, Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz mandaron una nota a los diputados diciendo que hasta 2018 el responsable de la Obra Social había sido Lorenzetti (entonces presidente de la Corte), que él firmaba todo, eventualmente su segunda, Elena Highton de Nolasco, y el poderoso exadministrador Marchi. Este sostuvo que su primera intervención en el tema fueron las auditorías que le encomendaron una vez que Maqueda dio un paso al costado, y que precisamente esas evaluaciones no les gustaron a los jueces, en especial la última que atañe a la gestión actual. Marchi planea pedir un careo con Maqueda.

Es obvio que todos tratan de defenderse ante el alto riesgo de que en algo los toque la acusación. Incluso hay quienes dicen que Marchi escribió todo lo que escribió sabiendo que en algún momento podían hacerlo responsable, por su papel de administrador. A Lorenzetti lo había denunciado ya la Coalición Cívica. A Rosatti y a su vice, Rosenkrantz, los complicaría el presente. ¿Acaso manejan una caja millonaria con la Obra Social y nadie sabe nada, más allá de quién firma o dirige?

Revelaciones

De lo que relató Marchi quedan dos asuntos limpio:

* Según el contador, la posibilidad de desplazarlo del cargo fue una las amenazas que recibió cuando faltaba poco para que lo citaran al juicio político. Vale recordar que recusó a la mayoría suprema en un juicio contra Elisa Carrió, por falsa denuncia, y sólo se excusó Lorenzetti, que había sido blanco de la dirigente junto con él. Pero lo que detalló es que también sus empleados son perseguidos, que a otros les decían que si hablaban con él iban «a terminar en Siberia», que sabían con quién se reunía y que otro modo de presión eran las «operaciones de prensa». Atribuyó estos hechos al vocero Robles.

* Las auditorías muestran que pese a las recomendaciones y pedidos al directorio de la OSPJN, reflejados en al menos 26 notas de la Secretaría de Administración, no se hicieron cambios centrales como la licitación para un software de gestión y cambiar el sistema informático. Cualquiera puede modificar una rendición o un cálculo, y nadie se entera. No se mandó información clave pedida por el administrador. El 2022 terminó sin certezas sobre en qué consistía el presupuesto de ese año. Fue una constante la falta de presupuestos, cálculos y balances. El gran problema de todas esas cosas es que la Obra Social es una maravillosa caja millonaria que nadie supervisa.

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El informe oculto

El exsecretario de Administración de la Corte Héctor Marchi contó que, de los cuatro informes que entregó desde octubre de 2021, sólo se hicieron públicos los tres primeros. Esos abarcan la gestión del exdirector de la OSPJN Aldo Tonón, hombre del supremo Juan Carlos Maqueda. El tribunal los mandó al Congreso a último momento. Tonón está imputado por el juez Ariel Lijo y citado al juicio político pero no se presentó. Van intimarlo, o puede terminar detenido.

Las evaluaciones mostraban decisiones concentradas en ese único director, cargos claves vacantes, como la Subsecretaría de Administración y el área de auditoría interna, o sea, la que controla. En dos años, los contratos de locación de servicios habían aumentado un 50 por ciento. El sistema informático era obsoleto, con alto riesgo de pérdida de información, no había herramientas de gestión, ni presupuestos definidos ni manuales de procedimiento. Es decir, ninguna información confiable. Se creó una comisión de informatización, pero no cambió nada. En la cuentas bancarias no se podían identificar ingresos y egresos, ni desde cuándo existía esa inconsistencia. Ya se advertían faltantes de medicamentos por 30 millones de pesos. El tercer informe, del 24 de noviembre de 2022, parece un deja vú: insiste sobre la «informalidad» en las compras y contrataciones. Otra vez volvía sobre la falta de sistema y de un software de gestión. Estimaba una recaudación de 15.712 millones de pesos y gastos por 10.746, entre otros números.

Pero según Marchi, el informe que enloqueció a los supremos fue el cuarto, del 24 de agosto de 2022, porque abarca al directorio designado después de que se conoció el escándalo por los desmanejos. Según el contador fue el detonante de su desplazamiento. «En el informe cuatro está la punta del ovillo porque involucra al doctor Althabe. El doctor Althabe fue propuesto por Rosatti, y Robles escondió el informe. Esto es así de simple», advirtió. Dijo que no le constaba que los otros ministros lo hubieran recibido. Lo que mostraba este último documento, el más largo, era que las recomendaciones casi no fueron atendidas, hasta el propio Althabe reconocía que no se sabía si la OSPJN alguna vez había elaborado un presupuesto, seguía sin haber políticas de gestión médica y administrativas ni manuales de procedimiento. En medio del caos se advirtió que había compras directas de medicamentos que deberían licitarse, por 225 millones de pesos mensuales, y lo mismo con la contratación de ambulancias y servicios de emergencia. Sigue sin licitarse el software y continúan vacantes los cargos claves para los controles. Las OSPJN transitó 2022 sin definir sus gastos y recursos. En este reporte se menciona también la pérdida de 3 mil millones de pesos por la falta de renovación de plazos fijos.

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