Algo huele mal en Comodoro Py. Es cierto que no es nuevo. Pero todo se hizo más notorio en este enero caluroso cuando de golpe el juez federal Sebastián Ramos archivó la causa donde estaban denunciados el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, el vocero del supremo Horacio Rosatti, por los chats filtrados donde se referían a dos cuestiones en trámite en la Corte: el caso de la coparticipación que reclamaba el gobierno porteño y la disputa por el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo es que el expediente se mudó al juzgado de Ramos si el original era el de Ariel Lijo? ¿Se robaron una causa? ¿Cómo hizo Ramos para firmar un fallo en un día desde que le tocó el tema? ¿Por qué se resolvió en plena feria si no había razones ni medidas urgentes según los lineamientos de la Cámara Federal? Para sumar más sospechas, las denuncias que hicieron contra las mismas personas los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en las que los jueces de sus provincias se declararon incompetentes, estuvieron en el limbo hasta este viernes, cuando fueron sorteadas en los tribunales de Retiro. Fue justo después que el juez de La Plata, Alejo Ramos Padilla, pidió mediante oficios saber dónde estaban, tras recibir una presentación similar del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Línea de tiempo

En esta trama las fechas importan. La primera denuncia fue presentada en Santiago del Estero por Zamora, el 2 de enero. El juez a cargo, Guillermo Molinari, activó la investigación, pidió que Robles entregara su celular –algo que se negó a hacer—pero en cuestión de horas se declaró incompetente. El 3 de enero llevó una denuncia en Comodoro Py Gastón Marano, el abogado de Gabriel Carrizo, integrante de la “banda de los copitos”, detenido por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, y exasesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia. Ese mismo día presentó una denuncia casi clonada un hombre llamado Nicolás Nahuel Giasanti. Quintela hizo su denuncia el 5 de enero. La fiscal María Florencia Cáceres sostuvo al día siguiente que había motivos para «instar la investigación» por presunto abuso de autoridad, tráfico de influencias y/o cohecho, pero postuló la incompetencia. El juez Daniel Herrera Piedrabuena resolvió en en ese sentido. La causa de Marano y su melliza fueron las que resolvió el juez Ramos en un santiaménLa gran pregunta es cómo llegó a manos de Ramos. Es una duda relevante por todo lo que sucedió en el ínterin y por el llamativo desenlace.

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La curiosa presentación de Marano, que cuestionaba a Robles por asesorar a D’Alessandro siendo funcionario de la Corte y sin tener título de abogado, fue leída de entrada como una pantalla para favorecerlos y jaquear la denuncia de Zamora. Cuando fue sorteada le tocó al juzgado federal 4, de Lijo. Lijo estaba de licencia y lo subrogaba María Servini. Ella se excusó por una serie de enfrentamientos con D’Alessandro, entre ellos, problemas que había tenido con la custodia que le proporcionaba la policía porteña.

Ante una situación así la Cámara Federal, cuyo presidente actual es el juez nombrado por traslado durante el macrismo, Leopoldo Bruglia (quien trabajó toda la feria), debía asignar otro subrogante. «Eso es lo que se hace siempre», explicaron tres funcionarios de los tribunales federales. Pero el 6 de enero hizo otra cosa: determinó un “cambio de asignación” de juzgado y sorteó uno nuevo. En el tribunal dicen que esa es una función de la secretaría general, que responde históricamente a Martín Irurzun. En definitiva, le sacaron la causa a Lijo y se la dieron, se supone que al azar, a María Eugenia Capuchetti.  

* Capuchetti no hizo nada. El argumento era que se iba de vacaciones al día siguiente. La Cámara aplicó entonces las subrogancias que estaban previstas. Entre el 9 y el 15 de enero la reemplazaba Julián Ercolini, que dejó pasar los días. Como es obvio, hubiera sido un escándalo que este juez hiciera algo con la causa tratándose de uno de los integrantes de la comitiva que viajó a Lago Escondido, con aparente invitación del Grupo de medios, y entre cuyos integrantes estaba D’Alessandro. En la tanda anterior de chats que se filtraron del Telegram del ministro porteño, Ercolini figuraba como un activo participante de la estrategia para camuflar la travesía a la mansión de Joe Lewis (con facturas manipuladas y ofreciendo una versión trucha a ciertos medios). Ercolini, a diferencia de Servini, no se excusó pese a la cercanía con D’Alessandro.  

* Así, Ercolini le dio el pase directo a Ramos, a quien le tocaba subrogar el juzgado de Capuchetti del 16 al 23 de enero, según la grilla de la Cámara Federal. A este magistrado de bajo perfil le llevó 24 horas o menos firmar el archivo de la denuncia de Marano –también exasesor del PRO en la Bicameral de Inteligencia– y su clonada. Para eso invocó la teoría de que no le queda otra que aceptar la decisión del fiscal de archivar el caso. ¿Quién había pedido tal cosa? Carlos Stornelli, procesado por espiar en el caso del “D’Alessio Gate”. Antes se había excusado Carlos Rívolo, porque aparecía como contacto frecuente de D’Alessandro. El argumento de Stornelli, que Ramos asumió como propio, es que nada había que investigar, sino todo lo contrario. 

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Pero el juez incluso se explayó en 14 páginas, y cuando faltaban solo cuatro días hábiles para que volviera la dueña del juzgado. “No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, escribió Ramos. Insistió en que los jueces deben velar «por que no haya injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas sin razón que lo justifique, lo que necesariamente implica proteger las comunicaciones como todo aquello que afecte la intimidad». ¿Qué medidas tomaron Ramos y Stornelli para afirmar que se trató de inteligencia ilegal? Ninguna. Simplemente decidieron el archivo en beneficio de los denunciados y, en consecuencia, de Rosatti.

* Se supone, siempre se supone porque en algunos rincones de Comodoro Py parece haber reglas propias, que para que algo sea resuelto con tanta premura en plena feria judicial, como ocurrió aquí, debe haber razones urgentes o medidas que no pueden esperar porque existe riesgo de que se pierda prueba. La propia Cámara Federal dejó por escrito cuáles son las únicas razones por las que un juzgado de instrucción tramita “asuntos de feria”: “sumarios con detenidos; sumarios en curso de instrucción donde deberían practicarse todas las diligencias urgentes tendientes a evitar la dispersión de la adopción de las medidas necesarias para asegurar la responsabilidad penal y civil del causante, debiendo garantizarse el control de las partes; juicios correccionales donde hubiere personas privadas de la libertad; recursos de habeas corpus y de amparo; prisiones preventivas y sus prófugos; excarcelaciones y exenciones de prisión; libertades condicionales; prescripción; medidas precautorias urgentes; trámite de exhortos”. La realidad es que ninguna de estas situaciones aparece en la causa en cuestión.

El archivo de la causa sirvió no sólo para aliviar a los implicados y al presidente supremo sino para que los diario dijeran que «un fallo desestimó los chats obtenidos por espionaje ilegal y se abren dudas sobre el juicio político a la Corte». El diputado Rodolfo Tailhade, que integra la Comisión de Juicio Político de Diputados, dijo a este diario que «la oposición ya intentó equiparar los chats con una confesión bajo tormento, algo que aparece en el fallo de Ramos, y con ese otros argumentos van a intentar usar esta causa para atacar el enjuiciamiento a los jueces de la Corte». «Nosotros –anunció en alusión al oficialismo– devolveremos mostrando que esta causa fue una truchada y está archivada, pero cualquier prueba se puede reabrir. ¿Qué prueba se hizo sobre la verosimilitud de los chats? Nada. Para la Comisión es información válida que compromete a funcionarios en hechos de implicancia pública». Recordó también que las causas impulsadas por los gobernadores Quintela y Zamora están abiertas y su instrucción fue impulsada. «No se pueden cerrar así nomás», concluyó.

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Como es evidente, por la saga que desembocó en Ramos, queda flotando un interrogante más: ¿Se violó la garantía del juez natural? ¿Podría ser todo nulo? Hay quienes responden afirmativamente a ambas preguntas, y creen que cualquier afectado podría plantearlo.

Las otras causas

Las denuncias de los gobernadores de Santiago del Estero y La Rioja, por lo pronto, están abiertas. Pese a que ya en los primeros días de enero jueces federales de ambas provincias resolvieron declararse incompetentes tras el impulso a las pesquisas, las denuncias en Comodoro Py se sortearon recién el viernes pasado. La de Quintela le tocó al juzgado federal 9, de Luis Rodríguez, que subroga casualmente Ramos hasta el final de las vacaciones de enero. El fiscal es Guillermo Marijuán. La de Zamora quedó en el juzgado 6, que está vacante y subroga Daniel Rafecas, a quien a la vez reemplaza Capuchetti mientras está de vacaciones. La fiscal es Alejandra Mángano.

Las denuncias en juego fueron planteadas por provincias que se consideran afectadas por el fallo de la Corte sobre coparticipación que benefició al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y por las presuntas conversaciones entre el colaborador de Rosatti y el ministro porteño interesado específicamente referidas al expediente. El sorteo de las causas llegó justo después que el juez Ramos Padilla pidió saber qué otras causas están en trámite sobre esta temática, ya que le tocó recibir la del gobernador Kicillof. Todavía se desconoce qué destino tendrá esa denuncia en particular –que algunos apuestan que terminará, como todo, en Comodoro Py–, pero hay otros caminos judiciales abiertos y, si bien la resolución de Ramos en línea con Stornelli no se puede apelar, no está todo dicho. Desde las primeras revelaciones del viaje de jueces a Lago Escondido, en los tribunales de Retiro hay río revuelto.

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