El procurador interino Eduardo Casal nombró al frente de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) a Alberto Adrián María Gentili, un fiscal que tuvo que dejar una vieja unidad que se dedicaba a delitos complejos e investigaciones sobre drogas por juntarse en fiestas privadas con abogados de narcos, y que fue denunciado por privilegiar la persecución de tenencia para consumo personal para hacer estadística en lugar de apuntar a las organizaciones. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre lo acusó penalmente de respaldar tareas de inteligencia ilegal sobre el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, entre otros referentes de los derechos humanos, para vincularlos como fuente de financiamiento de las FARC, la guerrilla colombiana. También sucedió, tras su muerte, a Alberto Nisman en la Unidad AMIA. Desde que comenzó la gestión de Casal al frente de la estructura del Ministerio Público Fiscal, la actividad de la Procuvin cayó drásticamente. La tendencia se corresponden con la designación de alguien sin trayectoria en derechos humanos –incluso salpicado por la persecución a sus referentes– que tendrá la función de velar por su protección frente a la violencia estatal, a menudo protagonizada por fuerzas de seguridad.

La designación de Gentili, hasta ahora fiscal ente los Tribunales Orales de San Martín, fue este miércoles y tiene como excusa la salida de Andrés Heim, quien fue designado juez federal en Pehuajó. La resolución de Casal dice que eligió para la Procuvin a alguien «que cuente con la experiencia necesaria para asumir las responsabilidades que implica su conducción en atención a la importancia de las materias que constituyen su objeto, como lo es, entre otras, el impulso de las acciones penales y la orientación de las investigaciones y juzgamiento de prácticas ilícitas, perpetradas por agentes estatales, que resultan lesivas para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas».

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Biografía polémica 

En su historial, Gentili estuvo a cargo de la Unidad que investigaba secuestros extorsivos un tiempo antes de desembarcar en la Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos en materia de Drogas y Crimen Organizado (Ufidro). Se tuvo que ir de ahí en 2008 después que Horacio Verbitksy publicara que el fiscal compartía fiestas privadas, como una «fiesta de la primavera» en una propiedad del abogado Julio Virgolini, que defendía al capo narco peruano Marco Antonio Estrada González, conocido como «Marcos», de la villa 1-11-14. Los eventos se hacían viernes por medio en otros lugares también e incluían «karaoke». Lo hacían también con personal de fuerzas de seguridad en cursos y jornadas, incluso cursos de coordinación policial sobre narcotráfico y crimen organizado en distintos lugares del país. Gentili deberá investigar ahora a las fuerzas de seguridad.

La antecesora de Gentili en aquel cargo, Mónica Cuñarro, lo había denunciado también por «nepotismo», es decir, por repartir cargos entre familiares y amigos, desde un chef hasta una artesana. La presentación fue archivada por el exfiscal ante la Cámara Germán Moldes. Algunos de sus colaboradores de la propia Ufidro terminaron renunciando por objeción de conciencia, en forma forzada, ya que se negaban a intervenir en la persecución sistemática contra pequeños consumidores de estupefacientes, una clásica modalidad para sumar estadísticas en investigaciones sobre drogas.

Fue también muy conocido un caso donde pidió detener y dejó preso más de un año a un ciudadano boliviano por haber tenido en su negocio de herboristería hojas de coca destinadas a la práctica del coqueo, propia de comunidades originarias. Los problemas con la Ufidro estuvieron en aquel entonces en el radar del actual presidente Alberto Fernández, que era jefe de Gabinete, y tenía buen vínculo con el entonces procurador Esteban Righi. Fernández le planteaba disolver esa unidad que, creía, tal como estaba plasmada, fomentaba la corrupción ya que estaba relacionada con áreas de origen de los delitos investigados, como la policía.

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Pese a su renuncia en la Ufidro, Gentili fue ratificado después como fiscal general de Lomas de Zamora, luego estuvo en San Isidro y San Martín. Cuando murió Nisman quedó en la UFI AMIA. El propio Nisman le había encomendado ese lugar cuando estaba de viaje.

Cuestionamientos

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) denunció en 2007 que la Ufidro a cargo de Gentili había abierto un expediente contra dirigentes sociales y políticos, entre ellos Bonafini y Pérez Esquivel para acusarlos de ser fuentes de financiamiento de las FARC. La presentación señalaba maniobras de espionaje e inteligencia interior. La información de origen provenía de la fiscalía federal de Mar del Plata, que tomó esta supuesta información del ya fallecido Gustavo Demarchi, condenado por delitos de lesa humanidad como dirigente de la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria (CNU).

Pérez Esquivel, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, quedó perplejo ante la noticia de la designación en la Procuvin. «Nos deja muy preocupados, porque hace algunos años cuando estaba a cargo de la fiscalía de drogas, actuó por fuera de la ley cuando ordenó pinchar los teléfonos de gran cantidad de referentes de derechos humanos, entre ellos el mío, alegando que teníamos vínculos con grupos guerrilleros colombianos, y todo con datos falsos de los servicios de inteligencia. El fin era hacer espionaje político –dijo–. Además él mantenía una estrecha relación con las fuerzas policiales a las que no controlaba en su actuación. Por eso nos preocupa está designación en un lugar justamente dónde hay que investigar a las fuerzas policiales. Alguien que ordenó el espionaje político de los organismos de derechos humanos no puede dirigir esta procuraduría de violencia institucional».

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«Gentili es una persona que no tiene ninguna expertise en el tema, habiendo gente que en el Ministerio Público sabe de violencia institucional y derechos humanos. Este nombramiento es casi una provocación. Ya la gestión anterior redujo la Procuvin a su mínima expresión y este nombramiento llena de incertidumbre porque debería haber alguien que recupere el espíritu inicial, con una mirada amplia, que no sólo intervenía en causa judiciales sobre violencia institucional sino que producía estadística para entender los fenómenos, por ejemplo sobre torturas y vejaciones», señaló Manuel Tufró,  director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Este organismo había hecho un pedido de acceso a la información para saber qué venía haciendo concretamente la Procovin.

El dato más significativo que detectó el CELS fue que entre 2013 y 2017 (lo que abarca la gestión de Alejandra Gils Carbó) se registraron 550 intervenciones de la Procuvin en causas, un promedio de 110 por año, pero entre 2018 y 2021, ya con Casal, hubo 170 en total, 42 por año. Gentili debería intervenir en casos como, por ejemplo, el de la muerte de Facundo Astudillo Castro, que sigue sin ser esclarecida. En los últimos tiempos la Procuraduría había abandonado su participación en casos emblemáticos como el de Lucas Cabello (donde finalmente fue condenado un ex policía de la Metropolitana), las torturas a jóvenes de La Poderosa (que llegó a la condena de seis prefectos por simulacros de fusilamiento y golpes) y el asesinato de Lucas González (donde ahora policías de la Ciudad fueron elevados a juicio oral). Se dejaron de hacer inspecciones en comisarías y relevamientos sobre violencia policial en general. Ese parece ser el sendero intentado por el jefe interino de los fiscales, que ocupa cómodamente este cargo desde el gobierno de Mauricio Macri.

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