(*) Economista e investigador del IIFAP (UNC)
Con la intención de recomponer el desbalance de las cuentas nacionales, el nuevo Ministerio de Economía Sergio Massa ha tomado una serie de medidas en busca de estabilizar el actual cuadro de situación.
En primer lugar, una reducción de los subsidios a las tarifas de servicios públicos bastante más cruda de la propuesta inicialmente por el exministro Martín Guzmán.
La implementación de la segmentación es una declaración de incompetencia por parte del Estado, ya que le traslada al ciudadano la tarea de desarmar la madeja de subsidios mediante el llenado de planillas y la exposición de información personal que fue luego vulnerada por la prensa amiga.
En segundo lugar, destaca una medida tomada por Silvina Batakis, pero sostenida por Sergio Massa: asignación de recursos en “base caja” (no hay plata hasta que no entre plata).
Esta medida va generar, primero, un aumento de la deuda flotante (el Estado va a demorar pagos a proveedores), y después se va a empezar a resentir el envío de fondos a otros organismos descentralizados y a empresas de servicios públicos (empresas públicas, universidades).
En tercer lugar, la Nación empezará a demorar las transferencias a las provincias. Esto va a generar problemas de todo tipo en la medida en que se resientan los pagos de sueldos en educación y salud, y se afecte la obra pública provincial.
También observaremos recortes en las partidas presupuestarias menos comprometidas políticamente, independientemente de su impacto social.
Los primeros pasos dados por el gobierno en la reducción del déficit fiscal indican que se escogió por realizar un recorte de 70 mil millones de pesos en la educación pública, un monto equivalente a lo erogado por el plan pre-viaje del verano pasado, destinado a subsidiar vacaciones a personas de clase media y alta.
En este escenario de descomposición de la estructura ‘boba’ de un Estado que escogió subsidiar sistemáticamente a los más ricos, ya comenzamos a ver políticas de ajuste diseñadas a las apuradas y de manera no coordinada, que se plasmarán en reclamos sociales crecientes y gobernadores en pie de guerra.
En ese contexto, el Gobierno va a intentar, como sea, sostener al menos la capacidad de proveer asistencia social y aguantar hasta las elecciones del año próximo.
