En una iniciativa conjunta entre el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la provincia de Buenos Aires determinó que las mujeres y diversidades en situación de violencia y en proceso de salida de la violencia por razones de género que habitan en el territorio bonaerense no deben abonar el costo del servicio de energía eléctrica. Desde la Subsecretaria de Energía provincial informaron que ya hay acuerdo con la totalidad de las empresas distribuidores, incluidas Edenor y Edesur, así como con todas las cooperativas que operan en el interior de la provincia. No habrá trámites complejos, ya que con sólo figurar en el Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUC), las víctimas podrán acceder al beneficio.
Con la resolución ya publicada en el Boletín Oficial, la única tarea que deben realizar las mujeres y diversidades que atraviesan una situación de violencia de género es tomar contacto con el área municipal que aborde la problemática y hacer la solicitud. El beneficio cubre el cien por ciento de la factura durante seis meses, con la posibilidad de extenderlo por un período de igual duración por única vez.
“El abordaje de los casos donde hay violencia de género necesita ser integral e interjurisdiccional, porque son muchas las problemáticas se reúnen”, explica a BuenosAires/12 la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, Estela Díaz. A partir de su experiencia, asegura que “muchas veces las víctimas se deben mudar, o quedarse en sus casas, pero sin un sustento económico, por lo que todo aquellos que apoye autonomía económica, como en este caso la tarifa de electricidad, es muy importante.”
Esta perspectiva transversal sobre la gestión hizo que, el año pasado, se firmara un convenio entre el ministerio comandado por Díaz y la Subsecretaría de Energía, a cargo de Gastón Ghioni, con el fin de “sensibilizar en torno la discriminación, de ver cómo pensamos la gestión con una mirada inclusiva y qué políticas pueden impulsarse y generen prácticas que transformen”. En conjunto con el trabajo de formación de funcionario desde la Ley Micaela, las charlas conjuntas trajeron la propuesta de parte del equipo de Ghioni a los fines de hacer prevalecer una de sus banderas de gestión: “La energía es un derecho”.
Con esta premisa, el titular del área de energía provincial destaca que la medida no trae aparejada la necesidad de contar con ningún trámite judicial ni administrativo ajeno a lo que le remita el Ministerio de las Mujeres, que le informará de las solicitudes que se presenten en las dependencias municipales. A su vez, remarca que no es condición para contar con el beneficio ser la titular del medidor o del servicio, sino prestar declaración de que la víctima vive en el domicilio de la factura con la que se acerca a iniciar el trámite.
También destacan que los acuerdos con las distribuidoras alcanza a las dos gigantes que dependen de la administración nacional y brindan el servicio en el Gran Buenos Aires: Edesur y Edenor. «En estos días estará todo firmado con el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE)», subraya el funcionario.
En relación a los costos de la medida, Ghioni pone sobre la mesa el valor de seguir pensando en una sociedad “solidaria” y entender el rol del Estado como agente igualador en situaciones de vulnerabilidad. “Respecto a la tarifa, el acuerdo es que la Provincia se hace cargo del costo del transporte de la energía y las distribuidoras absorben su costo de distribución”, detalla a este medio.
El valor de un Registro Único de Casos
La herramienta sobre la que se sustenta esta medida es el RUC. “Es producto de una ley muy anterior a nuestra gestión, que no se implementaba y lo primero que hicimos fue conveniar con los municipios para su implementación”, relata Díaz. De esta manera, todas las mujeres y diversidades que son asistidas por algún dispositivo, tanto del ámbito ejecutivo como una comisaría, son incorporadas al registro, lo cual las habilita a acceder al beneficio y “con eso incentivar a que se registren.”
“Quien sufre violencia de genero puede entrar al sistema por el municipio, por el sistema penal, por un juzgado de familia, o el sistema de salud”, grafica la situación la ministra, lo que toma como base para sostener el rol del registro único y su valor como “lugar donde se registre a toda víctima que ingresa, y así saber si se ya hubo más de una denuncia, que no haya una fragmentación de las intervenciones, y así caracterizar el riesgo.”
En lo que, explica, es una “dimensión muy grande” para tratar, destaca una de las políticas públicas llevadas adelante por el Ministerio de Seguridad referida a los botones de pánico a base de una aplicación vinculada al 911. Al respecto, y en sintonía con la medida vinculada a cubrir los gastos del servicio eléctrico, en estos momentos se están llevando adelante conversaciones con las empresas telefónicas para que esta aplicación no consuma datos de los planes de abono de celulares y evitar la imposibilidad de su utilización por falta de recursos.
Díaz destaca que el abordaje de la violencia de género es una política pública, en términos de intensidad, relativamente reciente, por lo cual no existe un gran caudal de datos y estadísticas al respecto, razón por la cual propone fortalecer un registro único como una de las claves hacia el futuro. “Si tenemos en claro que, por ejemplo, durante el 2022 hubo mas de 20 mil llamados a la línea 144, así como también a lo largo del último año, desde el ministerio, atendieron más de 2 mil casos de alto riesgo”, advierte y remarca el valor de la investigación, una tarea que efectivamente se está haciendo “por primera vez” con esta gestión y que arrojó, en su tercer informe, que la cartera abordó “alrededor de 500 intentos de femicidios en un año”.
“Hoy se está construyendo la estadística, especialmente con el Ministerio de Justicia, donde logramos que empiece a haber una especificación carátula en las causas donde hubo violencia de género”, sostiene Díaz.
Las violencias, explica la ministra, tienen actualmente un amplio abanico de manifestaciones, pero la violencia de género “ha tenido visibilización gracias al movimiento feminista que puso estas denuncias en la agenda de políticas públicas”. Esta “organización colectiva”, afirma, posibilitó ampliar el tratamiento de esta problemática, construir una mejor intervención a base de datos, y perdurar en el tiempo.
“Hay una extrema derecha, de ultra conservadores, donde hay mucho machismo y donde, además, saben que las mujeres van a resistir al recorte de derechos”, dice la ministra y toca una fibra que, desde su mirada, es medular en la matriz de las críticas sobre las políticas de género que proliferan sobre todo en el marco de la campaña.
Díaz recuerda que sólo pasaron cuatro años desde que se creó el ministerio que lidera y “desde que nació lo quieren cerrar”. Sostiene que “mocho se hizo y es mucho lo que falta por hacer”, pero que, por sobre todo, hay que mantener una “mirada transversal” para que desde cada área de gobierno de trabaje por reducir las desigualdades, brindar la asistencia pertinente, y fortalecer la prevención.
