Ante las irregularidades que exhibió la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre el funcionamiento del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) que dirige Patricia Bullrich, entre ellas, los millonarios pagos a sus directivos -tanto Bullrich como su mano derecha, Gerardo Milman- y asombrosos gastos de campaña de la candidata del PRO, que incluyeron hasta un viaje a Miami, los empleados del IEES tomaron una decisión: irse de vacaciones. Así lo registró Norma Cristobal, la interventora designada por el Ministerio de Justicia para la “normalización institucional” de la asociación civil sin fines de lucro. Y fiel a su estilo, el receso invernal no tuvo ni previo aviso, solo cerraron la puerta y pegaron un cartel.
Este miércoles, por la tarde, Cristobal se apersonó en la Avenida de Mayo 953. Subió al tercer piso, y en compañía de un escribano iba a cumplir lo que le notificó a los directivos del Instituto «de seguridad» que creó Bullrich: notificar un acta para comenzar la administración y representación de la entidad. Tocó el timbre, pero supo que no iba a atender nadie: en la puerta se avisaba que estará cerrado de vacaciones toda la última semana de julio.
Las pruebas de las vacaciones sin aviso quedan en sintonía con lo que detectó la IGJ durante su investigación, hace ya dos meses: el instituto no es más que una mera pantalla para recaudar fondos obtenidos de millonarios aportes de empresas, instituciones y empresarios, de las cuales se vale Patricia Bullrich para financiar su campaña presidencial.
El IEES pasó de tener 741 pesos de ingresos en 2019 a 85 millones de pesos en 2022. Según las presentaciones de la Inspección General de Justicia que derivó la intervención dispuesta por el Ministerio de Justicia, con ese dinero se pagaron de forma ilegal nueve millones de pesos a sus directivos, o sea, a Bullrich y al diputado investigado por la Justicia Gerardo Milman. También múltiples gastos de campaña de cara a las elecciones 2023, entre viajes por el país y al exterior, servicios de consultoría y alquiler de salones, entre muchos otros.
La fundación no sólo sirvió para financiar en blue actividades electorales sino que también fue la sede en que un experto informático borró el contenido de los celulares de Milman y sus secretarias. Como era de esperar, Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se escudaron en que se trata de una persecución política, pero no exhibieron ni un solo argumento sobre la licitud de los gastos y los pagos millonarios.
En base a una montaña de evidencias como esas, el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Martín Soria, intervino el IEES por 180 días hábiles y designó a la contadora Norma Cristóbal para que concrete una “normalización institucional”. La misma que en la tarde de este miércoles se apersonó para empezar su labor. En el Instituto, en tanto, tenían otros planes.
