Efectivos de la Policía Federal y de otras fuerzas de seguridad forcejearon este jueves con jubilados que volvieron a protestar frente al Congreso Nacional en contra del veto a la ley de mejora de los haberes previsionales.

Decenas de agentes aplicaron el denominado «protocolo antipiquete» y limitaron la protesta a la vereda, mientras que varios manifestantes aseguraron haber sufridos golpes.

Los manifestantes se acercaron cara a cara a los uniformados para reprocharles la actitud intimidatoria y en ese momento se registraron las escenas de mayor tensión, con insultos y forcejeos, pero la situación no escaló.

Organizaciones de jubilados y manifestantes independientes se congregan cada miércoles cerca de las 15 de este miércoles para reclamar por la magra política de ingresos previsionales, que está deteriorando su poder de compra.

Desde que el presidente Javier Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria aprobada en ambas cámaras por la oposición, las marchas se hicieron más numerosas y como reflejo también se reforzaron los operativos de seguridad.

El 4 de septiembre pasado se llevó adelante la primera represión a jubilados en simultáneo a la presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados.

La semana siguiente el conflicto se agudizó y el desenlace final fue con decenas de jubilados heridos con gas pimienta por los policías, y también una niña y su madre que fueron salvajemente atacados por un efectivo de las fuerzas de seguridad, en un hecho que la Justicia está investigando.

Ordenan las primeras medidas de prueba por la denuncia por la niña gaseada en manifestación

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió informes a la Policía Federal para identificar al efectivo que arrojó gas pimienta a una nena de diez años durante la manifestación contra el veto presidencial a la ley de Movilidad Jubilatoria del 11 de septiembre último en las inmediaciones del Congreso.

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Taiano pidió las primeras medidas de prueba en la denuncia que radicó Carla Pegoraro, la mamá de la nena, con el patrocinio del abogado Gregorio Dalbón, informaron fuentes judiciales.

El fiscal recordó que en la denuncia la madre explicó que ese día «en determinado momento de la tarde, y tras el avance del personal de la Policía Federal Argentina (PFA) hacia las personas que se hallaban sentadas en el lugar, un efectivo de dicha fuerza, identificado como Rivaldi, les arrojó gas pimienta hacia los ojos de ella y de su hija».

Lo hizo «de manera violenta e inesperada, y a menos de medio metro de distancia, lo cual les provocó daños tanto físicos como psicológicos», añadió la presentación.

En función de los hechos denunciados, el fiscal resolvió requerir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la PFA «la remisión de copias de la orden del día correspondiente al procedimiento realizado el día 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso, con motivo de las manifestaciones que se desarrollaron durante la tarde en defensa de los derechos de los jubilados».

También solicitó que «se informe número de legajo y datos correspondientes al efectivo masculino de apellido Rivaldi que participó del procedimiento», para lo cual se libró un oficio a la PFA.

La investigación está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien aceptó como querellante a la madre de la menjor. La denuncia se presentó por «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público» y, entre los denunciados por Dalbón, está la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

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