Casi un año pasó desde el final del proceso de tomas de secundarios que los y las estudiantes llevaron adelante en los colegios porteños y las cartas documento siguen llegando a las casas de sus familias. Así ocurre, al menos, en la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) Manuel Belgrano del barrio de Barracas, donde una alumna del nivel medio denunció públicamente que su madre recibió una demanda del Gobierno porteño por supuestos «daños y perjuicios» ocasionados por su hija durante la toma de su colegio en octubre del año pasado: 2,7 millones de pesos es la cifra que el GCBA le demanda a la familia y la estudiante calificó a la denuncia como una «persecución a los derechos estudiantiles de protesta».
«En el día de ayer le llegó una demanda a mi vieja por parte del Gobierno de la Ciudad por una suma de casi tres millones de pesos en forma de ‘resarcimiento‘ (según el documento) porque el año pasado tomamos el colegio junto a compañeres de la ESEA Manuel Belgrano y estudiantes de otros colegios». Con ese texto y la foto de la primera página de la demanda, Juana, alumna de la ESEA Manuel Belgrano, publicó en su cuenta de Instagram la novedad con la que esta semana se encontró su familia.
La demanda lleva la firma de Valeria Patricia Ale, abogada del GCBA, y de Daniel Mauricio Leffler, director general de Responsabilidad y Contrataciones del Gobierno porteño. Según pudo saber Página/12, el Gobierno demanda resarcimientos por «daños y perjuicios» en una cifra de aproximadamente 2,7 millones de pesos. La carta documento, en tanto, está dirigida directamente hacia Brenda, la madre de Juana, bajo el argumento de que ella era la adulta responsable de la alumna cuando la joven firmó el acta de la toma de la sede del colegio ubicado en Wenceslao Villafañe al 1400.
En su descargo en las redes sociales, Juana mostró videos de «las acciones que tomamos en las jornadas de toma» y las detalló en el texto: «Pintar la fachada del colegio, limpiar y pintar baños, pintar las aulas, mantener el colegio limpio y ordenado durante las jornadas, entre muchas otras cosas», escribió. Este diario se contactó con la familia pero prefirieron no hacer más declaraciones por el momento, mientras deciden los pasos a seguir con el abogado que las patrocinará en la causa. En su posteo, la joven pidió difundir su caso para «llegar a otrxs pibes en la misma situación».
Allí, Juana sostuvo también que «una vez más el Gobierno opta por la persecución a los derechos estudiantiles de protesta contra un sistema que, en vez de resguardarnos, decide mirar para otro lado y esconderse». «Que la gente se entere que el GCBA criminaliza los reclamos de los estudiantes», agregó la joven y reclamó «una educación más justa y para todos». Además de Juana y su madre, otra familia del colegio Manuel Belgrano también recibió una demanda similar, aunque sus integrantes eligieron preservar sus identidades.
Ante la consulta de Página/12, fuentes de la cartera educativa comandada por Soledad Acuña aseguraron que las demandas no son nuevas sino que son las mismas que comenzaron a emitirse el año pasado en el medio del proceso de tomas. «Es posible que sigan notificando», afirmaron y confirmaron que «las demandas siguen adelante«. A fines de 2022 el Ministerio informó que, a través de la Procuración General de la Ciudad, había denunciado a 366 adultos responsables de los y las estudiantes que participaron de las tomas. En esa ocasión añadieron que las demandas eran por «daños y perjuicios por los días de clases perdidos«. También indicaron que el monto total a demandar entre todas las familias alcanzaría los 50 millones de pesos.
La toma de la ESEA Manuel Belgrano se produjo entre septiembre y octubre del año pasado y duró cinco días, aunque sólo tres de ellos fueron hábiles, ya que se extendió desde un viernes hasta un martes, según indicaron a este diario sus estudiantes. Allí reclamaron, entre otros puntos, por las deficiencias estructurales del edificio y del sistema de alimentación escolar en un establecimiento en que se cursa doble turno, por lo que sus alumnos y alumnas deben almorzar en el lugar. Antes de decidir en asamblea la toma del colegio, el centro de estudiantes había realizado otras medidas que no tuvieron respuesta como sentadas, cartelazos o pernoctes.
Además de los y las alumnas de la escuela Manuel Belgrano, los centros de estudiantes de más de 25 colegios secundarios llegaron a adherir al proceso de tomas que se extendió desde fines del mes de septiembre hasta mediados de octubre de 2022. No sólo denunciaban los problemas de infraestructura y alimentación, sino también otros como la implementación del sistema de pasantías obligatorias, la presencia de ratas en los colegios o de alacranes como en el caso del Lengüitas.
La primera de esas tomas se produjo en el Mariano Acosta del barrio de Balvanera, y ya al cuarto día la ministra Acuña anunció que denunciaría a los padres de los y las chicas: «Deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares«, informó entonces el Ministerio. En el Acosta, en tanto, las medidas llegaron a afectar incluso al vicerrector, Julio Pasquarelli, al que las autoridades educativas le iniciaron un sumario administrativo en noviembre del año pasado.
