La Corte de Justicia uruguaya rechazó el recurso de inconstitucionalidad que interpuso, que había suspendido un segundo proceso que estudiaba la situación del ex funcionario. A partir de la reciente sentencia, del jueves 19, continuará la causa que resolverá si debe tramitarse el pedido de extradición emitido por la Justicia argentina.
En mayo de 2021, la jueza federal María Servini declaró rebelde y pidió la captura de Rodríguez Simón y una semana después el ex asesor se puso a disposición de la justicia uruguaya y solicitó refugio ante la Comisión de Refugiados. El funcionario informó entonces que era víctima de una persecución política en su país y aseguró que tenía temor de volver por el riesgo de ser “privado indebidamente” de su libertad.
Tiempo después, la jueza federal María Servini lo citó a prestar declaración indagatoria en la causa denominada «mesa judicial» bajo la sospecha de que Rodríguez Simón había sido participe de la intimidación y el hostigamiento a los dueños del grupo Indalo con el objetivo de quedarse con sus empresas. La convocatoria de la jueza surgió luego de que se constataran las pruebas que daban cuenta que «habían existido reuniones y llamadas» que coincidían con otros testimonios de la causa.
En ese expediente se investiga «la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos», que llevaron a cabo «hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo».
El 17 de mayo de 2021 «Pepín» optó por no regresar al país y pidió asilo político a Uruguay para no compadecer ante la justicia argentina. Dos días después, Servini decidió declararlo en rebeldía. “Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia”, sostuvo la magistrada. El 21 de septiembre la Interpol elevó un alerta roja para dar con su paradero. A pesar de esta situación, el operador judicial de Mauricio Macri decidió seguir prófugo.
