El juez comercial a cargo del concurso preventivo de Vicentin, Fabián Lorenzini, otorgó una prórroga de diez días en el plazo para presentar ofertas de continuidad (procedimiento denominado «cram down«) que sean aprobadas por los acreedores y el juez, y eviten la quiebra de la agroexportadora. Pero, al mismo tiempo, se espera que el lunes el magistrado resuelva una apelación, presentada por los directivos de la concursada, al fallo por el cual Lorenzini rechazó una propuesta previa presentada por la propia empresa, en acuerdo con otras tres grandes cerealeras –Viterra, Bunge y la asociación de cooperativas ACA–, fundamentada en «serias incongruencias y trato desigual» a los acreedores, en cuanto a la quita y plazos de cancelación de la deuda.
Si el juez hiciera lugar a la apelación, ésta será elevada a cámara para su resolución y todo el proceso entraría en impasse. Es decir, el mencionado cram-down quedaría congelado, a la espera de una resolución de cámara que podría demorar semanas, o meses. Para algunos analistas, este camino es el que cuenta con mayor probabilidad de ocurrencia, dado el interés de diversas partes en la disputa de «desensillar hasta que aclare» el panorama político. Es decir, esperar que se defina quién gobernará Argentina a partir del 10 de diciembre.
Lo que está en medio de la puja es mucho más que la propiedad de Vicentin. Un dato clave, que cambió el panorama entre el momento que los antiguos dueños convalidaron la propuesta de Viterra, Bunge y ACA, y el momento actual, es que las dos primeras empresas multinacionales ya no son dos sino que es una: el 13 de junio pasado anunciaron su fusión a nivel global, lo que las convierte en el principal gigante mundial del comercio de granos.
Una joya llamada Renova
El otro detalle, que no puede pasar desapercibido al medir las consecuencias del desenlace de Vicentin, es que Viterra (del grupo suizo canadiense Glencore) ya es dueña directa del 50 por ciento de la firma Renova, e indirectamente de otro 16,67 por ciento a través de una empresa holandesa vinculada al grupo Glencore. Si Vincetin, propietaria del 33,33 por ciento de acciones restante, quedara en sus manos, la principal firma procesadora de soja en el país (con una capacidad de molienda superior al 40 por ciento de la producción total de soja) pasaría a estar bajo control del gigante Bunge/Viterra, matrimonio recientemente constituido.
De acuerdo al cálculo de los especialistas en el área, sumando las participaciones totales, en diversas áreas, del gigante corporativo Bunge-Viterra en el país, «quedaría bajo su control prácticamente el 20 por ciento de las exportaciones totales, no las del sector sino del total de las exportaciones del país». No es un capítulo menor, entre las consideraciones a tomar en cuenta respecto del interés nacional frente a la definición del futuro de Vicentin.
Tal es la importancia estratégica de la moderna planta de extrusión de granos de Renova (localizada en Timbúes, centro de Santa Fe), que para esos mismos especialistas «su valor ensombrece el resto de los activos de la empresa, ya que en el control de Renova se define el futuro del comercio de granos en Argentina».
Renova es considerada «una de las plantas de trituración más competitivas y altamente eficientes del mundo debido a su estructura de bajo costo, gran escala y ventajas logísticas» (cita textual de una nota publicada en Finance Monthly, revista especializada en finanzas y negocios). Su capacidad de molienda, años atrás, se estimaba en 30 mil toneladas de soja por día, volumen que fue aumentando a través de posteriores expansiones de su equipamiento e instalaciones.
Las operaciones por las cuales Vicentin se fue desprendiendo de sus participaciones en Renova a favor de Glencore no están exentas de sospechas. La última transferencia, del 16,67 por ciento de las acciones, quedó registrada el 2 de diciembre de 2019, 72 horas antes de que Vicentin entrara en cesación de pagos e iniciara el proceso a su convocatoria de acreedores. La suma por la que se hizo la operación, se informó, fue de 122 millones de dólares, pero no ingresó en las cuentas de Vicentin ni formó parte del patrimonio con el que la agroexportadora fue a convocatoria tres meses después. Es decir, para ese momento ya no estaban en los activos de la firma deudora: ni esas acciones ni la suma pagada por su transferencia.
Otro dato llamativo que involucra a la responsabilidad del juez y los síndicos nombrados en el concurso, es que poco después de su entrada en convocatoria, Vicentin firma un acuerdo de cesión de la explotación de las instalaciones de Renova en favor de Viterra, pero sin pago en compensación por ello. El argumento de los directivos de Vicentin fue que, en su estado de deudor en default, no recibía granos de los productores a pagar, por lo tanto no podía operar por sí la planta de extrusión. Es decir, que Viterra ya saca provecho hace años de ese capital que comparte con Vicentin, pero sin pagarle compensación por ello.
Jugadores en torno a la mesa
El Banco Nación, principal acreedor financiero por una cifra equivalente al 20 por ciento del total de la deuda en convocatoria, manifestó su interés en participar en el cram down. Así lo expresó públicamente su presidenta, Silvina Batakis, pero hasta ahora no inscribió a la entidad oficial como interesada en hacer oferta.
En tanto que el titular del grupo Grassi, que a través de su firma Commodities SA, acopiadora de granos, es uno de los mayores acreedores comerciales, aseguró que hará una oferta por Vicentin participando del proceso de cram down. Según citó el periodista Mariano Galíndez este fin de semana en el portal Rosario3, Mariano Grassi le informó desde China que «desde hace ya un largo tiempo está en activas y muy buenas conversaciones con el Banco Nación».
En la misma nota se citan declaraciones de Julián Chazarreta, gerente general de ACA, principal acreedora comercial de Vicentin, quien tomó cierta distancia de la opción anterior, cuando se asociaron a Viterra y Bunge en la propuesta original rechazada por el juez.
«No nos urge entrar en el cram down, en caso de hacerlo será porque los directivos consideran que es una oportunidad, como lo fue al sumarnos al grupo inversor original», sintetizó el ejecutivo.
En tanto, Bunge y Viterra, que todavía actúan por separado en Argentina, todavía no se han pronunciado. Siguen «orejeando» las cartas y esperan. Menos se sabe cuál será la actitud del gobierno, con las elecciones encima. En su momento, en 2020, el gobierno nacional dejó pasar la opórtunidad de intervenir más firmemente en el proceso. Y hoy, con el calendario electoral encima, se corre el riesgo de que la resolución de Vicentin defina quién controlará la puerta de entrada de las divisas al país.
