Mientras diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) repudiaron las expresiones del legislador de Avanza Libertad, José Luis Espert -quien pidió «cárcel o bala» para los trabajadores del neumático- y solicitaron su remoción de la Cámara baja, Espert afirmó que no le preocupa el pedido de remoción y resaltó que no pidió «la muerte de nadie».
«El kirchnerismo miente en todo. Yo no pedí la muerte de nadie. Violencia es la imposición por la fuerza. Ellos son los violentos que silencian a la oposición, a la Justicia y a los medios. Y acá los que armaron un mecanismo para imponer siempre su voz y debilitar y controlar al otro es el cristinismo», se quejó el legislador. Y expresó: «No permitamos que naturalicen las cosas que están mal. La toma ilegal en el Ministerio de Trabajo, los cortes de calle, los bloqueos a empresas que dan trabajo están mal. Ellos no hablan de defender al ciudadano sino a Cristina y a sus secuaces. Ahora si yo escribo algo pidiendo la aplicación de la ley y la correcta actuación de las fuerzas de seguridad ¿yo soy el violento?».
En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos presentó una denuncia penal en su contra. «Me encuentro obligado a denunciar estos gravísimos hechos», señaló Horacio Pietragalla en un comunicado difundido por el organismo. El funcionario aludió a «la historia reciente de nuestro país y al reciente intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner», para explicar «el contexto de proliferación de discursos que incitan a la violencia» que lo llevaron a presentar el escrito ante la Justicia.
«Basta de violencia y amenazas emitidas por dirigentes con responsabilidades institucionales. Solicitamos, en los términos del Art 66 de la CN, la remoción por inhabilidad moral de Espert como diputado nacional», afirmaron en un comunicado el jefe del bloque del FDT, Germán Martínez, Paula Pennaca y José Luis Gioja.
A través de un proyecto de resolución, los diputados instaron a la Cámara de Diputados a formar «una Comisión Especial, de conformidad al Artículo 66 de la Constitución Nacional y al Artículo 188 del Reglamento de esta Cámara, para evaluar la conducta de Espert, quien sistemáticamente solicita la muerte como respuesta a cualquier conflicto, contrariando todos los principios democráticos y constitucionales que debe cumplir».
Según los diputados, «la declaración de Espert va en contra de múltiples principios constitucionales entre los que se pueden enumerar: el debido proceso, el principio de inocencia, el no prejuzgamiento, el derecho a manifestarse a la protesta, a huelga y, principalmente, la abolición de la pena de muerte y toda especie de tormento».
En ese sentido, afirmaron: «El contexto delicadísimo que vive nuestra democracia lo que agrava estas manifestaciones». Y señalaron: «El intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación hace apenas tres semanas debe llamar al conjunto de quienes ejercen representación política a la reflexión».
