Mientras el gobernador jujeño Gerardo Morales celebraba en la Ciudad de Buenos Aires su nominación como precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio, la crisis y la resistencia que desató su reforma constitucional en Jujuy no ceden. Las comunidades originarias mantenían al menos siete cortes de ruta, a pesar de la intervención de la Gendarmería, en rechazo a la nueva Constitución, que pone en peligro sus tierras. Entre los docentes prima el rechazo a la última oferta salarial del gobernador por “insuficiente”, mientras estatales y municipales provinciales se mantienen en alerta por las mismas demandas. En ese contexto, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos llegó a la provincia para iniciar un relevamiento de los delitos y abusos cometidos en el marco de la brutal represión policial del 20 de junio a los manifestantes que se oponían a la reforma: los expertos denunciaron intimidaciones a las personas que dan testimonio, por parte de la policía jujeña que todavía patrulla las calles de San Salvador en vehículos sin identificar. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también presentó una denuncia penal contra los funcionarios jujeños.
La represión continúa
La Misión de Solidaridad Internacional y de DD.HH. lanzó un “alerta” desde Jujuy. “Hemos constatado la presencia de vehículos no identificados tomando registro en el lugar donde la Misión esta llevando adelante la tarea de recolección de testimonios. No aceptaremos intimidaciones que pretendan condicionar a las víctimas que se acercan a aportar sus relatos”, sostiene el comunicado y advierte: “Responsabilizamos a la Policía de Jujuy y al gobernador Gerardo Morales por la integridad física y mental tanto de quienes se acercan a brindar testimonios como de la delegación”.
«Lo que ya hemos visto es de extrema gravedad y no hay nada que pueda negar lo que está filmado», expresó Alicia Montoya, coordinadora de la Misión de DD.HH., en una conferencia de prensa. Y anunció que el lunes tienen previsto emitir un informe preliminar, que se remitirá de forma inmediata a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los organismos internacionales que corresponda. «Lo que está pasando acá tiene una gravedad inusitada porque es un tubo de ensayo para aplicar esto a nivel nacional y nos interesa que se conozca», sumó Leonardo Pérez Esquivel, del Servicio Paz y Justicia.
El CELS, que integra la Misión, denunció ante el fiscal general de Jujuy las “graves irregularidades que cometió” el Ministerio Público de la Acusación durante la represión de las protestas. Entre ellas, que “no controló el accionar violento de la policía, convalidó detenciones claramente arbitrarias y excedió todos los plazos de detención de las personas aprehendidas”. “Le pedimos al Fiscal General de Jujuy, entre otras cuestiones, que se cierren las causas penales y contravencionales iniciadas contra manifestantes, y que se investiguen los hechos de violencia policial registrados en los últimos días en la provincia”, sostiene la comunicación del CELS.
Denuncia penal
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, presentó en Jujuy una denuncia penal para “que se abra una investigación y se dispongan todas las medidas necesarias a efectos de determinar las posibles responsabilidades penales de los funcionarios públicos involucrados” durante la represión. El escrito cita testimonios de las víctimas de la represión así como denuncias recibidas por la Secretaría Nacional en la provincia, además de pruebas fotográficas y fílmicas sobre el accionar policial.
Allí se denuncia el “uso ilegal de armas no letales” que “personal policial disparaba indiscriminadamente a los rostros de la gente”, que causaron la pérdida de un ojo al joven Mijael Lian Lamas de 17 años por una posta de goma y la fractura de cráneo que sufrió Nelson Mamani con un cartucho metálico de gas lacrimógeno. Hubo «detenciones arbitrarias y privaciones ilegítimas de la libertad”, también “apremios y vejaciones a las personas detenidas”. Las «denuncias de familiares» y los «videos aportados» muestran que «las personas detenidas fueron golpeadas por personal policial al momento de la detención y en los traslados”.
La presentación detalla que actuaron “policías de civil infiltrados e inteligencia ilegal”, quienes se ocupaban de «marcar a quienes debían ser detenidos”. Entre otras muchas pruebas aporta un video donde “personal policial indica a ‘civiles’ la rotura de un local comercial, para luego iniciar la represión”. Cita que durante el corte de ruta en Purmamarca, los propios pobladores “detectaron a dos policías de civil que se hacían pasar por manifestantes”. También aporta otro video “donde se observa una de las camionetas sin identificación que eran utilizadas por la policía, cargando personas ‘encapuchadas’ hacia el lugar de las manifestaciones”.
También denuncia los “móviles sin identificación o ajenos a la policía”, que se utilizaron para la represión. Muchas de esas camionetas ni siquiera llevaban la identificación de su patente. Otras que sí la tenían “resultaron ser propiedad de empresas proveedoras del Estado provincial puestas al servicio de la represión policial”, lo que remite «a los años más oscuros de la represión estatal en Jujuy, cuando el terrorismo de Estado secuestraba trabajadores a bordo de las camionetas de la empresa Ledesma”, sostiene la denuncia.
