«Mi hijo está desaparecido, no sé a dónde se lo llevaron, no tenemos información sobre su paradero», denunció por días y frente a todos los medios de Humahuaca que rescataron el testimonio de Carola Zamboni, madre de Franco Agustín, uno de los últimos detenidos en las redadas del gobierno de Gerardo Morales. El joven fue liberado el jueves 20 de julio, después pasar cinco días privado de su libertad en el penal de Alto Comedero.
Zamboni es trabajador municipal precarizado y tiene dificultades para expresarse con claridad por tener labio leporino. Por esa razón, el 15 de julio a las 10 de la mañana se presentó junto a su madre en la Seccional policial de Humahuaca, respondiendo a la notificación que le llegó de la noche anterior. Una vez en las oficinas de la fuerza, fueron separados y su madre no supo de él hasta el día siguiente.
«Nos desesperamos», contó su tía, Sonia. Fue ella quién relató lo sucedido a este medio. Antes de ser liberado, el juez Rodolfo Fernández le prohibió a él y a su madre realizar declaraciones públicas. En su relato, Sonia solo condensó los hechos puntuales. Sin embargo, se advertía que los vacíos en la información oficial sobre el paredero de su sobrino fueron vividos cual eternidad. Primero, el fiscal Fernando Enrique Alancay explicó a la madre de Zamboni las imputaciones que pesaban sobre su hijo: «sedición, privación de la libertad, uso de armas», detalló su tía. Después le comunicaron que trasladaban a los detenidos a San Salvador de Jujuy «porque en Humahuaca no había peritos psiquiátricos ni psicólogos».
Acompañaban a Agustín Zamboni, Renzo Laguna y Rolando Tapia. «En San Salvador, las familias buscaban por todos lados», prosiguió Sonia. Recién supieron de ellos a las 3 de la mañana del 16 de Julio, «el jefe de la Seccional nos dijo que estaban en San Francisco», un pueblo cercano a Calilegua, del otro lado de las serranías del Zenta, en la Yunga jujeña. «Los habían llevado por Santa Ana», un camino alternativo, sinuoso, de altura, y consolidado, que tomaron los efectivos policiales para evadir los controles. «Los cambiaron de camioneta en la noche. No sabían dónde estaban», les contó Agustín Zamboni a su familia tras ser liberado. «Tenía la espalda lastimada, no podía apoyarla». Viajó con la rodilla de un policía rebotando contra esa parte de su cuerpo por horas.
«Dicen que Agustín tiraba piedras en el Concejo Deliberante. Él estaba conmigo, acarreando agua y ayudando en la puerta de mi casa», recordó la tía en alusión a los momentos del tiroteo con balas de goma de la Infantería jujeña en Humahuaca. «Había un chico que se había desvanecido, sangraba y lo traían en andas unas chicas». Era Joel Paredes, músico de 28 años que perdió un ojo durante esa balacera.
En San Salvador, los detenidos en la última redada fueron nueve. Fueron alojados en el penal de Alto Comedero. «Cabecillas», «Instigadores». Palabras que se repitieron en algunos de los entrevistados. «Mi hija estaba en el automóvil. Yo salía de mi casa a trabajar cuando me detuvieron», rememoró Iván Blacutt, con la voz tomada por la angustia y la bronca. «Soy docente en la UNJU (Universidad Nacional de Jujuy».
«Nunca perdí la calma», dijo frente a lo que describió como «un operativo feroz» en su domicilio. «Dos cuerpos de operaciones especiales, multitud de efectivos policiales, y una fiscal muy agresiva». Su recuerdo es todavía vívido. «Estaban enfurecidos. La fiscal, a los gritos, me dijo que le entregara mi celular«. Lo cedió. Pero cuando se negó a brindar la clave de acceso, la funcionaria bramó. «Miedo, terror y escarmiento es lo que quieren sembrar, pero no han podido someter al pueblo jujeño», aseguró Blacutt. «La solidaridad es enorme. Gracias a la gente que permaneció frente al penal nos liberaron», continuó. «Pedían 40 días de encarcelamiento, pero el juez de control (Rodolfo Fernández) nos liberó porque no pudo sostener los argumentos» del Ministerio Público de la Acusación.
«Revisaron toda mi casa. Se llevaron todos los teléfonos, hasta el de mi nuera. Eran alrededor de 50 personas. No me golpearon porque estaba con mi familia», contó Santiago Zamora, referente de la CCC en Jujuy y responsable de todos los comedores populares en esa provincia. «Yo no tengo miedo», le dijo a este medio.
Zamora, que es psicólogo social y trabajador no docente de la UNJU tiene claro el proceso que transita actualmente la sociedad jujeña. «Sabíamos que si el gobierno no solucionaba las necesidades sociales, esto iba a estallar tarde o temprano». Esta convencido que las patas civiles de la dictadura genocida permanecen intactas. «Lo nuevo es que utilizan la Constitución», por la Carta Magna jujeña reformada, «para cancelar los derechos adquiridos».
Walter Puca y Dan Lionel Liborio, otros de los detenidos en la última redada en San Salvador, atravesaron la misma brutalidad durante los allanamientos. Lo primero que retuvieron las fuerzas policiales fueron sus celulares. «No queremos ser la solución del mundo», dijo Puca, referente originario que vive en Palpalá, muy cerca de San Salvador, al reflexionar sobre el interés por el litio y la reforma constitucional que allana el camino para su extracción. «Me imputaron ocho delitos», agregó Liborio, «pero parece que no eramos nosotros. Todavía pasan los móviles policiales por la puerta de mi casa y sacan fotos«.
