Según la denuncia penal de una empresa tabacalera argentina, varios artículos de la denominada Ley Ómnibus- que se debate en el Congreso de la Nación-, fueron hechos a medida para favorecer a Massalin Particulares (del Grupo Philipp Morris), en detrimento de la industria nacional y de la recaudación del Estado sobre el millonario impuesto al tabaco.
Según Tabacalera Sarandí, quien impulsa la denuncia, “los artículos de esa Ley Ómnibus incrementan engañosamente alícuotas, eliminan el llamado ‘impuesto mínimo’ por envase que había impuesto la gestión de Mauricio Macri, pero deja al Poder Ejecutivo sin la potestad de aumentar o disminuir el monto de impuesto de manera puntual”.
Adicionalmente, el proyecto “reabre el negocio de los vapeadores o cigarrillos electrónicos y tabaco calentado, que habían sido prohibidos en 2011 y 2022, aplicándoles un impuesto de solo el 25%”, agregó la firma.
Se trata de un gravamen que, según a juicio de la Tabacalera Sarandí, se fija «a la medida de lo que piden las grandes tabacaleras multinacionales. Es como la historia de Robin Hood pero a la inversa», aseguraron.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal de Ariel Lijo, que habilitó la feria para tratarlo y pidió a Diputados la remisión en copia de la totalidad del articulado y de las partes pertinentes del “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” relacionadas con el rubro tabacalero. También solicitó información sobre la Comisiones parlamentarias que intervienen en el tema.
Contra el «delirio» de cuidarle el mercado a Massalin
«Nosotros hemos mantenido por muchos años un juicio con AFIP por la no aplicación del impuesto mínimo, por eso obviamente apoyamos la derogación (como hace la Ley Ómnibus), pero no el delirio de la creación de una burocracia para cuidarle el mercado a Massalin”, señaló Pablo M. Otero, presidente de Tabacalera Sarandí.
De ese modo, el empresario se refirió a la creación de una agencia de control ad-hoc a la que califica de “una suerte de ‘Gestapo’ en el Ministerio de Salud, un área que está para otra cosa y que iría en contra de la idea de achicar el estado».
Según reveló Otero, el juez Lijo «está analizando otras ocho medidas de prueba requeridas por Tabacalera Sarandí, que resultan de utilidad para poner en evidencia este presunto nuevo intento de Massalin Particulares (Philip Morris S.A.) tendiente a eliminar las industrias y comercializadoras nacionales de tabaco, garantizando para sí una posición comercial monopólica”.
Para los denunciantes se trata de “la tercera ley Massalin que se redacta para beneficiar a esa empresa (los otros intentos fueron en 2009 y 2017)”. Según adelantó el dirigente, el planteo judicial apunta a las responsabilidades penales de “todos los funcionarios del PEN que han trabajado para esta nueva Ley Massalin».
Vapeadores bajo la lupa
En cuanto a los vapeadores y tabaco calentado, la Ley Ómnibus señala que «el expendio de dispositivos administradores de nicotina con tabaco debidamente autorizados para su comercialización, pagarán el veinticinco por ciento (25%) sobre la base imponible respectiva”,
Esa cláusula, según Otero, es “un guiño a las multinacionales, que impulsan ese negocio a nivel global y que, con una carga impositiva mínima como la que se les fija, podrían convertirlo en uno de sus proyectos de marketing principales”.
Los vapeadores fueron cuestionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desaconseja enfáticamente su uso, que en la Argentina fue prohibido por la ANMAT y Ministerio de Salud.
Básicamente, los cigarrillos electrónicos funcionan con baterías que al activarse aportan la energía necesaria para producir un aerosol o vapor lleno de nicotina sin que medie la combustión de tabaco.
Esos dispositivos contienen además de nicotina, sustancias como propilenglicol, glicerina, saborizantes y aditivos varios, permitiendo además que lo adopten incluso menores, al considerarlo una moda muy peligrosa para la salud.
