En un nuevo arrebato contra la libertad sindical, los referentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunciaron por espionaje ilegal a los interventores, que desplazaron a los dirigentes legítimos del gremio desde mayo de este año. La presentación se centra en un informe realizado por una consultora a pedido del interventor Alberto Biglieri, que recaba información privada de dirigentes y terceros ajenos al gremio “mediante procedimientos de investigación de antecedentes y análisis de relaciones personales que carecen de justificación funcional dentro de la intervención judicial al sindicato”. Además, pidieron esclarecer el rol de Carlos Alberto Galina -con pasado en los servicios de inteligencia nacionales- en la investigación.

La denuncia, que recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, fue presentada por María Soledad Calle, quien se encontraba al frente de la obra social de la UOM hasta que fue intervenida. Concretamente, los delitos que se denuncian están vinculados con la “realización de actividades de inteligencia ilegal, la investigación indebida de antecedentes personales, políticos, sindicales y familiares y el tratamiento de datos personales sensibles”. La presentación apunta directamente contra el interventor Biglieri, flamante consejero de la Magistratura Nacional.

El hostigamiento judicial hacia los metalúrgicos se concretó en mayo, cuando la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decidió anular las elecciones que habían consagrado a Abel Furlán como secretario general, bajo la excusa de supuestas irregularidades en el procedimiento electoral. Tras eso, determinaron la intervención del histórico gremio y desplazaron a Furlán de la dirección de la UOM. El fallo corrió por cuenta de los camaristas María Dora González y Victor Arturo Pesino -que un mes antes había restablecido la vigencia de la reforma laboral y luego fue beneficiado con una prórroga de cinco años de sus funciones, gentileza del gobierno nacional-.

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Así las cosas, comenzó una investigación interna a pedido de los interventores para determinar las presuntas irregularidades de la conducción anterior del sindicato. Para eso, Biglieri solicitó un informe confidencial a la firma BDO Argentina, con el objetivo formal de auditar contratos y operaciones patrimoniales de la UOM y la obra social del gremio (Osuomra)

Sin embargo, según la denuncia efectuada por Calle, el informe se excedió de los límites establecidos. “Se desarrolló una investigación sistemática de antecedentes personales, políticos, sindicales, laborales y familiares de dirigentes y terceros, cuyo alcance excedió manifiestamente las presuntas cuestiones objetivas de su encargo”, advirtió la dirigente.

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