El juicio que indagó en el pago de sobornos para torcer la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra tuvo todos los elementos para dejar a Comodoro Py al desnudo: familia judicial, grandes estudios, los operadores de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la manipulación de los sorteos para determinar qué juez o qué jueces intervienen en una causa. El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 dio por acreditada esta mecánica espuria y condenó al exjuez Octavio Aráoz de Lamadrid y al exfuncionario judicial Luis Ameghino Escobar.
El 20 de octubre de 2010, una patota de la Unión Ferroviaria (UF) –que lideraba José Pedraza– mató a Mariano Ferreyra, un joven militante del Partido Obrero (PO) que participaba de una protesta de trabajadores precarizados. La fiscal de la causa, Cristina Caamaño, pidió el 8 de noviembre de 2010 la indagatoria de Pedraza.
Para entonces, Pedraza ya había empezado a activar sus contactos. El dirigente estaba en comunicación con Juan José Riquelme, un agente de la SIDE que solía dar como referencia a Carlos Guillermo Suárez Mason, el comandante del Primer Cuerpo de Ejército durante la dictadura. Riquelme solía funcionar como operador de sectores de la Iglesia vinculados a represores –como el exobispo castrense Antonio Baseotto– y convocaba a jueces a los cursos que se impartían en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI).
Pedraza se comunicaba tanto con Riquelme como con Octavio Aráoz de Lamadrid. Para entonces, Aráoz de Lamadrid ya no era juez federal: había renunciado para dedicarse a la profesión. Pero seguía conservando buenos contactos. Aráoz de Lamadrid había sido un funcionario cercano a Eduardo Riggi, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
La principal apuesta de Pedraza era que el expediente cayera en la Sala III de Casación, donde estaba Riggi, para que le garantizara votos favorables para la libertad de los imputados o la revocatoria de los procesamientos. Para que el expediente aterrizara en la Sala III era indispensable manipular el sistema de sorteos. En la oficina a cargo estaba Ameghino Escobar, que también había trabajado con Riggi y Aráoz de Lamadrid.
Los servicios no eran gratuitos. El 1 de febrero de 2011, Ángel Stafforini, contador de la UF, sacó 50.000 dólares de una caja de seguridad y se encaminó junto con la abogada Susana Planas hasta el estudio de Aráoz de Lamadrid. Al rato llegó Riquelme. Y, poco después, hubo un allanamiento. En la causa están las escuchas que describen la trama.
Antes de que el TOF 8 dictara sentencia, Aráoz de Lamadrid pronunció sus últimas palabras. Dijo que todo había sido una operación de Riquelme, que no llegó a juicio –al igual que Pedraza– porque murió antes, y que él había sido víctima de una “manipulación psicológica”.
Susana Planas también habló. Fue breve. Solo dijo que era inocente. En su caso, fue absuelta por el TOF, tal como había pedido la fiscalía encabezada por Marcelo Colombo.
Los jueces Nicolás Toselli, María Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer condenaron a Aráoz de Lamadrid a cinco años de prisión y a Ameghino Escobar a tres años –de ejecución condicional– por tráfico de influencias.
En el caso de Stafforini, el TOF dio por acreditado que existió el delito de cohecho agravado, pero lo salvó la prescripción. La causa demoró quince años en llegar a juicio. Stafforini mantiene o mantuvo vínculos societarios con el actual jefe de la SIDE, Cristian Auguadra.
“El valor del juicio es, entre otras cosas, haber mostrado la trama de funcionamiento de un sector de Comodoro Py –sin pretender abarcarlo todo– y las relaciones entre distintos factores de poder, como la Unión Ferroviaria, agentes de inteligencia –orgánicos e inorgánicos– y sectores judiciales. El proceso permitió ver cómo se fue armando esa red y el tipo de lobby judicial que termina siendo determinante para el avance o el freno de ciertas causas, sobre todo cuando involucran a personas poderosas”, dijo Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actuó como querellante.
