El Gobierno da señales de querer destrabar el conflicto que se originó en torno al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el organismo encargado de hacer los análisis para identificar a los bebés robados durante la última dictadura. A contrarreloj para responderle al juez federal Alejo Ramos Padilla –que dictó una cautelar interina–, aseguran que van a destinar partidas para garantizar el funcionamiento de la institución que se creó a instancias de las Abuelas de Plaza de Mayo.
El viernes se vence el plazo que tiene Manuel Adorni para contestarle a Ramos Padilla qué piensa hacer para que el BNDG siga funcionando. El juez federal de La Plata intimó directamente a Adorni porque bajo su órbita funciona la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
En el Ejecutivo dicen que podrían destinar una partida adicional de 600 millones de pesos para el BNDG. A priori, no sería suficiente para que el organismo funcione hasta fin de año. “Ya está tramitándose el crédito y la cuota desde Innovación”, confiaron fuentes oficiales.
Por el momento, no llegó esta respuesta al Juzgado Federal 1 de La Plata. Ramos Padilla, en su fallo, resaltó el rol del BNDG como perito para determinar si una persona es hija de desaparecidos y destacó que, por ley, se lo considera una herramienta para reparar graves violaciones a los derechos humanos.
El 8 de mayo pasado, la directora técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero, informó a jueces y fiscales federales que no podría seguir tomando muestras biológicas por el recorte presupuestario al que el Gobierno de Javier Milei sometió al organismo creado en 1987 por decisión del presidente Raúl Alfonsín.
Según estimaciones de Abuelas de Plaza de Mayo, el BNDG almacena unas 32.000 muestras, que, en su mayoría, pertenecen a familias que buscan a bebés robados durante los años del terrorismo de Estado o a personas que sospechan que podrían serlo.
Solo se aprobó un 55 por ciento del presupuesto necesario para este año, por lo que ya no hay recursos para garantizar la seguridad del edificio, la preservación de las muestras, la documentación ni los datos almacenados en el sistema. Las autoridades tampoco tienen recursos para asegurar la limpieza ni el mantenimiento. En un instituto científico, estos no son datos cosméticos, ya que ponen en riesgo la conservación de las muestras y la cadena de custodia.
A partir de esta descripción del estado del BNDG, la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), que dirige el fiscal Pablo Parenti, y la Unidad de Derechos Humanos de La Plata, integrada por el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, pidieron la intervención del Poder Judicial.
Ramos Padilla dictó la medida cautelar interina y requirió informes a Adorni –a quien sigue agobiando el incremento patrimonial de su familia– y al ministro Juan Bautista Mahiques, que deberá responder cómo afecta al servicio de justicia la paralización de la búsqueda de los nietos.
En el Ministerio de Justicia ya recibieron varios llamados de jueces de Comodoro Py y representantes del Ministerio Público Fiscal, preocupados por la situación del BNDG, admitieron fuentes de esa cartera.
El martes, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak le requirió a Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, que garantizara la continuidad de los cotejos de ADN que él había ordenado. Kreplak investiga una serie de casos en los que intervinieron parteras asociadas al robo de bebés durante el terrorismo de Estado y al tráfico de niños. El mismo magistrado también ordenó asegurar la correcta preservación del material almacenado en el BNDG.
En tanto, el próximo martes 26, a las 15, habrá una reunión de trabajo para discutir la situación del BNDG en la Legislatura porteña. El encuentro fue convocado por Andrés La Blunda, presidente de la comisión de Derechos Humanos y uno de los nietos que restituyó su identidad gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.
