Sandra Pettovello perdió una nueva batalla en los tribunales contra las organizaciones de la Economía Popular. Al fallo de la Corte que a fines de 2025 dio por terminado el litigio en torno a la asistencia alimentaria en favor de los comedores y merenderos, se le sumó este martes una medida cautelar de la justicia federal de Campana que le ordena dar marcha atrás con la decisión de recortar más de 900 mil planes sociales. La medida fue dictada por el juez Adrián González Charvay, quien le dió la razón a un grupo de cinco referentes barriales (dos de ellos cartoneros, los tres restantes trabajadores comunitarios) que habían impulsado un amparo colectivo en el marco de un plan de lucha mucho más amplio, que incluyó cortes en los accwsos a capital y en las principales ciudades del país a principios de abril y un ollazo popular frente al domicilio de Manuel Adorni en Caballito.
Concretamente, el juez Charvay ordenó al Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia del Programa Volver al Trabajo, el principal plan social con que cuenta el Estado, que reciben unos 900 mil beneficiarios en todo el país, entre desempleados y changarines sin empleo formal. Según había comunicado Pettovello, el cobro del plan –unos 78 mil pesos– iba a ser interrumpido a partir de mayo y reemplazado por un sistema de “vouchers” voluntarios para capacitaciones laborales.
Las organizaciones alegaron que el plan los ayudaba a cubrir gastos indispensables de la diaria (alimentación, transporte, salud) y que quitarlo de un día para el otro, sin un sustituto, redundaba en un retroceso inaceptable en materia de derechos sociales. También adujeron que el programa de vouchers anunciado por Pettovello no presentó hasta ahora ninguna certeza real sobre sus alcances y beneficios, algo que en Capital Humano incluso reconocen: la propia ministra aseguró que estaba en una etapa incipiente y casi no hay publicidad
El juez les dio la razón, basado principalmente en el principio de no regresión de derechos y en el “peligro” que genera la interrupción de los ingresos para los sectores más vulnerables.
“El fallo trae un poco de alivio a la situación de los barrios, que es cada vez más insostenible”, dijo Nicolás Caropresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos. “Lo que denunciados fue que le estaban quitando un derecho a los trabajadores sin ofrecerles nada real a cambio. Los vouchers son un chamuyo barato, y no van a poder demostrar otra cosa si piensan seguir con la causa”, agregó.
Del lado de Pettovello parecía primar la frustración. “Parecería ser que quieren perpetuarnos en lógicas de asistencialismo”, sostuvieron. Y agregaron que los “vouchers educativos en formación de oficios” (como le llaman a los cursos que dictan en los galpones del ministerio empresas como Mc Donalds, entre otras) se van a ver “limitados” a partir de ahora.
También, de paso, le echaron la culpa al fallo de futuros recortes, porque los recursos que pretendían ahorrarse con el ajuste del plan iban a ir supuestamente a “la ampliación de la doble escolaridad en escuelas con mayores niveles de vulnerabilidad en todo el país”.
No es el primer revés de la ministra en una causa relacionada con el plan Motosierra. Ya en diciembre pasado, la Corte Suprema terminó por darle la razón a las organizaciones en el amparo por los comedores y el reparto de alimentos, un litigio que se había iniciado en 2024, debió regresar a su cauce normal.
“No hay plata”
Las organizaciones recibieron el fallo en pleno congreso nacional de la UTEP, con delegados de todo el país reunidos en la sede de Constitución. Casi todos salieron de allí para sumarse a las columnas de la peregrinación a un año de la muerte de Francisco, pero con la satisfacción de haber frenado una decisión del Gobierno que hubiera pegado muy mal en los barrios.
“La justicia entendió lo que el Gobierno no entiende: que en los barrios el pueblo no la está pasando bien, que la situación no da para más, que sacar el programa es para peor, que es el piso de ingresos para muchas familias. Ahora toca seguir luchando”, resumió las sensaciones a este diario la referenta de Barrios de Pie, Norma Morales.
Nora milita en Dock Sud, Avellaneda, el barrio donde también vive. Empezó en el 2001 “tirando piedras” y ahora es conducción “de la herramienta gremial que nos organiza” en referencia a la UTEP. Dice que ésa –la organización como contención– es la principal diferencia con aquellos años de estallido desde abajo. “Después, en todo lo demás, en el plan de ajuste sistemático a los que menos tenemos, no veo diferencias”, describe.
El “Volver al Trabajo” está congelado en 78 mil pesos desde fines de 2023. Lo que antes era un “salario social complementario”, es decir un ingreso que casi equiparaba a los sueldos informales o lo que podían llegar a levantar por mes los vendedores ambulantes o los cartoneros, hoy es apenas un “piso”, como dice Norma. Pero que sigue sosteniendo a muchas familias. “Es para muchos lo único seguro que tenes como ingreso en el mes, para cargar la sube o comprar la garrafa del gas”, advierte.
Caropresi, por su parte, aporta más detalles sobre la situación. “Como dice Milei, no hay plata, pero esta vez es al revés: no hay plata en los barrios, la gente es la que no tiene plata”, dice. “La gente no puede salir del barrio. No se puede a veces ni cargar la sube. La miseria se empieza a ver en las ferias: cada vez más trueque, se cambia un pantalón por arroz”, agrega.
Los 78 mil pesos “serán una miseria”, dice, pero “aún tiene mucho peso”. “Sacarlo es desordenar aún más la vida de los más pobres”, sostiene el dirigente.
El Volver al Trabajo (VAT) es el reemplazo de Potenciar Trabajo, que a su vez fue una reformulación durante el gobierno anterior de otro antecesor, el Salario Social Complementario. Todos vienen de la ley de Emergencia Social sancionada a fines de 2016. En 2024, Pettovello fraccionó el programa en dos, y dejó a la población organizada en cooperativas y con edad de pleno trabajo dentro del VAT, aunque con el ingreso congelado. Su objetivo declarado fue “combatir a los gerentes de la pobreza”. “Nos sacaron del medio, pero la gente está peor que antes”, responde Caropresi.
En el escrito presentado por las organizaciones, donde se describe la situación de los referentes comunitarios que iniciaron el amparo, hay pistas de hasta dónde mantiene pregnancia en los barrios. Por ejemplo, el caso de Agustina Pérez. En la cautelar puede leerse que “transmite que en el año 2018 participó en un merendero de su barrio, donde comenzó a involucrarme en tareas comunitarias, y desde el año 2019 trabaja en la Cooperativa de Trabajo Mundo Reciclado Ltda., filial Baradero, en la rama cartonera, donde desarrolla tareas vinculadas al reciclado urbano”.
Y sigue: “Dice que a partir de que ingresó en el Programa VAT, puede continuar con su actividad comunitaria, y que si bien la prestación dineraria es baja, representa una ayuda importante en su economía cotidiana y le permite «garantizar un plato de comida más al mes». Destaca que la interrupción de esta prestación afectaría directamente en la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas, ya que no cuenta con ingresos suficientes ni estables que puedan reemplazarlo”.
