La Comisión Provincial de la Memoria (CPM) presentó este jueves su informe anual sobre las políticas de seguridad y sus consecuencias, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. El trabajo de la CPM, a nivel nacional, muestra un incremento represivo creciente en torno a la protesta social, al que se sumó la persecución penal a las organizaciones sociales, que llegó a niveles históricos, sostenido por un discurso presidencial apologético de la violencia. La exacerbación de la violencia policial en las calles y la utilización del proceso penal para disuadir y limitar la protesta o castigar a quienes la impulsan luchando por sus derechos se han desplegado de manera continua los últimos tres años. La CPM monitorea la represión a la protesta social desde la aplicación del protocolo antipiquetes. En el anuario que presentan en el edificio Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata, con la participación de Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, se encuentra el tercer informe especial sobre el Monitoreo de la Represión de las Fuerzas de Seguridad a las manifestaciones públicas, que analiza la responsabilidad de las fuerzas federales –Policía, Prefectura y Gendarmería y de la ciudad de Buenos Aires– en lo ocurrido el año pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “De lo relevado surge que, mientras que en 2024 hubo 1.216 personas heridas o lesionadas, este número creció un 13% en 2025, llegando a 1.369; al tiempo que las detenciones también se incrementaron un 77%, pasando de 93 en 2024 a 165 en 2025”.
En tanto, en la provincia de Buenos Aires las muertes ascendieron a 141 personas, 100 de ellas menores de 30 años, contra 135 en 2024. Del total, 90 de estos asesinatos fueron cometidos por miembros de la Policía Bonaerense, 25 por la Policía de la Ciudad, 19 por la Policía Federal, 4 por la Gendarmería Nacional y 3 por la Prefectura Nacional. La mayoría, 87 casos, fueron cometidos por agentes en actividad, pero fuera de servicio, defendiendo bienes propios, lo que muestra nuevamente la necesidad de derogar el estado policial. Solo el 14% de las detenciones se transforma en una causa judicial, lo cual ratifica el sentido de disciplinamiento social de estas prácticas ilegales.
Cristian Mallorca vive en Rafael Calzada, a más de 200 kilómetros de Saladillo, donde se produjo un robo del que fue acusado y que lo mantuvo preso cinco meses en la Unidad Penitenciaria 9. El día del hecho, 3 de noviembre de 2024, fue a ver a su hermano jugar al fútbol y por la tarde estuvo en un encuentro familiar. “Se demostró con fotos, documentación y múltiples testimonios que nunca podría haber estado en los dos lugares al mismo tiempo”, dice el Informe Anual 2026 El sistema de la crueldad XX, elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), para graficar el funcionamiento del sistema penal en causas armadas. Lo peor de todo es un dato que pasó inadvertido por la policía, la fiscal y la jueza: Cristian no puede movilizarse por sus propios medios porque tiene pie equino, una enfermedad que implica una discapacidad motriz. “Este informe anual da cuenta de la continuidad de las políticas de la mano dura en la provincia de Buenos Aires y las graves violaciones de derechos humanos que persisten en el despliegue policial en los territorios y en los lugares de encierro, políticas que se sostienen sobre la práctica sistemática de la tortura y provocan muertes evitables por la falta de políticas sanitarias adecuadas”, dijo Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la CPM.
“También se analizan los problemas estructurales de las políticas de niñez y de salud mental que se agravan cada año. No solo hay responsabilidad del Poder Ejecutivo que las implementa, sino también del Poder Judicial, que no cumple con su función de garantizar el ejercicio de derechos, y un Poder Legislativo inerte ante esto. Frente a esta situación crítica, no hay políticas destinadas a cambiar esta realidad que se sostiene sobre un sistema que es muy cruel con los sectores más vulnerables”, expresó Cipriano García. “Por otro lado, nos preocupa enormemente la implementación de las patrullas municipales por fuera de la ley provincial de seguridad, que se arrogan funciones que no tienen, como detener personas o portar armas llamadas menos letales”, agregó.
En este sentido, el informe menciona que se trata de un nuevo eslabón en la cadena punitiva y represiva que ya produjo graves vulneraciones a los derechos humanos. En concreto, destacó la persecución violenta e ilegal a personas en situación de calle en Mar del Plata y el homicidio de Octavio Buscafusco por parte de la Patrulla Municipal de Vicente López como ejemplos de las consecuencias de esta ampliación punitiva.
“En gran parte de los municipios de todos los signos políticos, Pro-LLA, UCR o las diferentes variantes del peronismo, apelan a la misma receta de profundizar el punitivismo sobre la gente más pobre que desarrolla actividades de subsistencia o está en situación de calle”, destacó el secretario ejecutivo de la CPM.
Violencia estatal
En la introducción del voluminoso informe, la CPM reiteró que “en las políticas analizadas persisten graves violaciones de derechos humanos sin que se implementen acciones claras, estructurales y sostenidas para revertir esta situación. Los argumentos para sostener la política criminal se construyen sobre argumentos falaces, sin sustento en estadísticas o estudios científicos serios y rigurosos, sostenidos en sensaciones construidas y reproducidas por la maquinaria mediática empresarial”. Un dato confirma esto: los homicidios dolosos en Argentina son de 3,8 cada 100.000 habitantes, de los cuales sólo la mitad son en ocasión de robo, es decir, dos cada 100.000. Las muertes en accidentes viales son 7,7 cada 100.000 y los suicidios en la Argentina ascienden a 11 de cada 100.000 habitantes.
Las observaciones y los datos, manifestó la CPM, “remarcan una vez más que las violencias que se describen no son productos circunstanciales de prácticas a erradicar o problemas e inconsistencias de políticas de seguridad mal diseñadas; son la expresión de una violencia estructural que el Estado produce y reproduce en sus diferentes prácticas y en las políticas de los gobiernos e instituciones que la configuran”.
Por otra parte, el documento afirma que, “si lo que se quiere es asegurar la vida de las personas y bajar las muertes violentas, deben implementarse políticas que hoy son casi inexistentes o presentan grandes falencias”. Esto es así porque “muchos delitos de robo u homicidio son realizados por personas sumidas en el consumo de drogas que buscan dinero para seguir consumiendo. Pero la preocupación por el consumo de drogas o el padecimiento mental que lleva al incremento de suicidios no ocupa la misma atención mediática ni en la implementación de políticas públicas. Lo mismo ocurre con los accidentes viales, que crecen ante la carencia de políticas de formación, difusión o control sobre la problemática”.
Además, la CPM verificó que la gran mayoría de las aprehensiones policiales no se vinculan con la comisión de delitos, sino con “el control y gestión de poblaciones excluidas y estigmatizadas, que suelen ser muy violentas, aunque en general no se denuncian por temor a represalias; sin embargo, la CPM denunció 1.639 hechos de violencia policial padecidos por 641 víctimas, el 20% de ellas agresiones físicas con palos o bastones, escudos, patadas y golpes de puño. El funcionamiento policial descrito genera condiciones propicias para el armado y fraguado de causas penales, tal el caso de Cristian Mallorca”.
El organismo de derechos humanos viene sosteniendo que “pese a tratarse de problemas estructurales que llevan casi tres décadas, no hay políticas públicas de los tres poderes del Estado dirigidas a resolverlos, y la Provincia sigue sin cumplir con obligaciones legales que deben fortalecer la institucionalidad republicana: está pendiente la designación del defensor general provincial, el sub defensor y también de cuatro de los siete integrantes de la Suprema Corte de Justicia”. A esto debe sumarse que no se fortalecieron, o incluso en algunos departamentos judiciales no se crearon, las fiscalías especializadas para investigar y juzgar la violencia institucional. Tampoco se constituyó la comisión bicameral dispuesta por la ley 15.357 del año 2022, en el marco del fallo Verbitsky de la Corte de Justicia de la Nación, cuyo objeto era ‘adecuar la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y demás alternativas o morigeraciones a tales medidas cautelares y la legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales’”.
A 50 años del golpe
Sin embargo, el informe reza que “esto no parece preocupar a una parte de la sociedad. Exacerbar la violencia y el odio hacia los sectores más vulnerabilizados, construir la idea de que son los responsables del delito nos deshumaniza y fortalece una sociedad autoritaria y antidemocrática”. Y afirma que “es indispensable modificar esta política criminal que viola los derechos humanos y construye un sistema de crueldad contra los más pobres. Por eso reafirmamos que la transformación estructural de nuestra democracia requiere de un proyecto de desarrollo vertebrado en torno a los derechos humanos y su pleno goce por parte de los sectores populares. Un proyecto que ponga la dignidad de las mayorías por encima de las pretensiones de los sectores de poder”.
En una mirada a 50 años del golpe de Estado de 1976, la CPM evaluó que el informe se inscribe en un contexto nacional y regional de procesos regresivos en materia de derechos humanos. “Sin embargo, también dan cuenta de las múltiples luchas y disputas dadas por los sectores populares para resistir estas transformaciones neoliberales. Sólo a modo de ejemplo, mencionamos los avances en el juzgamiento del terrorismo de Estado: desde 2006 hasta el primer trimestre de 2026, se dictaron 365 sentencias que condenaron a 1.245 represores, y en la actualidad tramitan 355 causas en las que se investigan estos crímenes”.
Las cifras
La mayoría de los hechos de violencia policial ocurren en zonas urbanas o periurbanas, lo que implica un riesgo muy alto para las personas que transitan. Ese fue el caso que derivó en el asesinato del niño de 7 años, Thiago Correa, en La Matanza, mientras esperaba un micro sobre los hombros de su padre. Por otra parte, hubo 18 muertes por intervenciones policiales vinculadas a personas con padecimiento mental o consumo problemático de drogas en estado de excitación psicomotriz. El personal policial reduce a la persona de manera violenta con intervención de más de tres agentes, mediante forcejeos, patadas y golpes. La contención se realiza con esposas o sujeción con la propia ropa de la persona.
“Esta política criminal tiene consecuencias gravísimas porque genera condiciones para la vulneración sistemática de los derechos humanos, y la tortura es parte integral de este programa que recurre a la violencia y la producción de precariedad para gobernar a las poblaciones que se persigue y encarcela. La exacerbación de políticas y discursos de odio hacia estos sectores, conjugados con la creación de estos nuevos dispositivos securitarios, incrementan los casos de torturas, malos tratos y muertes, alimentando el sistema de encierro más grande de la Argentina”, precisó el informe.
En diciembre de 2025 había 63.934 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires en cárceles, alcaidías, comisarías o con monitoreo electrónico, contra 61.810 del año 2024. La cantidad de detenidos crece a un promedio interanual del 5%. La tasa de encarcelamiento provincial pasó de 355 personas cada 100 mil habitantes en 2024 a 367 personas cada 100 mil habitantes en 2025, superando ampliamente la tasa nacional de 289 y la mundial de 176. Esta cantidad de aprehensiones y detenciones colapsa el sistema de encierro porque se producen más ingresos que egresos.
En un sistema de encierro de estas características, la tortura sigue siendo una práctica sistemática. En 2026 la CPM reveló 87.614 hechos de vulneraciones a derechos humanos en cárceles y alcaidías. De este total, 70.008 son torturas y/o malos tratos relevados en la sección Penitenciaria y 14.243 son de privación de acceso a la justicia por responsabilidad directa o indirecta de los operadores judiciales. También es tortura la falta de acceso a la salud, las malas condiciones de detención, el aislamiento, el hambre, los traslados constantes y gravosos, las requisas violentas y vejatorias.
Todo esto también es posible porque la justicia lo avala y promueve al convalidar, casi sin análisis, la actuación policial y penitenciaria. Un dato explica la dinámica: 9 de cada 10 detenciones policiales son sin orden previa dictada por un juez competente, como dispone la Constitución nacional. La policía detiene y la justicia confirma automáticamente esa detención.
El uso indiscriminado de la prisión preventiva sigue siendo generalizado (47% del total) y se usa de manera diferencial sobre la población femenina (56%) y las personas trans (53%), más que en varones (46%).
En 2025, 684 personas murieron bajo custodia del Estado o por uso letal de las fuerzas de seguridad: 224 en cárceles y alcaldías, 59 con monitoreo electrónico, 30 en comisarías o bajo custodia policial, 141 por violencia policial y 230 en establecimientos de salud mental. Impunidad de la tortura: En 9 de cada 10 casos, las denuncias por torturas y muertes son sistemáticamente rechazadas o archivadas por la justicia, sin investigación adecuada alguna; así se consagra la impunidad de estos delitos.
Niños, niñas y adolescentes
Esta política represiva se cristalizó en la reciente sanción en el Congreso nacional de la baja de edad de punibilidad a los 14 años; sin embargo, la justicia ya detenía menores de 16 años. Desde 2021, la cifra de niños no punibles detenidos se triplicó. Durante 2025 ingresaron 842 niños y jóvenes privados de libertad a centros de detención: 168 tenían 15 años o menos, un 20% del total. En la provincia de Buenos Aires (que agrupa casi la mitad de hechos delictivos del país) jóvenes menores de 18 años cometieron 88 homicidios dolosos durante 2025. De estos, solo 25 fueron cometidos por menores de 16 años, los que hoy son no punibles.
El Informe Anual de la CPM se elabora también a partir de la construcción seria y rigurosa de información sobre la política criminal que el Estado no construye, y aporta elementos esenciales para el análisis de la situación. La página web Datos Abiertos es un claro avance en este sentido https://
