La Suprema Corte de Justicia de México reconoció nuevos derechos humanos a la mujer en la última década. Con ellos, el país azteca se coloca entre los punteros en derechos constitucionales en Iberoamérica. Sin embargo, los derechos reconocidos por las cortes se desdibujan ante un país hundido en la violencia de género.

Los nuevos derechos de la mujer mexicana no son resultado de cambios en la legislación. Son producto principalmente de resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. El llamado “activismo judicial” es el que verdaderamente amplió el catálogo de derechos humanos de las mujeres mexicanas.

Testimonio de este importante cambio es la jurisprudencia de la última década, así como la reciente reforma judicial con perspectiva de género.

Década ganada

El libro titulado 10 años de derechos: una autobiografía jurisdiccional muestra la evolución en el reconocimiento de los derechos humanos. Su autor, el ministro presidente Arturo Zaldívar, lo explica desde su labor en la Suprema Corte de Justicia mejicana. La obra hace un recuento de las 50 resoluciones del tribunal superior que expandieron los derechos fundamentales de los mejicanos y que crean una nueva cultura constitucional.

Muchas de estas sentencias de la Suprema Corte crearon nuevos criterios judiciales en términos de igualdad de género, de no violencia y no discriminación contra la mujer.

En la conferencia sobre el sistema judicial mexicano, organizado por el Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset, se abordó el tema. Itiziar Gómez, letrada del Tribunal Constitucional español, destacó la labor vanguardista del ministro Zaldívar y de la Suprema Corte, exaltando el reconocimiento de derechos humanos con perspectiva de género en sus sentencias. La letrada comparó al juzgador con un “Quijote del siglo 21” por su pensamiento libre y su cruzada progresista en favor de los derechos humanos y de la mujer.

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Zaldívar y otros ministros liberales de la Suprema Corte mexicana impulsaron a través de la jurisprudencia la equidad de género y la lucha contra la discriminación. Además, ampliaron el alcance del estado social y la protección a la mujer y la niñez.

Una labor muchas veces quijotesca frente a los embates reaccionarios. Por un lado, están quienes buscan limitar los derechos fundamentales de la mujer. Por el otro, los que simplemente optan por ignorar su terrible realidad. Las recientes reformas del sistema judicial mexicano también guardan el mismo espíritu de juzgar con equidad y no discriminación, además de erradicar la violencia de género.

Reforma con perspectiva

La reforma judicial del 2021 cuenta con una importante orientación hacia la perspectiva de género. Incluye la paridad en las políticas de impartición de justicia, la paridad en la selección y ascenso de juezas, la formación judicial con perspectiva de género, la sanción al acoso sexual y laboral en el sistema judicial. Pero sobre todo, obliga a los jueces a que sus sentencias se resuelvan con perspectiva de género.

Dichas reformas aseguraran un Poder Judicial mejor formado en la perspectiva de género, más respetuoso de los derechos de la mujer. Con este fin, la Suprema Corte creó manuales de perspectiva de género en materia familiar, penal, laboral y derechos humanos. Sin embargo, el reto de la desigualdad y la violencia es abrumador.

La posición del colectivo feminista

Para las activistas feministas es alentador saber que los jueces deberán aplicar criterios de equidad y protección de género en sus sentencias. Además, reconocen que se está sensibilizando y formando a los cuerpos judiciales bajo dichos principios. Al mismo tiempo, acusan la falta de compromiso de otros actores relevantes en el proceso de administración de justicia.

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Señalan a las autoridades que no lograron detener la escalada de violencia contra las mujeres.

México enfrenta una grave crisis de violencia de género. En el 2021 se registraron cerca de mil femicidios, de los 2.500 homicidios dolosos contra mujeres, además de seis desapariciones diarias, principalmente vinculadas a la trata de personas.

El desmantelamiento de políticas públicas en favor de la mujer tampoco contribuye a mejorar la situación del colectivo, como la eliminación de guarderías estatales o de las escuelas con desayunos, así como otros recortes a políticas de igualdad que dejan en una posición de gran vulnerabilidad a las mujeres trabajadoras.

La percepción de los colectivos feministas es de impunidad, negligencia e indiferencia. Responsabilizan tanto a la autoridad como a la sociedad. Se sienten abandonadas. Las alarmantes cifras de violencia contra las mujeres en el país así lo demuestran.

Protección impostergable

Este grito desesperado refleja no solo un impostergable reclamo. También la necesidad de actuar con contundencia de inmediato. Además de reeducar a una sociedad machista, se necesita empoderar a las mujeres y las instituciones. Pero antes, el Estado debe asegurar su integridad física y su pleno desarrollo personal.

El reconocimiento de los derechos humanos con perspectiva de género es sin duda un importante avance. Pero se necesita mucho más para enfrentar la terrible realidad nacional. Autoridades y sociedad civil deben trabajar unidas para este fin. Se trata no solo de liberar el yugo patriarcal, también de salvar a la mujer mexicana de la violencia.

En las próximas décadas, la gobernabilidad democrática global se construirá en torno a la mujer. La equidad de género y el fortalecimiento de los derechos y libertades de las mujeres marcarán la agenda.

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Para México el reto es enorme, con una sociedad machista que discrimina y agravia a sus mujeres. Los nuevos derechos constitucionales reconocidos por la Suprema Corte de Justicia deben ser sólo el comienzo. La acción decidida de sociedad y autoridad para detener la violencia contra la mujer es simplemente impostergable.

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