La acusación de Javier Milei de que diputados y senadores son coimeros aterrizó en los tribunales de Comodoro Py. La fiscal Alejandra Mangano no desestimó la denuncia, sino que le preguntó al Congreso Nacional qué hizo hasta ahora. La decisión de Mangano es significativa porque perfectamente podría haber dicho “estas son cosas del debate político, la Justicia no debe meterse”, desistiendo así de impulsar el expediente y favoreciendo, de hecho, al Presidente y sus arremetidas furibundas. Mangano procedió con cautela, pero dejando una puerta abierta. Si el juez, en sintonía con la fiscal, decide pedirle informes al Congreso, habrá que ver cómo siguen las cosas después. Mangano podría pedir declaraciones, pruebas. En otro edificio, en el Palacio de Tribunales, la Corte Suprema parece sumida en una jugada similar. Los ministros no se meten en el fragor de las peleas de la Casa Rosada con casi todo el mundo, en especial la guerra con los gobernadores. Sus señorías no intervienen, sólo por ahora. Casi todo depende -dicen en Tribunales- del humor social y de la caída de la imagen presidencial.
La denuncia sobre los dichos de Milei fue presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero. En concreto, menciona las siguientes frases del Presidente:
* ”Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Pero esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos”.
* ”Tenemos identificadas las valijas. Hay decenas, de aceite, biodiesel”.
Lo que sostiene Martínez Herrero es que hay omisión de denuncia porque Milei es un funcionario público y tiene la obligación de denunciar cuando conoce la existencia de un delito. Y, por supuesto, el cohecho (coimas) es un delito de quien paga y de quien cobra. Tras la intervención de la fiscal, debe resolver el juez Ariel Lijo.
Hay una polémica que sobrevuela todos estos casos: si corresponde que la Justicia intervenga o no. Están los que dicen que este tipo de acusaciones son políticas, vagas, generales, sin nombres. No existe la absoluta certeza y el conocimiento preciso que requiere una denuncia, por lo cual debería quedar en el ámbito político. A lo sumo, dicen, si alguien se siente agraviado puede iniciar una acción privada denunciando al que lo acusa -en éste caso el Presidente- de injuriarlo.
Por supuesto que la otra alternativa consistía en pedirle a Milei las pruebas de sus afirmaciones, algo reclamado por numerosos diputados durante en cuestiones de privilegio durante las últimas sesiones. Como se sabe, el mandatario no está obligado a declarar personalmente, pero sí por escrito.
El camino de Mangano fue intermedio. El mensaje de su dictamen fue que los dichos de Milei son políticos y, por lo tanto, le pidió al juez Lijo que le pregunte al Congreso qué se hizo con estas afirmaciones presidenciales. “Solicitar se informe si alguno de los miembros del cuerpo (Diputados y Senadores) efectuó alguna presentación y/o cuestión de privilegio relacionada con los hechos que motivan las denuncias presentadas, específicamente sobre la sospecha de comisión de delitos. En su caso que remita toda la información pertinente”. O sea, de entrada, Mangano quiere ver si hubo movimientos en el ámbito natural de esa denuncia, el Congreso. Pero lo sustancial es que no desestimó la denuncia, como podría haber hecho. Milei no quedó liberado del asunto, al menos hasta ahora.
Por supuesto que, de inmediato, aflora la postura de que, si Cristina Kirchner hubiera utilizado los mismos términos que Milei, ya tendría una causa abierta en Comodoro Py. En el edificio de Retiro argumentan que no hubo causas de opinión ni de omisión de denuncia contra la expresidenta y que todas fueron causas por cuestiones patrimoniales (Vialidad, Cuadernos) o de política criminal (Memorándum con Irán)., El argumento no parece demasiado sólido: la ofensiva judicial-política-mediática contra los opositores fue por todos los carriles.
Hay un nivel superior de estas cuestiones y es en el que transita la Corte en estos tiempos: si interviene o no respecto de un DNU que es manifiestamente inconstitucional, como señalan todos los constitucionalistas. Incluso aquellos que se pusieron del lado del macrismo en la última década. Por ahora, no hay el menor indicio de que los cortesanos vayan a resolver algo. “Es cierto que el Presidente confronta con todos, menos con la Justicia. Es más, el Gobierno dio un 18 por ciento de aumento en los sueldos de los judiciales esta semana, esquivando eso de que no hay plata. Pero en Tribunales se empieza a oler sangre”, le comentó un viejo magistrado a Página/12. ¿Qué significa oler sangre? Que se empieza a percibir que Milei va perdiendo apoyo y eso, sí o sí, terminará impactando en las decisiones.
En términos concretos, por ahora la Corte no interviene. Por ahora, no le abren la causa a Milei por omisión de denuncia tras decir que hay diputados que cobran coima. Como sucede desde hace años, habrá que ver cómo evolucionan los tiempos políticos.
