Un triunfo de los organismos de DD.HH. y la Fiscalía
La audiencia se realizó por videoconferencia, un funcionario del Poder Judicial federal fue hasta la finca del ex juez en El Encón para asegurar que contara con los elementos para conectarse sin contratiempos. Lona afrontó el trámite en compañía de su abogado, Federico Rodríguez Spuch.
La videoconferencia se completó con la participacíón del juez Hansen, su secretaria, y, desde Salta, el fiscal federal Carlos Amad, la auxiliar fiscal Vanina Pedrone y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, Amad explicó que a Lona se lo considera responsable de los delitos de homicidio agravado en perjuicio de 23 víctimas; de 22 actos de tormentos agravado y de 53 actos de privación ilegítima de la libertad agravada. También está imputado por lesiones, allanamiento ilegal, violaciones, prevaricato, omisión de promover la persecución y represión de delincuentes, por omitir y retardar o rehusar hacer cesar una detención ilegal.
Según trascendió, el ex magistrado esbozó una queja porque nunca fue informado de la acusación, sin embargo, la demora se debió precisamente a planteos realizados por él mismo.
Además de esta causa, Lona está acusado por homicidio en relación a la matanza de once detenidos políticos, el 6 de julio de 1976, en la conocida como Masacre de Palomitas. Y en octubre del año pasado fue condenado a 15 años de prisión como partícipe del secuestro y la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio de Santiago Arredes y la tentativa de asesinato de Margarita Martínez de Leal, cometidos el 11 de marzo de 1976. Una curiosidad, ayer se cumplió un año del inicio de ese juicio, que fue quizás una de las grandes batallas de los organismos de derechos humanos de la provincia.
«Lona no tramitaba nada»
En marzo último la Fiscalía Federal amplió la acusación contra Lona. Lo hizo después de la declaración que la ex jueza Martha Sofía Poma, quien fue una de las testigos en el juicio realizado en 2019 y aseguró que el ex magistrado no tramitó los recursos de habeas corpus que presentaban familiares de víctimas del terrorismo de Estado.
Poma aseguró que Lona ponía los recursos “en un cajón y decía ‘de acá no sale más’. De eso me acuerdo patente”, enfatizó. Dijo que mucha gente presentó recursos pero «no se tramitó nada; en Lona, nada». Poma dijo que conoció “mucho” al ex magistrado ahora acusado, porque como abogada litigaba en el Juzgado Federal.
Poma fue jueza penal en la justicia provincial pero renunció tras recibir una amenaza de muerte de la Triple A. El 16 de octubre de 1974, en la Legislatura provincial, el grupo parapolicial hizo explotar una bomba panfletaria que contenía una lista de personas amenazadas de muerte y a algunos de ellos se les daba un plazo de 72 horas para que renunciaran a sus cargos. Entre los amenazados estaban Ragone, y también el juez Mario Salvadores.
La bomba motivó el inicio del expediente n° 84.183/74. En el sumario policial, que primero estuvo a cargo de la Policía de Salta y luego pasó a la Federal, «No se practicó ninguna medida referida al contenido de las amenazas o a la indagación de los grupos que podrían haber tomado intervención», reseñó la Fiscalía en la ampliación de la acusación. El sumario recién llegó al Juzgado Federal dos meses después del hecho, el 23 de diciembre de 1974, sin embargo, no hubo «ningún tipo de acción por parte del juez federal». Y el «19 de febrero de 1975 el juez Ricardo Lona, sin más trámite, y sin adoptar ninguna medida investigativa, resolvió sobreseer provisoriamente las actuaciones ‘hasta tanto sean habidos él o los autores del hecho'».
Esa fue la tesitura seguida por Lona en los trámites vinculados a actos de terrorismo estatal.
En este caso la ampliación de la acusación se hizo en relación a delitos cometidos en perjuicio de las trece personas que figuraban en esta lista de la Triple A: Ragone, Salvadores, Poma, los también jueces Juan Andrés Martinelli y Farat Sire Salim, que era miembro de la Corte de Justicia. El rector de la Universidad Nacional de Salta, Francisco Holver Martínez Borelli; el ministro de Gobierno Enrique Pfister Frías; el diputado provincial Luis Eduardo Risso Patrón, la diputada provincial Hortensia Rodríguez de Porcel. Hugo Marcos Cejas, Arnaldo Goenaga, Juan Hugo Valencia y Santiago Adolfo López. Con estos nombres se llegó a las 79 víctimas de crímenes de lesa humanidad perjudicados por la acción o la omisión del ex juez federal, el único representante de la Justicia Federal en la provincia en aquellos años de terror.
