Ninguno de los organismos del Estado señalados por el nuevo escándalo de espionaje ilegal pudo justificar ante la Justicia las filtraciones. El juzgado de Rodolfo Canicoba Corral ya recibió las respuestas de casi todas las reparticiones a las que les pidió explicaciones por la información filtrada de, al menos, 21 jueces. En la mayoría de los casos, solo enviaron breves escritos en los que individualizan a los responsables de haber buscado ilegalmente datos del sistema de Migraciones. Lo grave es que admiten que los movimientos de entradas y salidas del país fueron obtenidos sin respaldo legal. En concreto, la Justicia quiere saber en el marco de qué investigación, de qué causa judicial y por orden de qué magistrado se dispuso ingresar en cada caso a la base de datos de Migraciones. Entre los organismos que quedaron en la mira y ya hicieron su descargo ante el juez de instrucción 6 están la UIF, Gendarmería, la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, la Procuración, el Ministerio de Seguridad de Salta, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Nacional. Desde donde aún no llegó explicación alguna es del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

Según pudo saberse en los doce organismos el procedimiento fue similar: las autoridades abrieron legajos internos y buscaron la explicación del empleado sospechado. Y por lo que informaron a la Justicia, ninguno de ellos pudo dar un motivo legal que pueda justificar esa búsqueda de información reservada. Por eso, el próximo paso de los investigadores será profundizar en las identidades de esas personas para determinar si se registra un patrón común entre sí. El objetivo es establecer si se trata de una red organizada o si son filtraciones a pedido de diferentes “clientes” y con diversos fines.

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En muchos casos, los trabajadores de los organismos deben firmar actas de confidencialidad, sobre todo aquellos que se desempeñan en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, está a la vista que la medida no es suficiente para evitar filtraciones. Un funcionario judicial del quinto piso de Comodoro Py buscó una alegoría para explicar lo fácil que puede ser violar las normas: “Por ejemplo, la llave de la caja fuerte de esta oficina la tiene a cargo oficialmente sólo una persona. Pero en la práctica todos la usan cuando se necesita sacar algún elemento para una indagatoria o para analizar algo sobre un expediente”. Es decir, que aunque haya un solo empleado con acceso al usuario y a las claves para obtener información de movimientos migratorios cualquier otro podría haber accedido. O ese mismo empleado podría conseguir la información y luego venderla sin ningún control, como de hecho sucedió.

El tema fue casi excluyente ayer en los pasillos de Comodoro Py. En lo que todos coinciden es que el nuevo escándalo deja al desnudo la alta vulnerabilidad del sistema y la facilidad con la que pueden conseguirse datos privados de manera totalmente ilegal, con el agravante de que los espiados, en este caso, son todos funcionarios judiciales.

Los delitos que se investigan son violación a la ley de inteligencia y violación de secreto y privacidad, previstos en los artículos 157 y 157 bis del código penal. Según el texto: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos” y que lo hagan “a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos”.

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