Tras un extenso debate, en el que también hubo críticas por la falta de previsibilidad para evitar la epidemia de dengue, la Cámara de Diputados de Salta aprobó ayer modificaciones a la ley provincial 8097, Régimen Penal para Niños, Niñas y Adolescentes. Según insistió el oficialismo, que impulsó la iniciativa, se trata de pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio que permita un trato más respetuoso de los derechos de estas personas, aunque legisladores de la oposición cuestionaron que no prevea presupuesto para mejorar la infraestructura para la detención de menores de edad que delinquen.
La iniciativa fue presentada por la diputada María del Socorro Villamayor (representante del departamento Capital, del bloque Salta Tiene Futuro). Recordó que el régimen penal juvenil fue establecido en Salta por la Ley 8097, pero su aplicación fue sufriendo sucesivas prórrogas después de que el Ministerio Público Fiscal informara, en 2020, que era imposible llevarla a la práctica.
Asimismo, la legisladora recordó que cuando se modificó el Código Procesal Penal de la provincia, y se pasó del sistema inquisitivo al acusatorio, quedó pendiente lo relativo a los niños, niñas y adolescentes. Por eso se creó una comisión que estudió la posibilidad de hacer cambios en la normativa, y en base a ese trabajo se presentó ahora este proyecto.
Ya sobre las reformas, detalló que se determina la obligación de informar de manera inmediata a padres, madres o totures el lugar donde se encuentra detenido el niño o niña y toda otra información referente a la causa judicial en la que está involucrado. Que prevé medidas socioeducativas, como el pedido de perdón a las personas afectadas y la realización de tareas comunitarias. «No se busca la sanción al menor, sino que lo que se busca es que asuma frente a la sociedad una función de construcción. Lejos de buscar la penalidad del menor lo que hay que buscar es la reinserción social del menor”, aseguró.
El primero en cruzarla fue el diputado Jorge Restom (San Martín, bloque Todos), quien pidió abstenerse de votar, en desacuerdo con que se discuta la penalización de personas menores de edad cuando en la provincia no se respetan los derechos de este grupo etáreo. «Se murieron 27 niños de mi departamento en el primer trimestre» de este año; ahora mismo se está viviendo una epidemia de dengue que afecta mayormente a las personas más jóvenes. “Nuestros chicos estudian en condiciones inhumanas”, insistió.
La cuestión de la politica, y el presupuesto
Su coterráneo y compañero de bloque, Franco Hernández Berni, que tuvo que aclarar que no se estaba discutiendo la penalidad a personas menores de edad que delinquen (que es potestad del Congreso de la Nación), sino el procedimiento que se va a aplicar en estos casos, se mostró escéptico, si es que el cambio de sistema no va acompañado por políticas públicas destinadas a esta problemática y presupuesto para mejorar la infraestructura de detención de niños, niñas y adolescentes.
«Por más buena que sea la ley no va a avanzar si no se crean instituciones para las medidas tutelares» y «se modifican los presupuestos de la provincia para lograr la reinserción social de niños y niñas», aseguró. Recordó que ahora mismo en Tartagal, por ejemplo, el centro para jóvenes en conflicto con la ley penal es solo para varones, que no hay posibilidad de aplicar medidas cautelares porque no hay equipos multidisciplinares que haga un seguimiento y eso provoca que haya niños o niñas inimputables (porque son menores de 16 años) que siguen alojados en establecimientos juveniles penales. El legislador aseguró que el debate dejó en claro que ”No hay una política pública establecida en materia de minoridad”.
También el diputado Roque Cornejo (Capital, Ahora Salta) sostuvo que se deben mejorar las condiciones de detención. Y Cristina Fiore (del mismo departamento y bloque) pidió un cuarto intermedio para incorporar al proyecto un punto que prevea presupuesto para llevar este fin. Pero el oficialismo lo rechazó. «No hay que vender humo», chicaneó Patricia Hucena (Orán, del bloque Gustavo Sáenz Conducción).
Fiore habló después de Germán Rallé (General Güemes, GSC), que dijo que acompañaría el proyecto pero se mostró no muy convencido. Recordó que en marzo pasado cuatro adolescentes adictos asesinaron a un hombre en la localidad de El Bordo y dijo que desde entonces las personas mayores viven con temor porque estos «menores andan por el pueblo, lo recorren. Estos chicos que cometieron el delito». «Voy a acompañar», sostuvo, pero aseguró que si a través de esta ley no se logra «restablecer al chico en su conducta social» y «demuestra que va mejorando, creo que va a ser una ley que solamente va a estar para garantizar derechos a una sola parte».
Es un tema «extremadamente delicado» porque «cuando hablamos del menor frente al delito hablamos no solamente del menor que comete un delito sino también del menor que siendo víctima comete un delito«, indicó Fiore. También ella aclaró que se discutía lo procedimental, no la cuestión de fondo de la penalidad. Después de reseñar números sobre los delitos cometidos por personas menores de edad, sostuvo que cerca del 80% de los actos ilícitos cometidos por este grupo etáreo “tiene como causa las adicciones”, por lo que reclamó una política pública que atienda la cuestión de las adicciones.
Centros de rehabilitación, salud mental
La diputada Jorgelina Juárez (Orán, Todos) volvió sobre «la necesidad de políticas públicas” de prevención de los delitos. “Este proyecto de ley desnuda esa realidad que tenemos en toda la provincia, pero que se agudiza mucho más en el interior” y es la falta de centros de rehabilitación de personas con consumo problemático, aseguró. Y lamentó que no se haya dado el cuarto intermedio para que se acordara un financiamiento para el sostenimiento de estos centros.
Contó que en las escuelas se pide que vuelvan los gabinetes psicopedagógicos. “No basta con un régimen si es que no nos anticipamos al problema”, si no se dan respuestas a las necesidades.
En el mismo sentido recordó el fallo de la jueza Ana María Carriquiry, de Orán, que en julio del año pasado ordenó al estado salteño que destine a la salud mental el 10% del total de partidas del Ministerio de Salud Pública, además le exigió que presente un plan de salud mental. Juárez señaló que la provincia todavía no cumple con esta sentencia.
Sostuvo asimismo que como la gente no tiene a dónde recurrir cuando en una familia hay una persona adicta, recurren a los asesores de incapaces, que tampoco dan abasto. Y se preguntó por qué el Estado no asiste a estas personas. “Esto es urgente, es ahora”, dijo, e hizo un llamado a que se restituyan los gabinetes psicopedagógicos; que se cumpla el fallo de la jueza Carriquiry, se nombre a los trabajadores de salud mental, y el ministro de Salud, Federico Mangione, mande el plan de trabajo sobre salud mental, «si es que lo tienen».
La iniciativa se aprobó, y pasó al Senado, con la abstención de dos legisladores de Salta Independiente, Cristina Frisoli y Bernardo Biella, y Jorge Restom.
Educación financiera
Por otro lado, en la sesión de ayer, Diputados aprobó también un proyecto de ley para que se dicte educación financiera en las escuelas secundarias de la provincia. También en este caso hubo un intercambio fluido en el que se habló de la falta de conectividad en amplias zonas de la provincia, y de los comedores escolares, entre otras cuestiones.
También se trató un proyecto para que se dicte educación vial en las escuelas. Y la Ley de accesibilidad a personas con discapacidad, cuyo tratamiento motivó una intervención de la diputada Julieta Perdigón (Capital, Ahora Salta), cuestionando que el propio estado incumpla leyes de inclusión de estas personas. Recordó que la ley 6036 prevé un cupo laboral mínimo del 2% de la planta de personal para personas con discapacidades, pero ni el estado provincial ni el municipal lo cumplen. “Si hacemos leyes es para que se cumplan y más aún para que las cumplamos nosotros como legisladores”, aseguró.
«Falló la estrategia de prevención»
Como parecía inevitable, al calor de la campaña preelectoral y el crecimiento de casos de dengue en toda la provincia, la Cámara Baja se hizo eco de las quejas que provienen sobre todo de habitantes del norte provincial, sobre fallas en la atención de salud.
«Somos la provincia que mayor cantidad de muertos tiene en el país, por comorbilidades», sostuvo Jorge Restom quien empezó cuestionando que no se haya hecho una barrera epidemiológica. Y cuestionó también que se haya negado que la causa de una niña de 16 años, de la localidad de Pluma de Pato, era el dengue. Enumeró legisladores del norte que contrajeron dengue, el ausentismo cada vez mayor en las escuelas y la falta de paracetamol en los hospitales del norte provincial. También cuestionó que no se tratara un proyecto de ley de la diputada Gladys Paredes, que también es médica.
“No podemos seguir ocultando el sol con una mano”, aseguró antes de pedir que las autoridades “se hagan cargo”. “El norte tiene miles de emergencias, pero cuando hay que bajar recursos al norte no llega nada”. “No quiero un niño más muerto en mi departamento por dengue”, aseguró.
Jorgelina Juárez agregó que lo que viven en todo el norte de la provincia es «grave”. “Causa mucha bronca ver que la única medida que toma hoy el ministro de Salud es pedir y recomendar reforzar la prevención” cuando la situación “en el interior es bastante crítica, no hay una familia que no haya tenido un caso de dengue en los últimos meses”. Está “todo colapsado”. “El ministro no va a poder ocultar más esta situación, necesitamos que se tomen medidas”, aseguró.
Germán Rallé respondió. En tono conciliador contó que estuvieron reunidos con el ministro de Salud y que se está trabajando, el ministro “está reconociendo que se falló en la estrategia de prevención”.
“Estamos todos preocupados por esta situación”, agregó después de contar que su propio contrajo dengue y de conceder que en la próxima sesión se tratará el proyecto de Paredes.
