Nueve de las 68 personas detenidas la semana pasada en el penal de Alto Comedero por las protestas frente a la Legislatura de Jujuy del 20 de junio fueron liberadas este lunes por orden del juez Rodolfo Fernández, el mismo que había firmado inicialmente sus capturas. Esta decisión toma relieve en la medida que revoca el pedido de cuarenta días de prisión preventiva que exigían los fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, según informó la abogada defensora Alejandra Cejas. Si bien todos ellos seguirán procesados, lo harán en libertad, puesto que de momento no se encontraron pruebas que los incriminaran, al mismo tiempo que la libre circulación tampoco supone riesgo procesal.
Naturalmente, estas liberaciones reavivan el cuestionamiento que manifestantes, organizaciones sociales y agrupaciones de derechos humanos, entre otros, hacen en relación a vincular las acusaciones y detenciones con el claro objetivo de amedrentar las protestas y perseguir a opositores del régimen del gobernador Gerardo Morales. Después de las violentas represiones efectuadas el sábado 17 de junio contra grupos indígenas en el cruce entre las rutas 9 y 52 a la altura del acceso a la localidad de Purmamarca y del martes 20 en las inmediaciones de la Legislatura provincial en San Salvador (en saga con las posteriores detenciones que la policía hizo con efectivos vestidos de civil en camionetas sin patente ni identificación), el gobierno jujeño había retomado en las últimas dos semanas la ofensiva en el conflicto que tiene en vilo a la provincial por las protestas de gremios docentes (que incluyen paros de clases, acampes y movilizaciones en búsqueda de mejoras salariales) y también de comunidades indígenas (motorizados por alrededor de diez cortes de ruta en alarma con la arbitraria reforma constitucional).
El contraataque lo hizo a través de dos ejes que causaron indignación y temor a la vez: la presentación como querellante en al menos cien denuncias contra manifestantes de distintos focos y, pocos días después, la detención de gran parte de ellos a lo largo de la provincia. Esas maniobras generaron protestas en la cárcel de Alto Comedero, donde la mayoría de los acusados fueron trasladados especialmente entre el miércoles y el jueves pasado. Según la abogada Mariana Vargas (quien asumió la defensa de varios de ellos, al igual que Alejandra Cejas), “no pudimos verlos porque la condición era que nos hicieran un cacheo físico después de haber déjalo nuestros teléfonos celulares y carteras, ya que no nos dejaban ingresar con tales elementos, pero el ejercicio de nuestra profesión no puede ser con humillaciones”.
Las imputaciones son numerosas: sedición contra el orden constitucional, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves, daños, estragos, estorbo funcional y entorpecimiento del transporte terrestre con el agravante de ser parte de una organización constituyen algunos de los cargos. Sin embargo, la liberación de nueve de esos detenidos por momentánea falta de pruebas reabre las suspicacias acerca del trasfondo político y persecutorio que persiguen estas denuncias hechas “por orden expresa del gobernador Morales”, según confesaron oportunamente en conferencia de prensa el fiscal de Estado Miguel Ángel Rivas, el ministro de Seguridad Guillermo Corro y el procurador general Sebastián Albesa.
En declaraciones públicas, los fiscales Walter Rondón y Diego Funes habían detallado que la investigaciones sobre las que se fundamentan las detenciones están basadas, entre otras cosas, en publicaciones que los acusados hicieron en redes sociales. Según trascendió después, las publicaciones eran principalmente comentarios que los usuarios habían hecho en posteos ajenos, algo que de primera mano presta a a la confusión, ya que es difícil atribuir la veracidad de dichas identidad. Aunque a esta altura ya nada debe sorprender.
Simultáneamente, Amnistía Internacional acaba de exigirle al gobierno provincial y al fiscal general Sergio Lello Sánchez la liberación de Alberto Nallar, abogado defensor de la comunidad de Caspalá (un caso modélico de cómo el régimen de Morales avanza sobre tierras indígenas y que Página/12 describió el mes pasado) que fue detenido el jueves pasado en el penal de Gorriti y luego sometido al régimen de prisión domiciliaria durante veinte días. El comunicado pide “poner freno de modo urgente a la violencia, represión y criminalización en la provincia y garantizar y respetar el derecho a la protesta en cumpliendo de los estándares de internacionales de derechos humanos”.
Por último, aunque no menos importante, tres de esos detenidos son por los conflictos del 30 de junio frente al Concejo Deliberante de Humahuaca, noche que acabó con una dura represión policial. El caso fue conocido: luego veintidós personas fueron notificadas de concurrir a la comisaría, sin más detalle, aunque al llegar eran automáticamente apresadas y trasladadas a San Salvador. Por ese motivo, las restantes prefirieron resguardarse. En este contexto, los ediles Daniel Ábalos, Manuel Tarcaya y Jordán Zerpa enviaron un escrito al Ministerio Público de la Acusación desmintiendo que habían iniciado acciones contra los manifestantes, tal como figura en las imputaciones que les hicieron oportunamente, a la vez que exigen las liberaciones. La pregunta es entonces quién los denunció por secuestro y sedición, cargos por los que deben permanecer al menos un mes con prisión preventiva.
