La provincia de Buenos Aires logró un acuerdo paritario para que elevará el salario de 600 mil trabajadores un 45% en el trascurso de los próximos tres meses. Los casi treinta gremios que representan al conjunto de los docentes, empleados públicos de la Ley 10.430, judiciales y trabajadores de la salud se reunieron con el gobernador, Axel Kicillof, y le ratificaron su apoyo de cara a las PASO del 13 de agosto.
El motivo del encuentro fue la oficialización de las paritarias celebradas la semana pasada. La lectura de las organizaciones sindicales es unánime: en caso de repetirse un índice inflacionario del 6% como fue el de junio, los ingresos de los trabajadores se ubicarían cerca de diez puntos por encima de la probable inflación. Más motivos para celebrar habría en caso de que la inflación de julio fuera, incluso, menor.
Las negociaciones de las últimos días tuvieron como resultado un incremento del 30% que impactará en el cobro del sueldo de julio de las y los trabajadores públicos. De esta manera, los salarios tendrían un aumento acumulado del 70% para los primeros siete meses del año, teniendo en cuenta el primer aumento acumulado que hubo entre los primeros cinco meses del año que llegó al 40%. Pero, además, hay que agregar un aumento del 15% que llegará con el sueldo de septiembre, totalizando un incremento del 85% para los primeros nueve meses del año.
El cálculo que realizan los sindicatos parte de que la inflación de mayo fue del 7,8%, lo que exhibió un primer descenso respecto al 8,4% de abril. La caída continuó y la semana pasada se conoció el número de junio: 6%. De esta forma, al día de hoy el índice inflacionario acumulado en el año asciende al 50,7%, pero que de continuar en baja posibilitaría tener un porcentaje por debajo del 60% al momento de cobrar el salario de julio que llegará con el fuerte el primer aumento del 30%.
Con este razonamiento, los dirigentes gremiales observan que los primeros días de agosto los trabajadores públicos pueden estar cobrando con un 70% de aumento contra una inflación de menos del 60%. Esto, indican, es una de las principales manifestaciones de la recuperación del salario luego de las pérdidas sufridas en la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. En el caso de los empleados públicos, según sus registros, esto superó el 20%. En el caso de los docentes fue algo menor debido a que lograron que se comenzara a implementar en 2019 la cláusula gatillo.
El acuerdo, a su vez, no se limita a esos porcentajes, sino que conlleva dos medidas primordiales para los sindicatos y que vienen repitiéndose a lo largo de todo 2023. La cláusula de revisión, o comúnmente denominada cláusula de monitoreo, que será aplicada en septiembre. A su vez, también se pactó la reapertura de las negociaciones para el mes de octubre, una lógica que prima en las organizaciones gremiales que tienen como objetivo celebrar paritarias cortas para paliar cualquier efecto inflacionario.
La reunión
Roberto Baradel, titular del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires dijo que, más allá de la paritaria, el gremio docente valora que «se lograron las licencias de resguardo y reparación, y también las nuevas licencias parentales con perspectiva e igualdad de género”. A su vez, el referente sindical resalta los logros que tuvieron otros gremios, como los pases a planta de los estatales o la ley de jerarquización de la carrera hospitalaria de los profesionales de la salud que posibilitaron una “armonía” entre la gestión y las demandas de los representantes de los trabajadores.
“Entendemos que Axel Kicillof, a partir de su gestión pensando en los trabajadores bonaerenses, viene paliando la crisis económica y política que se vive en el país”, remarca el dirigente docente. En el marco de la campaña hacia las PASO, Baradel asegura que trabajarán en el gremio a través de plenarios, asambleas y encuentros con delegados y representantes para “seguir explicando lo que fue un modelo de recuperación de derechos contra uno que persiguió a los trabajadores y nos quitó poder adquisitivo”.
Por el lado de los estatales, Fabiola Mosquera, Secretaria General de UPCN Provincia explica que se conversó “sobre el trabajo en conjunto para poder llegar a un aumento para todos y todas las trabajadoras de la Provincia y tratar de recuperar la pérdida sufrida durante el gobierno de Vidal”. Consultada sobre cómo continúa de ahora en más el apoyo a la reelección de Kicillof, la titular del gremio que aglutina 67 mil afiliados en territorio bonaerense percibe “un escenario donde la gente sabe lo que quiere y a lo que no quiere volver, y lo que esperamos es que la gente salga a votar por el gobierno que defiende sus derechos y no por quien se los quieren sacar”.
En 13 y 50 manifiestan que el acompañamiento a Kicillof tuvo uno de sus principales hitos en la unificación de la delegación regional de la CGT La Plata-Berisso-Ensenada tras 17 años de desencuentros. A fines de marzo, más de 70 gremios expresaron su voluntad de que el gobernador apueste por un segundo mandato durante un acto en el camping del sindicato de Obras Sanitarias donde se anunció el triunvirato que conduce la regional.
Recuperación
“El salario real se está recuperando de a poco, fue muy duro el golpe neoliberal”, aclara Oscar De Isasi, titular de ll a Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires. El dirigente expresa que Kicillof sintetiza un concepto que no estuvo presente en sus predecesores en el cargo: “Vino a ser gobernador de la provincia y quiere seguir siéndolo, no usarla de trampolín para otra cosa”.
Esta lectura del ‘Colo’ está anclada en, según su perspectiva, la búsqueda que tiene el actual gobernador de no sólo jerarquizar a los trabajadores del Estado, sino de “dignificarlos”. “Es alguien que piensa en la provincia, piensa en una estrategia a mediano y largo plazo, con recuperación de derechos, por lo que cada trabajador del Estado no debe dudar en votarlo y continuar con este modelo”, señala.
Una de las expectativas del dirigente, y que ya fue conversado con el Ejecutivo provincial, es discutir y acondicionar la Ley 10.430 en lo que respecta a la Carrera Administrativa, dado que la normativa actual data de casi cuatro décadas. “Es necesario que los trabajadores públicos sean reconocidos, jerarquizados y dignificados en el marco de su formación y estar sujetos a netamente a la voluntad política de turno”, indica.
Desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), también se hicieron presentes en la reunión y fueron claros: “Si no gana el gobierno de Axel, resistiremos, eso seguro, pero difícilmente avanzaremos”. Las palabras de Hugo Russo, titular del gremio, aclara que todavía restan muchas medidas por consensuar y trabajar con el gobierno, pero que esta es una gestión que atiende y busca solucionar las inquietudes de los 28 mil afiliados de la organización.
“La AJB discute salarios, no los jueces”, remarca. No deja de lado que las negociaciones continúan en otros aspectos, que son las mesas técnicas que se conforman entre sindicatos y gobiernos para arribar acuerdos. “Seguimos trabajando en obtener un Ley Marco de Paritarias, dado que somos el único gremio bonaerense que no goza de ese derecho constitucional”, empieza a enumerar. “Hay una emergencia en el sector de peritos a causa de la falta de nombramientos y falta de jerarquización, los problemas edilicios que tenemos, la regulación de la entrada de escritos electrónicos”, cuenta Russo y señala una serie de deudas que aún tiene la provincia con colectivo de trabajadores que representa.
