La Policía Federal de Brasil desplegó este jueves una gran operación contra seguidores del presidente Jair Bolsonaro vinculados con las protestas que exigen un golpe de Estado contra el mandatario electo, Luiz Inácio Lula da Silva.
La Corte Suprema emitió 103 órdenes de allanamiento y cuatro de prisión, en 9 de los 27 estados brasileños contra sospechosos de organizar «actos antidemocráticos», según señaló el alto tribunal en una nota, aunque la Policía Federal todavía no ha hecho un balance final del resultado de la operación.
Los objetivos de la acción son «grupos que actuaron en la financiación de los bloqueos en carreteras y las manifestaciones frente a cuarteles de las Fuerzas Armadas» que han tenido lugar tras la segunda vuelta de las presidenciales del 30 de octubre.
De acuerdo con el Supremo, esos grupos «incentivaron no aceptar ni respetar el resultado de las elecciones presidenciales», además de «actuar para quebrantar el Estado Democrático de Derecho e instalar un régimen de excepción con el establecimiento de una dictadura«.
Según medios locales, en el transcurso de la operación fueron confiscadas varias armas de fuego, incluyendo un rifle, un fusil y una subametralladora.
Entre los investigados figuran Carlos Von y Lucinio Castelo de Assumção, dos diputados regionales del estado de Espírito Santo, a quienes el Supremo impuso medidas cautelares, como el uso de tobillera electrónica y la prohibición de utilizar las redes sociales o de participar en cualquier evento público.
Algunos registros policiales se llevaron a cabo en Brasilia, donde la noche del lunes un grupo de bolsonaristas radicales protagonizó graves altercados al prender fuego a una decena de vehículos, destrozar mobiliario urbano e intentar entrar por la fuerza en una sede policial.
Desde la celebración de las elecciones, que Lula ganó a Bolsonaro por una diferencia de menos de dos puntos, seguidores del líder ultraderechista se han manifestado y acampado a las puertas de los cuarteles de varias ciudades del país para pedir un golpe de Estado que impida la investidura del gobernante electo.
También realizaron bloqueos totales o parciales de diversas carreteras del país que se disolvieron por la fuerza a los pocos días y en los que se investiga la actuación de la Policía Federal de Carreteras (PRF), por su supuesta «omisión» a la hora de actuar para liberar las vías y detener a sospechosos.
