Juicio político a Corte Suprema: oficialismo acelera causa de la obra social e insiste con Tonon

La Comisión de Juicio Político, que comanda la legisladora kirchnerista Carolina Gaillard (Entre Ríos), continuará pasado mañana con el proceso que el oficialismo empuja contra la Corte Suprema. Este jueves intentará continuar con el expediente relacionado con irregularidades en la obra social de los judiciales -100.000 afiliados- y para ello convocó de nuevo al exdirector de la misma Aldo Tonon, quien desistió en un puñado de ocasiones y ahora fue citado con intervención del Juzgado Criminal Federal 12, Secretaría 23.

Tonon fue señalado como hombre de confianza del magistrado supremo Juan Carlos Maqueda y director, durante muchos años, de la obra social hoy señalada tras auditorías. En los últimos días su abogado, Mauricio D’Alessandro, aclaró que en su carácter de defensor del exdirector de la OSPJN no había sido notificado. En esa línea, aseguró al sitio parlamentario.com que “la comisión no tiene facultades para citar por la fuerza pública a nadie, y a los jueces tampoco les pueden pedir que hagan comparecer a un testigo por la fuerza pública, porque el reglamento de la comisión no los autoriza a disponer sobre la libertad de las personas”.

Según D’Alessandro, “más lo citan -a Tonon-, más lo coaccionan y más se alejan de la posibilidad de que vaya a declarar a una comisión donde se siente presionado”. E insistió: “No va a ir y no creo que ningún juez lo lleve por la fuerza pública”.

El testimonio de Tonon toma relevancia, además del cargo que sostuvo durante años, tras las explosivas declaraciones que realizó la semana pasada el exadministrador de la Corte Suprema Daniel Marchi: el removido funcionario habló de “corrupción”, de festival de contratos por fallos empujados desde el máximo órgano de Justicia y millonarios fondos que incluso le debe el Consejo de la Magistratura, es decir, entre entidades que ahora preside Horacio Rosatti, lo que genera una situación más que conflictiva.

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Marchi dejó claro en la comisión que, en la obra social, la “falta contabilidad general no genera certezas” y que la “información se puede perder al día siguiente”, lo que liberaba el camino para un “escenario perfecto de hechos de corrupción”. La frase rebotó en el jefe del kirchnerismo, Germán Martínez, que volvió a realizar una consulta sobre el tema. Marchi no dudó y remarcó: “Sin contabilidad integrada y con informalidad, la corrupción está asegurada”. De hecho, el funcionario deslizó que la obra social tiene un excedente de $80.000 millones, algo “atractivo para cualquier grupo”.

El dinero y los flujos de caja también fueron parte de la discusión de días atrás. Por caso, Marchi indicó que la Corte tiene un -ya conocido- fondo anticíclico de $150.000 millones. Lo que resultó curioso fue la cifra de $100.000 millones que calculó que le debe el Consejo de la Magistratura al máximo tribunal de Justicia. En relación con este tema, manifestó que nunca fue consultado sobre el evidente problema que significaba la presidencia de Rosatti en los órganos deudor y acreedor. Mismo caso asimiló en cuanto al guiño sobre coparticipación -también estudiado por la comisión-, que haría perder a la Corte unos $10.000 millones “a valores actuales”.

Lupa a Insfrán

El diputado radical Fernando Carbajal (UCR Formosa) inició una causa ante la Corte Suprema de Justicia para que se expida respecto de los alcances, constitucionalidad y convencionalidad, del artículo 132 de la Constitución de Formosa.

Carbajal explicó: “El vacío legal del artículo 132 de la Constitución de la Provincia de Formosa, cuya ambigüedad permitiría ‘la reelección indefinida’ del actual gobernador Gildo Insfrán, quien iría el día 25 de junio de 2023 por su octavo mandato en el cargo, sumado a dos periodos como vicegobernador, constituye una clara contraposición al espíritu de la Constitución Nacional que, en sus artículos 1, 5 y 123, recepta para el pueblo de la Nación Argentina, los principios Republicanos de Gobierno y temporalidad en el poder”.

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