Junto a la cartera laboral bonaerense, la AFIP realizó un rastreo sobre 130 countries detectando irregularidades que permiten suponer la existencia de más de 9000 trabajadoras de casas particulares no declaradas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires pusieron bajo la lupa a propietarios que viven en más de 130 countries bonaerenses. Las autoridades analizan la existencia de graves incumplimientos en materia laboral, especialmente en el sector de las trabajadoras de casas particulares. Como resultado de las tareas conjuntas de fiscalización y control, los investigadores sospechan que las irregularidades en materia salarial y de registración afectan a más de 9000 trabajadoras que realizan tareas en inmuebles construidos en algunos de los countries bonaerenses más exclusivos.

En la primera etapa del trabajo articulado entre el Ministerio de Trabajo bonaerense y el área especializada en seguridad social de la AFIP fueron notificados empleadores un conjunto de barrios cerrados de Pilar, Tigre, San Isidro, San Vicente, Lobos, Almirante Brown, Berazategui y La Plata. De acuerdo a los datos oficiales, en esos countries hay 3544 propiedades pero solo desempeñan tareas en forma registrada 704 trabajadoras de casas particulares.

Las trabajadoras de casas particulares constituyen uno de los universos más precarizados en la estructura laboral argentina. A los incentivos previstos por ley para la formalización de esas trabajadoras, como la deducción del Impuesto a las Ganancias o el más reciente Programa Registradas, se suman los mecanismos de fiscalización y control. En ese frente, la estrategia más extendida para promover la regularización de las relaciones laborales consiste en enviar notificaciones a personas con elevados patrimonios y niveles de ingresos y gastos por encima del promedio que, sin embargo, no registran trabajadoras de casas particulares. La articulación entre la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires permitió llevar esa estrategia de control un paso adelante.

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Desde el Ministerio de Trabajo provincial cursaron requerimientos de información a las administraciones de distintos countries. A su vez, los datos recabados fueron utilizados para que la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP para identificar dónde realiza tareas cada una de las trabajadoras no registradas y, por lo tanto, quiénes son sus empleadores.

La articulación ya permitió notificar y reclamar a propietarios de distintos countries y barrios cerrados bonaerenses la registración de unas 400 trabajadoras de casas particulares. Las notificaciones recibidas por los dueños de las casas precisaban el nombre y el apellido de la trabajadora de casa particular que ingresa a su domicilio para realizar las tareas de limpieza, cuidados y mantenimiento. Las bases de datos de la AFIP muestran que algunos propietarios incumplidores ya empezaron a dar de alta relaciones laborales de sus empleadas en tareas domésticas.

Este universo de propietarios alcanzados por los requerimientos forman parte de la cúspide de la pirámide distributiva. Pagan expensas por sus casas en los countries que promedian los 30.000 pesos mensuales, una cifra equivalente al 65 por ciento del salario más elevado previsto por la normativa vigente para una trabajadora sin retiro que tiene la categoría más alta.

El objetivo de la provincia de Buenos Aires y la AFIP es combatir la precarización laboral y garantizar que las trabajadoras de casas particulares accedan a sus derechos, como el acceso a una obra social, vacaciones y el pago por concepto de antigüedad.

Verificación de irregularidades

El requerimiento de información a las administraciones de los countries consistió en los registros de las personas que ingresaban y los propietarios que autorizaban el acceso. El cruce de información entre el Ministerio de Trabajo provincial y Recursos de Seguridad Social de la AFIP permitió determinar el universo de trabajadoras que tenían el alta laboral. Del relevamiento surgió que un 52% de las mujeres empleadas como trabajadoras de casas particulares no estaban registradas.

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Los barrios cerrados que se negaron a entregar la información requerida recibieron multas millonarias la semana pasada por el Ministerio de Trabajo bonaerense. La administración de un country de la localidad de Pilar fue sancionada en $2.438.321 mientras que otro barrio de Berazategui fue multado por $2.500.860. Se trata de administraciones que obstruyeron la labor de inspección y se negaron a presentar la documentación requerida respecto del ingreso de las trabajadoras de casas particulares al lugar.

En caso de no registrar la relación laboral, pueden caber multas y sanciones por la falta de registración e incumplimiento a la normativa laboral. La notificación que reciben los contribuyentes también recuerda las herramientas disponibles para incentivar el alta de las trabajadoras de casas particulares, como el programa Registradas o la posibilidad de deducir del impuesto a las Ganancias los salarios y aportes efectuados.

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