El Gobierno teme que haya un quiebre del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para evitar el contagio de COVID-19, y por eso dispuso una serie de medidas destinadas a mantener elevada la adhesión al aislamiento. En ese marco, promueven una mayor presencia de efectivos de las fuerzas de seguridad en las calles y un programa de control en los barrios más humildes que será ejecutado por intendentes y movimientos sociales de todo el Conurbano y la región del AMBA.

Estos mecanismos de control están avalados plenamente por los epidemiólogos y referentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que asesoran al presidente Alberto Fernández. «Es fundamental que no aflojemos en estos momentos porque se viene el invierno y si la gente rompe el aislamiento el pico de contagios podría ser imposible de controlar en los hospitales», explicó un destacado funcionario del Gobierno al sitio web Infobae.

El temor de las autoridades no es infundado, ya que una gran cantidad de personas continúa saliendo a la calle sin tomar las medidas de precaución necesaria o sin tener la necesidad imperiosa de hacerlo. Por otra parte, hay una fuerte demanda de empresarios, gremios y sectores sumidos en la pobreza para relajar la cuarentena obligatoria, ya que para una importante porción de la población salir a la calle es la única opción para seguir trabajando y generando ingresos.

Según consignó Infobae, en la Casa Rosada recibieron en los últimos días reportes de diferentes fuentes donde advierten que hubo un leve incumplimiento del aislamiento. Hace una semana el nivel de inmovilidad social era del orden del 85% y ayer se detectaron al menos cuatro puntos menos. Y aunque no es un dato alarmante, en el Gobierno están atentos para seguir promoviendo mayores índices de acatamiento.

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«La explicación de este incremento de gente que se puede ver en las calles es simple: hay más actividades permitidas. Y la gente se está moviendo en zonas de cercanía. Guardando distanciamiento eso no complica la cuarentena”, explicó a ese medio un funcionario del Gobierno. Frente a esa situación, el Gobierno avanzó en las últimas horas con una serie de medidas tendientes a mantener la rigurosidad del control del aislamiento.

La ministra de Seguridad Sabina Frederic ya ordenó el incremento de personal uniformado de las fuerzas de seguridad para salir a patrullar las calles en los operativos de control de la cuarentena. No se dieron detalles de la cantidad de efectivos que sumarán pero ya es un hecho que habrá más gendarmes o prefectos en los operativos de cuarentena. «Habrá más fuerzas en todo el país y se buscará mantener el nivel de acatamiento que se vio hasta ahora», resumió una fuente de la Casa Rosada.

La decisión del Gobierno de sacar más gendarmes o prefectos a las calles tiene que ver con un mandato del Presidente de no utilizar «bajo ninguna circunstancia» a los militares en los controles callejeros. Es lo que ordena la ley de seguridad interior y que el jefe de Estado no está dispuesto a incumplir. Sin embargo, el ministro de Defensa Agustín Rossi, obutvo un incremento de 500 millones de pesos en el presupuesto de las Fuerzas Armadas para sustentar todos los operativos de contención social que realizan los militares en distintos puntos del país, la puesta a punto de hospitales y la instrumentación de vuelos humanitarios para repatriar argentinos. Todo esto también forma parte del programa del Gobierno para hacer de la cuarentena un cumplimiento estricto.

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Por su parte, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, puso en marcha el programa «El barrio cuida al barrio» que consta de tres objetivos: fortalecer la asistencia alimentaria, avanzar en la conformación de los comités locales y lograr que la gente no se movilice. El programa desarrollará con promotores y promotoras comunitarias de los municipios o de los movimientos sociales, un control en el conurbano para difundir medidas preventivas, distribuir elementos de seguridad e higiene, asegurar el aislamiento social y poner en marcha un mapeo con la población de riesgo como embarazadas, personas mayores de 60 años y aquellos con patologías crónicas.

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