La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires define esta semana si aprueba el desafuero del legislador de Juntos, Juan Pablo Allan, por su participación en la reunión donde se impulsaba el supuesto armado de causas judiciales contra el exsindicalista Juan Pablo «Pata» Medina y otros dirigentes de la seccional platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) durante el año 2017.
En caso de que la Cámara Alta vote en contra de su desafuero, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak deberá posponer su indagatoria al legislador de Juntos por La Plata, la cual está prevista que sea el próximo 21 de marzo.
En ese marco, el magistrado le tomará declaración indagatoria durante esta semana a los tres exfuncionarios del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal que están imputados en esa causa. Ellos son: Marcelo Villegas (18 de marzo); el entonces ministro de Infraestructura de la misma provincia Roberto Gigante (16 de marzo) y el subsecretario de Justicia Adrián Grassi (17 de marzo).
El turno de los exfuncionarios llega después de que fueran indagados seis empresarios de la construcción que el 15 de junio del 2017 participaron de la reunión desarrollada en la sede porteña del Banco Provincia (BAPRO), a la que también asistieron directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y en la que el tema exclusivo fue analizar acciones contra dirigentes de UOCRA La Plata.
Los empresarios indagados desplegaron en sus descargos (la mayoría por escrito) conceptos similares: aseguraron que no sabían en la reunión del BAPRO había agentes de la AFI, que asistieron convocados por el Ministerio de Trabajo para plantear «institucionalmente» sus conflictos con el gremio de la construcción, que jamás supieron que estaban siendo grabados y que eran víctimas de reclamos gremiales por fuera del convenio colectivo de trabajo que rige a la actividad en el ámbito nacional. Uno de ellos narró que delegados gremiales le reclamaban la compra de «Coca Cola» para el almuerzo de los trabajadores.
Los exfuncionarios del gobierno de Vidal no podrán recurrir a la misma estrategia. En el caso de Villegas fue señalado como el ministro convocante al encuentro, pero además, tanto él como Grassi, registran ingresos al edificio de la AFI durante el 2017 para reunirse con el exdirector de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra (que asistió a la reunión), por lo que resultaría extraño que plantearan que no sabían que era un espía. Esa información está volcada en el expediente al igual que la información extraída de la agenda de trabajo del extitular de la cartera laboral bonaerense, donde figura un encuentro previsto para el 12 de junio de 2017 en la Capital Federal, con Grassi y la exsubdiretora de la AFI Silvia Majdalani.
La línea de tiempo sobre la que trabajan los investigadores incluye también el dato de que Villegas coincidió con el exdirector de la AFI Gustavo Arribas en la Casa Rosada el 4 de mayo de 2017, una mañana en la que ambos llegaron al palacio de Gobierno con tres minutos de diferencia y anunciaron que iban a la secretaría privada.
La causa se inició por una denuncia que presentó la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, tras el hallazgo por parte de ese organismo de videos de la reunión celebrada en el BAPRO. Los registros de aquel encuentro fueron encontrados mientras se llevaban a cabo procedimientos de rutina de limpieza de discos rígidos, según se informó oficialmente.
«Créeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría», se lo escuchaba decir al entonces ministro Villegas en los videos de la reunión con los empresarios y los funcionarios de la AFI. En aquella cita, los funcionarios de Vidal y los espías -entre los que estaba también el entonces director de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián De Stéfano– instaron a los empresarios que manifestaban tener problemas con la UOCRA a que presentaran notas ante el Ministerio de Trabajo provincial y que utilizaran palabras clave como «amenaza» y «extorsión». Esos escritos fueron presentados luego ante la Justicia Federal de Quilmes en el marco de un expediente iniciado por una denuncia anónima contra el Pata Medina a la que el juez Luis Armella hizo lugar a pesar de que la fiscalía opinó que debía tramitar en La Plata.
El video fue el disparador de la investigación judicial pero la pesquisa no está solo centrada en eso: en la causa se detectaron decenas de llamadas entre los imputados y hasta con el juez Armella, quien finalmente fue el que dispuso la detención de Medina.
A los imputados se los acusa de haber participado, durante 2017, en la ejecución de una estrategia, elaborada por miembros de los gobiernos nacional, provincial y municipal de entonces, para impulsar denuncias e involucrar así en investigaciones penales a dirigentes de la UOCRA platense.
«La materialización de dicha estrategia se habría dado no sólo a través del aporte de elementos probatorios -tales como la formulación de denuncias, declaraciones testimoniales, entre otros– sino también de gestiones paralelas al desarrollo de los procesos penales, tendientes a producir efectos en ellos, que involucran actividades de inteligencia ilegal e infracción a disposiciones legales de orden procesal», según surge del expediente al que accedió 0221.com.ar.
