Desde hace cuatro años, Leonor, Remigio (su marido), Belén (hija de ambos) y Mía (nieta de la pareja) van a vender empanadas cada vez que hay una movilización grande o algún recital donde presumen que les puede ir bien. Por eso fueron a la zona del Congreso cuando se discutía la Ley Bases. Se habían ubicado en una vereda «por las dudas, porque dicen que no hay que cortar la calle», contó Leonor, la madraza de la familia Ocampo. Cuando empezaron a volar gases y balas de goma se movieron unos metros, pero pasado un rato ella le dijo a su esposo que quería recuperar una conservadora que habían dejado en el lugar. Remigio, que tiene 64, se demoraba. Cuando lo fueron a buscar lo encontraron rodeado de policías que lo golpeaban mientras estaba tendido en el piso. Hija y nieta intentaron ayudarlo pero terminaron detenidas con él. A ellas las mandaron al penal de Ezeiza, a él a Marcos Paz. Lo que les ocurrió ilustra el tenor de la represión y los arrestos, a los que se sumó la imputación del fiscal Carlos Stornelli por delitos que incluyen un posible alzamiento contra el orden constitucional, que pretende agravar con terrorismo. A última hora de este viernes formaron parte del grupo de 17 personas a quienes la jueza María Servini les concedió la libertad. Para las 16 que permanecen presas no hay más explicaciones gravedad de los supuestos delitos, los peligros procesales y que todavía hay pruebas pendientes.

Los Ocampo integraban un primer grupo que había quedado a disposición de los tribunales federales y que fueron indagados el jueves en Comodoro Py. El viernes fue el turno de otra tanda de arrestos que pasaron de los tribunales porteños a la justicia federal. Esto no fue casual: permitió que las imputaciones no quedaran en atentado y/o resistencia a la autoridad –que son excarcelables– sino que habilitaba delitos más graves, con penas elevadas, en línea con la advertencia del posteo de la Oficina del Presidente, que felicitó a las fuerzas de seguridad «por su excelente accionar reprimiendo a quienes describió como «grupos terroristas» a los que le adjudicó un intento de «golpe de Estado».

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se subió a la ola y hasta propuso en un comunicado qué figuras penales había que usar, algo que Stornelli tomó casi al pie de la letra. Bullrich amagó con ser querellante, pero pareciera que vio que le convenía controlar la producción de «pruebas» con sus fuerzas de seguridad. Entonces apareció en escena la vicepresidenta Victoria Villarruel, y anunció en la red «X» que ella como titular del Senado pedía ser querellante «por los daños sufridos en los edificios históricos del Senado de la Nación». «Se terminó el país de los violentos. Quien comete un delito debe responder», posteó, una afirmación con la que difícilmente alguien pueda discrepar. La pregunta es quiénes son «los violentos». Como informó Página/12, las personas detenidas no son precisamente las que incendiaron el auto de Cadena 3 o alguno que agitaba encapuchado y luego se metía detrás de la valla donde había efectivos que lo recibían con palmadas. Servini aceptó que Villarruel sea querellante. Si en la pesquisa continúan fuerzas federales, el gobierno libertario tendrá la causa bajo control, algo que de todos modos ya pareció garantizarle el fiscal Stornelli.

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La espera insoportable

Este viernes el tercer piso de los tribunales de Retiro donde está el juzgado de Servini se llenó de abogados/a, familiares y amigos/as de las personas privadas de su libertad, en especial las que habían sido llevadas ahí para ser indagadas. Al resto ya los habían mandado inexplicablemente a cárceles federales. Cuando caía la tarde cerraron las puertas y no dejaban entrar ni a los letrados/as. Dos largas hileras nunca vistas de uniformados cruzaban de lado a lado el hall del edificio. Afuera de la mole de Comodoro Py 2002, donde crecía una manifestación contra las detenciones, la policía copó la zona, con sus exponentes de la motorizada, y amedrentaba a los manifestantes.

Alan Juarez esperó a la intemperie noticias de su hermana Camila desde la madrugada. Silvia, su mamá, no se quería mover de ahí. No les daban información sobre la joven, no sabían nada. Camila tiene 33 años, dos hijos que no paran de preguntar por ella y es estudiante de sociología en la Universidad de San Martín. «Yo trabajo en Aerolíneas, así que había ido a manifestarme contra la privatización. Mi hermana había ido en apoyo con la asamblea barrial de San Martín, donde colabora con ollas populares. Llegaron a la tarde a la movilización, pero no pudo ni entrar a la plaza porque empezó la represión. Empezó a correr con otra compañera en dirección a la avenida 9 de julio. Las persiguió la policía en motos y las detuvieron lejos, en la intersección con Chile», relató Alan. Silvia había podido ver a Camila cinco minutos cuando estaba alojada en la Comisaría de la Comuna 15 en Chacarita. Había estado en un camión celular hasta las ocho de la mañana. En la seccional tenían a las mujeres esposadas en un pasillo. A la madrugada las llevaron a tribunales. La chica es una de las 16 personas que quedaron presas sin mayores explicaciones.

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En el caso de Camila, cuenta la abogada María del Carmen Verdú, la resolución que rechaza la excarcelación «es tan imprecisa que dice el imputado, en masculino, se ve que cortaron y pegaron con el texto que le correspondía algún varón». Las negativas para otorgar la libertad, según las resoluciones que pudo cotejar este diario, hablan de manera genérica de la «gravedad de los hechos», los delitos que pueden tener penas que no son excarcelables, que hay medidas pendientes, que se buscan más responsabilidad, y que puede haber peligros procesales (fuga o entorpecimiento de la investigación). La acusación, como suele ocurrir en los arrestos en movilizaciones sociales, se basan en las actas policiales. En una planilla de uso interno donde figuraban todos los nombres y quienes serían liberados y quienes no, para estos últimos hay una típica descripción policial: «pega policía», «ataca moto», «tira piedra», «ayuda foto», «filmado», «patea policía», «salta valla», «granada», «bici» (que habría sido quemada).

Excarceladas a no, todas las personas detenidas siguen investigadas. Para el fiscal Stornelli aquellas descripciones de las actas equivalen a: «haber participado, junto con otras personas, algunas de ellas no identificadas, en los hechos que, con el objeto de incitar a la violencia colectiva contra las instituciones, imponer sus ideas o combatirlas ajenas por la fuerza o la intimidación, infundiendo temor público y suscitando tumultos y desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática, tuvieron lugar el 12 de junio del corriente año, con el propósito de perturbar y o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta, quienes en ese momento se encontraban debatiendo parlamentariamente con relación a la denominada de partida para la libertad de los argentinos». Agregaba daños a «dos automóviles, tachos de basura, veredas, puertas de viviendas y comercios, el lanzamiento de elementos en llamas, piedras, palos y elementos contundentes hacia el Congreso y las fuerzas de seguridad».

«Donde no tenía que estar»

La descripción de quien queda detenido y no será excarcelado porque «salta la valla», se refiere a Facundo Gómez, quien estaba al atardecer frente al Congreso en la manifestación y le sonó el celular. Era un llamado de su mamá, Elena, que estaba mirando la televisión y empezó a preocuparse. Facundo, de 31 años, estaba junto a una valla cuando atendió, comenzó la conversación pero no pudo terminarla porque lo agarraron. Suena difícil que estuviera saltando en ese momento. Elena llamó cuatro veces y ya no atendió. Al último intento atendió un policía. «No soy Facundo, él está detenido por averiguación de antecedentes. Estaba en un lugar donde no tenía que estar», escuchó la mujer delgada, que tiene el pelo largo gris ondulado hasta la cintura. Le hizo ruido la frase, ya que no existen las detenciones por «averiguación de antecedentes» a la vieja usanza. «No se preocupe», insistió su temible interlocutor. Facundo estaba en un camión celular y ella lo escuchó gritar: «¡Yo no estaba en ese lugar!», contó Elena.

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El joven de 31 años trabaja con ella. Venden café en la Plaza Cortázar. Suelen ir a movilizaciones. Ella tuvo el reflejo de buscar organismos de derechos humanos hasta poder saber dónde estaba. Había terminado en el penal de Ezeiza. Pudo hablar unos minutos con él por teléfono. «Me trató de tranquilizar, porque soy su mamá. Encima me pedía perdón. Perdón tendría que pedir la policía. Yo voy a hacer todo lo que sea para poder resolver esto. Ni antecedentes tiene. Tengo mucha bronca», dijo con firmeza.

Lucila Adano, ilustradora y hermana del músico Santiago Adano, relató que cada uno había ido por su lado a la movilización. E fue con la asamblea vecinal de Caballito. «El insistió para volver a buscar su auto, se tenía que tomar la línea A. Estaba parado en al vereda y los policías lo agarraron y lo tironearon por la espalda. El grita, está registrado, que lo estaban asfixiando. Tenía como 30 policías alrededor. Lo llevaron a Madariaga. Familia, amigues, la Correpi fuimos para allá. Llevamos comida que nunca le dieron. Después supe que él se había descompensado», relató. Lucila logró el viernes entrar a Comodoro Py, se lo pudo cruzar en un pasillo, abrazarlo y sentir el llanto. Después decidió no esperar ahí sino con amigos. El día para ellos terminó con la noticia de la liberación.

No fue para todos igual y que sean casi mitad y mitad detenidos y liberados parece sugestivo. Se verá como sigue esta historia durante el fin de semana. No hay dudas de que estas historias aquí reflejadas son el paradigma de la arbitrariedad de lo que sucedió y el manual de cómo detener gente al voleo.

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