De los 427 intendentes y jefes comunales que tiene Córdoba, 48 gobiernan sus comunidades sin pausa desde 1999. En 2023 cumplirán seis mandatos seguidos en el poder. Y quieren el séptimo. Hay otros 33 jefes municipales que, pese a guiar los destinos de sus pueblos de manera consecutiva a lo largo de casi 20 años –transcurren su quinto período–, pretenden un extra el año próximo. Son los casos más extremos, aunque hay otros con 16 y 12 años consecutivos en el poder.
Todos se encaminan a extender sus estadías, a pesar de que la ley vigente no lo permite. Hay confianza y seguridad de que tendrán la chance de volver a presentarse. Fuman dentro de una garrafa.
Desde el año pasado, el Gobierno provincial les dio garantías a los intendentes peronistas de que no tendrán que buscarse nuevo trabajo. Ahora llegó el momento de ejecutar la jugada.
El promisorio cambio que ordenó el gobernador Juan Schiaretti a finales de 2016 para limitar el atornillamiento al poder casi de por vida de cientos de intendentes e intendentas será pisoteado próximamente en la Unicameral. El cepo impuesto por ley quedará liberado más temprano que tarde.
En el peronismo hay excitación para que, de una vez, la mesa de entrada de la Unicameral le ponga el sello de “recibido” a los pedidos individuales de los jefes municipales para reinstaurar la re-reelección en aquellos municipios y comunas que carecen de carta orgánica y, por lo tanto, se rigen por el Código Electoral Provincial (CEP).
La ley electoral, que debiera ser un compendio casi sagrado de normas con apego y respeto por los principios democráticos elementales –entre ellos, la alternancia en el ejercicio del poder, pilar clave de la institucionalidad–, tendrá una nueva involución próximamente.
Con 141 impedidos por la ley 10.406 –modificatoria del CEP–, Hacemos por Córdoba es la fuerza política más interesada en extender la vida útil de sus intendentes y jefes comunales.
En el contexto de sucesión que vive el PJ por el fin de ciclo obligatorio del esquema De la Sota-Schiaretti, que gatilla indefectiblemente el año próximo, abrir frentes internos propios en esas localidades no es una opción viable en el oficialismo. El interior es la principal preocupación electoral de Martín Llaryora.
Entre los beneficiados, también hay una veintena de legisladores, la mayoría del PJ, impedidos al igual que los intendentes de presentarse nuevamente en 2023 si en 2019 fueron reelegidos. Algunos de ellos son parte del elenco casi permanente de la Legislatura en los últimos años, mientras que otros renuevan semestralmente sus licencias como legisladores, ya que revisten como ministros en el Poder Ejecutivo. Todos ellos accederán a una garantía política ampliada, como mínimo, hasta 2027.
Sin desesperar
Tiempistas y avezadas en el manejo político de pulsear siempre con la ventaja que otorga tener la sartén por el mango –la mayoría oficialista en la Unicameral permite hacer y deshacer con prescindencia de la oposición–, las espadas legislativas del schiarettismo esperan sin desesperar por el arribo de los pedidos formales de los opositores.
En el PRO hay 23 cartas ya escritas por intendentes que exhortan por la prórroga. Son los más desinhibidos. La mayoría de los radicales dijeron, por distintas vías y de manera informal, que harán lo propio. Son unos 70 quienes quieren seguir siendo intendentes y, como en los otros partidos, no se resignan a dejar paso a la renovación dirigencial.
“La gente nos vota; no es culpa nuestra permanecer tantos años en el poder”, responden los re-reelegidos. El argumento es endeble y, además, invierte la carga de la prueba: la responsabilidad se les asigna a quienes los eligen, puede inferirse en ese razonamiento que excluye el principio de alternancia y que no contempla que otros puedan gobernar mejor que ellos, una posibilidad abortada de origen por la angurria de poder que tapona el surgimiento de nuevos liderazgos.
El asunto no genera ni el más mínimo debate en el peronismo. En privado, hay ministros del gabinete de Schiaretti que dan por hecha la modificación legislativa. Sin embargo, no regalarán a los opositores esos tickets válidos por otros cuatro años en el poder.
Además de algunos votos opositores a favor para no quedar expuestos en soledad a la hora de levantar la mano en el recinto, el peronismo pretende que la modificación siembre una nueva grieta interna entre los socios de Juntos por el Cambio.
El Frente Cívico que comanda el senador Luis Juez –y que no tiene intendentes en ejercicio– se adelantó y ya sentó una posición hipercrítica sobre rehabilitar la “re-re”. El radicalismo y la Coalición Cívica querían consensuar una postura en común, para no aparecer abiertamente en contra de los intendentes socios.
En la Casa Radical y en el bloque Juntos UCR, rechazan de plano reinstaurar la re-reelección, pero pretenden preservar la relación con sus intendentes de cara al proceso electoral que se avecina. Está en juego la fecha en que llamarán a votar el año que viene.
