La Corte Suprema estrenará este jueves la metodología de celebrar un plenario remoto con una agenda que tiene como asunto protagónico la presentación de la vicepresidenta y titular del Senado Cristina Fernández de Kirchner, que pide una definición
sobre la validez constitucional de celebrar sesiones en el Congreso por videoconferencia.
El planteo, al que se sumó por la Cámara de Diputados su titular, Sergio Massa, intenta evitar o minimizar reclamos futuros en caso de que se apruebe una ley, como podría ocurrir con el proyecto sobre el impuesto a las grandes fortunas que tendrá respaldo del Poder Ejecutivo.
El encuentro a distancia no implica que haya una resolución inmediata, aunque la lógica sería que no pase de los próximos días dada la posibilidad inminente de un debate parlamentario. El tribunal planea, además, comenzar a trabajar de este modo y reinstalar una agenda de posibles fallos en causas que ya hayan circulado por la mayoría de los despachos.
El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, que es el juez “de feria”, ya le encomendó a uno de los secretarios de turno que elabore un proyecto. En el tribunal se muestran enigmáticos sobre la respuesta que darán, aunque en algunos despachos dejan en claro que el propio tribunal adoptó para sí la posibilidad de deliberar de manera remota y la necesidad de que el Poder Judicial comience a trabajar de ese modo.
En el Gobierno esperan una respuesta favorable al planteo, que en términos técnicos se llama “acción declarativa de certeza”, ya que se les pide a los jueces que se expidan sobre una duda constitucional ante una situación extraordinaria como la que plantea la pandemia del Covid-19, que impide que el Congreso se reúna de manera presencial, por los peligros que implica para la salud de sus integrantes y todas las personas que trabajan allí, y cuando la regla es el aislamiento social preventivo y obligatorio. La presentación de la vicepresidenta pide que se haga cesar el estado de incertidumbre, dado que el Poder Ejecutivo no puede dictar decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria y penal.
Según la presentación que hizo Graciana Peñafort, titular de asuntos Jurídicos del Senado, en el caso de esta cámara situaciones de gravedad institucional podrían funcionar como excepción a la regla de sesionar de manera presencial. En Diputados el reglamento señala casos de fuerza mayor. Por otro lado, Fernández de Kirchner hace mención a la disposición que la Corte tomó para sus propias deliberaciones.
Un punto clave, en términos de tiempos, será si los supremos aceptan su “competencia originaria” para fallar en este pedido, o si deciden mandarlo a un juzgado de primera instancia que defina. Algunos juristas advierten que por lo general la Corte se saca de encima planteos que hacen a la mecánica parlamentaria y decide una vez que se cuestiona la validez de una ley.
Un argumento posible sería que los reglamentos del Congreso son cuestiones políticas no judiciables; otro de los mencionados es que “no hay caso”, aunque la respuesta a esto también puede ser que haya una sesión convocada. Lo cierto es que en el universo jurídico muchos también admiten la circunstancia completamente atípica que se vive y la necesidad de que el Congreso funcione y este asunto tenga rápida resolución. Así lo explicaron, como informó ayer este diario, los constitucionalistas Gustavo Arballo y Andrés Gil Domínguez.
Una duda sobre la posibilidad de que un fallo se firme pronto es que aún no estaría habilitada dentro de la Corte la firma electrónica. Tampoco está claro si del acuerdo por videoconferencia participarán todos los supremos.
Mientras tanto, también se reunirá con la técnica remota por la mañana el Consejo de la Magistratura, con un temario que lo vincula con la Corte: el organismo probablemente emita una nota donde les informe a los supremos oficialmente su situación deficitaria y el pedido (o insinuación) de fondos. Se estima que faltarán 15.000 millones de pesos de junio a diciembre para el pago de salarios en el Poder Judicial. En el cuerpo hay quienes aspiran a que la Corte habilite dinero de su fondo anticíclico.
Por otro lado, pedirían fondos también para implementar las reformas tecnológicas que, según el máximo tribunal estableció en su última acordada, plantea el funcionamiento a distancia. Y harán alguna reforma reglamentaria para que la justicia pueda funcionar de ese modo.
