La pandemia de Covid-19 desmoviliza a la sociedad, impidiéndole utilizar su mejor arma para defender sus derechos, mientras otros actores – entre ellos el Poder Judicial -, sin ese freno hacen su juego con más libertad y casi sin tapujos.
Con la llegada de la pandemia, hace aproximadamente un año, las medidas que comenzaron a adoptarse para enfrentarla, inevitablemente terminarían deteriorando la economía. Esto no es un dato local sino que afecta al escenario global, aunque haya habido gobiernos que tuvieran una actitud de despreocupación completa con respecto al abordaje del Covid19, por considerar que éste no podía obstaculizar el despliegue económico. El coronavirus, aunque lo hayan considerado como “una gripecita” no dejó de afectar a los países gobernados por quienes así lo tildaran.
Habría que convenir en que la actual crisis producida por la pandemia no es un mero accidente, una rara excepción a la regla, sino un síntoma estructural más, producido por el modelo actual de acumulación capitalista. Se da enmarcada en un proceso de deterioro creciente del medio ambiente, principalmente apuntalado por los agronegocios y que no permite vislumbrar ninguna atenuación. No se trata pues de disminuir la brecha entre los que más y menos tienen sino de revertir este proceso para generar otro modelo de acumulación económica que no permita, entre otras cosas, el desplazamiento de grandes masas de habitantes del campo para engrosar precarios asentamientos urbanos, condenándolos a la marginación.
Foto: Horacio Paone.
Si nos atenemos a la norma, las crisis siempre las pagan y las sufren mucho más los sectores populares que los verdaderos hacedores de las mismas que además están preparados para encararlas intentando obtener ganancias de ellas. De todas formas una crisis siempre ofrece un grado de indeterminación que la convierte en posibilidad. Bajo la leve salvedad de que hoy en la Argentina no gobierna la derecha, estando al frente el peronismo, uno podría preguntarse cuánto margen favorable poseen los sectores populares para zafar de la depresión. Esa respuesta sólo puede darse en el día a día descartando cualquier conjetura cercana a la justificación.
En la Argentina cualquier intento de redistribución que a su vez pueda permitir la reversión del actual modelo de acumulación económica siempre encontrará grandes adversidades a las cuales sólo se podrá sortearlas si se lo hace con gran determinación y sobre todo mostrando potentes relaciones de fuerza. Este último componente no deja de ser quien impulsa en última instancia la voluntad de cambio. Tras muchos años de gobiernos progresistas interrumpidos por cuatro años de rapiña macrista, no se pudo nunca avanzar en transformar la matriz productiva preponderantemente agroexportadora ni revertir la especulación financiera que condena a millones a la marginación.
El aislamiento social creado por la pandemia produjo un grado significativo de desmovilización social, principalmente por el hecho de que las organizaciones populares fueron de las primeras en advertir el riesgo sanitario y el cuidado de sus adeptos. No es el caso por cierto de la derecha que aprovechó esas circunstancias para ganar las calles ante la inmovilidad del resto a sabiendas del apoyo irrestricto de los grandes medios. Tampoco desde el gobierno se adoptaron medidas para evitarlo cayendo en los mismos prejuicios liberales de los que sacaban a relucir sus cacerolas.
Distinta vara
Antes de fin de año, el 28 de diciembre el presidente de Bolivia Luis Arce promulgó la Ley 1357 de Impuesto a las Grandes Fortunas. La medida consiste en el cobro a todos aquellos ciudadanos que superen en sus arcas los 30 millones de bolivianos. El Estado recaudará unos 4,3 millones de dólares mensuales, y que alcanzará a 152 personas fraccionadas en 3 segmentos. Lo interesante de la medida es que dicho impuesto será permanente.
A diferencia del “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia” sancionado en nuestro país, el impuesto boliviano tendrá extensión en el tiempo y eso dará mucho mayor previsibilidad que el cobro de determinada cuota una sola vez. Lo interesante es saber qué ocurre cada vez que en nuestro país se intentan plasmar medidas que verdaderamente pueden aportar a revertir el modelo de acumulación económica.
Si se googlea impuesto a la riqueza en la Argentina, curiosamente la mayor cantidad de información corresponde a bufetes de abogados preparados para actuar en contra de “medidas comunistas” que propician “expropiación, “confiscación” en el marco de una creciente “inconstitucionalidad”. Respuestas exageradas a medidas que no dejan de ser tenues. Los grandes medios son la principal caja de resonancia.
El gobierno judicial
No alcanza con señalar determinadas falencias si no se pone en marcha algo que pueda cambiarlas. “Como yo soy un republicano de verdad, respeto la autonomía judicial, pero no quiere decir que avale lo que ellos hacen” dijo el presidente Alberto Fernández para luego afirmar que “La Corte está mal y lo que era un tribunal prestigioso en los años de Néstor hoy es un tribunal muy poco calificado socialmente”.
Durante este gobierno no se pudo lograr la expropiación de Vicentín, una empresa plagada de irregularidades con indicios claros de delincuencia económica, y que hubiera logrado una mejor plataforma para el comercio de granos. El poder judicial les puso el freno.
El desalojo de centenares de pobladores en Guernica el año pasado, fue motorizado por el poder judicial, haciendo que las fuerzas de seguridad vayan en la dirección que esa corporación les señalaba. Se sabe que ni el mismo gobernador Axel Kicillof ni el Ministerio de Desarrollo nacional estaban a favor del desalojo aunque carecían de cualquier margen de acción para impedirlo. ¿Esto será ser “republicano de verdad”?
Aproximadamente 10 años atrás, la por entonces presidente Cristina Kirchner no dejaba de hablar de la “Justicia cautelar” o de la “máquina de impedir”. Por aquellos años se hablaba de “profundizar un proyecto” que cada vez fue quedando más en la superficie de un realismo político hoy dominante.
Mientras el poder judicial sea uno de los principales bastiones heredados de la dictadura cívico militar, no se podrá avanzar demasiado. Se podrán decir muchas cosas.
Para todos aquellos que no dejan de señalar que “no hay que hacerle el juego a la derecha”, habría que precisar que éste es ese juego porque les estamos permitiendo que se reagrupen, organicen y tengan mayor piso de sustentación que los sectores populares.
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