La Libertad Avanza, la alianza de extrema derecha que encabeza Javier Milei tiene en claro sus objetivos. Tanto en materia económica, laboral, tecnológica, educativa, de salud y de seguridad su propuesta incluye privatizaciones, eliminación de la ESI, libre protación de armas, la desaparición del Banco Central y la dolarización.
Los puntos clave de la plataforma política de Milei
En la propuesta política de La Libertad Avanza hay algunos puntos clave que es preciso citar de manera textual. A saber: «volver a ser el país pujante que éramos a comienzos del año 1900». Para esto proponen una reforma «integral», dividida en tres etapas, que llevará, según sus cálculos, 35 años.
En la primera, se propone un «fuerte recorte del gasto público», «baja de los impuestos» y «flexibilización laboral»; que acompañarían a una reforma financiera con una «banca libre y desregulada junto a la libre competencia de divisas».
La segunda propuesta promete barrer con el sistema público de jubilaciones y pensiones, promoviendo su privatización, un programa de retiros voluntarios, la eliminación de los planes sociales y «liquidación del Banco Central». Y en un tercer nivel, la privatización de los sistemas de salud y educativo, con reformas en ambos sectores.
La lista de políticas a aplicar expresa el armado de Milei. Ideas reaccionarias, individualistas y anti Estado, con un fuerte componente de liberalización de todos los órdenes de la vida a las reglas del mercado. De esta forma, en el marco del achicamiento de los servicios estatales, el economista ultraliberal propone la «privatización de las empresas públicas deficitarias» y el financiamiento de la obra pública mediante iniciativas privadas.
La dolarización de Milei
La dolarización, otro de los pilares del discurso libertario se postula como variante a la «competencia de monedas que permita a los ciudadanos elegir el sistema monetario libremente», una vez eliminado el cepo cambiario y suprimido el Banco Central. También se avanzaría con la eliminación de las retenciones a la exportación y los derechos de importación.
Asimismo, la reforma laboral apunta a reducir cargas patronales e imponer un «sistema de seguro de desempleo» que reemplace a las indemnizaciones por despidos sin causa. Lo que en la plataforma se vislumbra como «el fin de la industria del juicio».
Victoria Villaruel, defensora de genocidas
La defensora de genocidas Victoria Villarruel se ve en cada una de las iniciativas relacionadas a la Seguridad. Entre otros problemas a resolver, se mencionan la «falta de personal profesionalizado», la «permeabilidad» de las fronteras y la «ideologización a favor del detenido» en las unidades penitenciarias.
Su abanico de soluciones abarca: «militarización de los institutos durante el período de transición», impulsar proyectos para «reducir la edad de imputabilidad de los menores» y «eliminar de la legislación penal cláusulas garantistas».
También se plantea desregular el mercado legal para la tenencia de armas de fuego y «proteger su uso legítimo» por parte de los ciudadanos. Una vez más, y sin vueltas, los libertarios proponen implementar «una doctrina de Seguridad Nacional» que promueva «la reafirmación soberana nacional en todas las áreas geográficas donde se viera amenazada o peligre la supervivencia del Estado garantizando y manteniendo la seguridad territorial y estilos tradicionales de vida».
Eliminar Salud, Educación y Desarrollo Social
Por otra parte, desde La Libertad Avanza proponen fusionar los actuales ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación; en uno con terminología acorde a la visión empresarial de la plataforma: Capital Humano. En esta categoría, las propuestas parecen haber sido diseñadas a la medida de las exigencias de los grupos antiderechos que integran la alianza. De esta manera, se propone «proteger al niño desde la concepción» y «eliminar la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza».
Además, se avanzaría en una desregulación estas áreas. En Salud, esto implica «arancelar todas las prestaciones», la «creación de un seguro universal» que sea «proporcional a la capacidad de pago del receptor del servicio», «que tanto profesional como paciente puedan pactar los honorarios a pagar» y la posibilidad de cobrar todos los gastos médicos a aquellos «residentes extranjeros que demuestren disponibilidad económica». En tanto, el sistema educativo público será reemplazado por un «sistema de vouchers», se incentivará la «competencia entre instituciones» y se modificará el estatuto docente para facilitar la «posibilidad de despido».
