A diez años de la represión desatada en el Borda, la fuerza policial de la ciudad de Buenos Aires continúa administrando el delito, castigando la protesta social, al servicio del diseño de ciudad del gobierno porteño, como la demolición de un centro cultural para instalar un canil.
ESPACIOS. La Policía de la Ciudad funciona como un ente regulador del delito en los territorios y como generadora de violencia política cuando esta es necesaria para los objetivos de Cambiemos. Distintos episodios vividos en los últimos días dan cuenta de esa forma de operar, en la cual nada nuevo observamos al decir que, es también una fuerza de ocupación del espacio público cuando el mismo es disputado para uso de negocios privados.
Este 26 de abril se cumplirán 10 años de la represión a mansalva que sufrieron las trabajadoras y trabajadores del Hospital Borda, que pese a todo lograron detener la construcción de un centro cívico en el lugar donde funcionaban talleres protegidos. La represión fue llevada adelante por la antecesora de la Policía de la Ciudad, es decir la Metropolitana, comandada en ese entonces por Horacio Giménez, dejando un saldo de unos 50 heridos, que incluyó además de los trabajadores y pacientes a periodistas y legisladores. Por el ataque al hospital, un hecho que ni siquiera en tiempos de guerra se comete, fueron procesados la vicejefa, María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín; el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro; la ministra de Salud, Graciela Reybaud, y el subjefe de la Metropolitana, Enrique Pedace, los agentes Rubén Darío Pachano y Martín Roth.
Giménez en ese entonces ya tenía una vasta experiencia represiva. En 2011 la expulsión de la Federal por la ministra Nilda Garré fue como una especie de galardón para que fuera nombrado jefe de la Metropolitana. Su carrera como policía comenzó a los 18, cuando en 1972 entró a la Escuela de Cadetes de la Federal. Tres años después fue enviado a Tucumán, donde participó del Operativo Independencia, en donde hubo unos 700 desaparecidos. En esta provincia fue reclutado por el Ejército durante tres meses para realizar tareas de inteligencia.
No paso mucho tiempo para que todos los actores involucrados en la operación Borda fueran exculpados, menos el policía Roth, que fue apartado de la fuerza. Otras represiones violentas se produjeron antes y después, entre ellas la del Parque Indoamericano y la de los trabajadores de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín. Esta ocupación del espacio público no es azarosa, tiene su diseño y sus dispositivos para cumplimentar la expansión del mercado inmobiliario.
En la madrugada del jueves pasado, a eso de las cinco de la mañana, unos cien efectivos de la Policía de la Ciudad rodearon El Galpón de Villa Ortuzar, donde funcionaba un centro de jubiladas y jubilados, una biblioteca y un bachillerato popular, para prevenir una posible protesta de los vecinos, ausentes por el feriado y por la hora. Los vecinos perjudicados, presentaron recursos de amparo para detener la acción de las topadoras que demolieron la edificación, para construir un canil y una plaza de juegos, pero las presentaciones en la justicia quedaron en la nada. En realidad, en Villa Ortuzar la construcción de edificios aumentó un 500% en el último año y la construcción de la plaza y el canil, viene de la mano de construir espacios afines a la gentrificación que se genera en un barrio conformado por casas bajas y para incentivar las inversiones inmobiliarias, tal como denuncia el colectivo vecinal Somos Ortúzar.
POLÍTICA. La operatividad política de la Policía de la Ciudad está imbricada en la capacidad de generar violencia con sus mecanismos represivos y tienen siempre un objetivo político. Esto se vio en los días en los cuales una multitud se congregaba en la puerta del edificio donde vive Cristina Fernández en Recoleta. Una de esas noches, un grupo de acólitos de Cambiemos se presentó para hostigar a quienes manifestaban su solidaridad con la vice presidenta. Todo terminó con una represión violenta a los hostigados, entre ellos varios diputados y senadores, incluido Máximo Kirchner.
Días después y ya en los albores del intento de magnicidio, la misma fuerza en conjunto con la Dirección General de Control, levantaron todos los puestos de choripán que se habían instalado en la zona, una medida que no estuvo exenta de violencia y donde sintomáticamente, no arriaron con el puesto que fabricaba los copitos de azúcar, perteneciente a la banda que apretó el gatillo contra la sien de la vice presidenta. Un hecho que muchos vieron y denunciaron como un acto de complicidad de la fuerza en el intento funesto malogrado. Una conjetura no descabellada, viendo quienes eran los sospechosos de mover los hilos y del financiamiento de la banda de lúmpenes que llevaron adelante la intentona.
Esto también reclama una investigación, pero la causa cayó en la justicia porteña, cuya laxitud y aleación con la Policía de la Ciudad es parte del diseño y en el juzgado de la doctora Capucceti, cuyo concepto de imparcialidad judicial es bastante dudoso. El asesinato del trabajador Daniel Barrientos en un robo inusual, por la hora en que se concretó y por el armamento usado, tuvo, claro está, un aprovechamiento político por parte de Patricia Bullrich y Cambiemos, que han naturalizado el uso de la muerte ajena con fines electorales. En ese contexto se puede señalar como un error la presencia de Berni en la asamblea de choferes enardecidos por la muerte de un compañero. Después de recibir los golpes por todos vistos, la Policía de la Ciudad desató una fuerte represión y en una reunión evidentemente manipulada, donde alguien se cree su personaje (hablamos de Berni), los zócalos de América 24 que mostraban las escenas, decían: “La policía de Berni agrede a manifestantes”. Cuando en realidad era la policía de Larreta. Pero la instalación mediática ya estaba rodando y el discurso antipolítica que pregona la ultra derecha también. Ese tipo de discurso se podía escuchar en el grito de la multitud que resistía los embates policiales con la consigna: Que se vayan todos, que no quede ni uno solo.
Larreta estrechando manos de una policía macanuda y cercana. La línea de comunicación oficial.
MEDIOS. El móvil con sus cámaras y noteros, recorre una calle del conurbano cercana al lugar donde Daniel Barrientos fue fusilado, no se ve gente en los alrededores, solo un vecino que corta el pasto en el patio de su casa. Allí es entrevistado con preguntas de manual. Se le hace decir lo que se quiere emitir, que hay muchos robos, que no se puede salir a la calle, que el gobierno protege a los delincuentes. Mientras habla, por la vereda de enfrente camina una chica que lleva una mochila. No pasan más de unos instantes, para que aparezcan dos jóvenes montados en una moto y le roben la mochila. La cámara registra el robo, al vecino que abandona la cortadora de césped y corre a refugiarse en su casa y a la joven víctima del suceso que llora sentada en el cordón. La alegría de los noteros se hace euforia, han podido registrar lo que el aparato mediático quiere mostrar, que no se puede caminar por las calles porque están llenas de ladrones y asesinos. Entonces, al igual que Nabokov, nos podemos preguntar, si es real la realidad o si solo se trata de las imágenes de un sueño ofuscado. Una pesadilla proyectada en un escenario de contienda electoral, donde la derecha con un discurso de lenguaje extremo, no escatima medios para arrastrar votos y en el cual la utilización de la muerte de un trabajador suele pagar muy bien. En esa funcionalidad de un objetivo político, se dejan de lado por parte de los medios hegemónicos interrogantes reales y concretos, cómo que hizo la cámara que nuclea a los empresarios de las empresas con los 2500 millones de pesos girados por el gobierno provincial para equipar con cámaras de seguridad a las unidades de transporte.
En esa ofensiva mediática, que quiere mostrar lo atroz que es vivir en el conurbano se dejan de lado estadísticas que desmienten tal atrocidad, cuando las tasas de criminalidad vienen a la baja tanto en la CABA, Conurbano y el resto del país. Por ejemplo, según los últimos datos conocidos, la tasa de homicidios es de 4,6 cada 100.000 una cifra para nada comparable con los 22 cada 100.000 de Brasil, los 24 de Colombia y los 28 de México e incluso mejor que la de Estados Unidos con sus 7. De esta cifra, de 4,6 se debería desglosar cuántos son los homicidios perpetrados por integrantes de las fuerzas de seguridad, según datos brindados por el recientemente creado Mapa de la Policía. De cada cinco femicidios cometidos en la Ciudad de Buenos Aires, uno es concretado por un integrante de la fuerza con su arma reglamentaria. También, habría que desglosar ya que de seguridad se trata, cuántos son los casos de gatillo fácil que conforman ese número.
