El peritaje sobre los audios que dieron origen al escándalo en la ANDIS terminó con diferencias de fondo entre los especialistas que intervinieron en el estudio. Cinco peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que participaron en representación del Ministerio Público Fiscal, firmaron un informe en disidencia y cuestionaron las conclusiones de los expertos de Gendarmería. Los técnicos dejaron planteada, antes de desarrollar sus observaciones, su disconformidad con la manera en que se cerró el dictamen: señalaron que no se les permitió incorporar sus discrepancias en el apartado de conclusiones.
Uno de los puntos centrales de la controversia es que, para los especialistas de la fiscalía, el informe de Gendarmería no ponderó adecuadamente los resultados de las pruebas que “permitieron reconocer características habituales de la producción vocal humana sin que se identificaran anomalías” que pudieran atribuirse a una generación sintética.
La discusión se produjo luego de que Gendarmería informara que no podía determinar científicamente si la voz de las grabaciones pertenecía a Diego Spagnuolo. Los expertos oficiales de Gendarmería detectaron indicios de regrabaciones, cortes y modificaciones en los archivos y consideraron que esas condiciones impedían utilizar el programa Forensia v2.0 para realizar una comparación de voces con garantías de validez científica.
Sin embargo, los peritos de la DATIP cuestionaron que esa limitación técnica terminara dejando sin efecto el cotejo. Sostuvieron que existían otros procedimientos disponibles para avanzar con el análisis, entre ellos evaluaciones perceptuales y semiautomáticas complementarias.
También señalaron una contradicción en el desarrollo del estudio: el 2 de septiembre se había considerado técnicamente apto para el cotejo el audio principal, lo que motivó que se convocara a Spagnuolo para obtener una muestra de su voz. Dos semanas después, esa comparación fue descartada por las mismas anomalías que ya estaban presentes en el archivo.
