Diputados bonaerenses de Juntos presentaron un proyecto para que el Gobierno de Axel Kicillof derogue el protocolo que permitió que los reclusos en cárceles provinciales tengan en su poder teléfonos celulares. La medida fue implementada desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de COVID-19.
En ese marco, desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) emitieron un comunicado para contestar las manifestaciones de fuerzas opositoras y así explicar varias cuestiones ligadas a la implementación de este protocolo, el cual regula la utilización de celulares por parte de detenidos en unidades penales de la provincia.
«En primer lugar, corresponde aclarar que esta disposición fue llevada adelante en el ámbito penitenciario bonaerense luego de una decisión del máximo tribunal penal de la provincia, que así lo dispuso. Las razones de esta resolución judicial estuvieron ligadas a la pandemia de COVID-19 y a la necesidad de cesar las visitas a las personas detenidas en unidades penales como forma de evitar contagios masivos que colapsaran el sistema de Salud público», detallaron.
En eses sentido, indicaron que la puesta en funcionamiento de esta medida se llevó a cabo «a través de un estricto protocolo que establece pautas rigurosas de uso». «Este instrumento fue validado por autoridades judiciales y se basa en antecedentes internacionales en la materia», completaron. Y agregaron que el protocolo, «entre otras disposiciones, circunscribe su utilización a las actividades educativas a distancia y a los contactos familiares, establece un registro de celulares que identifica fehacientemente a cada usuario, delimita los ámbitos habilitados para el uso de telefonía celular y prohíbe las redes sociales (con excepción de WhatsApp)».
A su vez, aclararon que el protocolo aludido se implementó en línea con decisiones adoptadas en este mismo sentido por 14 provincias de nuestro país y servicios penitenciarios de Europa (entre ellos, el de España y Gran Bretaña). «Desde la regulación del uso de los celulares no solo se ha logrado disminuir la cantidad de delitos cometidos desde las unidades penales a través de dispositivos móviles, sino que la implementación del protocolo posibilitó el rápido esclarecimiento de ese tipo de ilícitos y la pronta imposición de la sanción correspondiente», argumentaron las autoridades del SPB.
Por otro lado, se refirieron a las manifestaciones públicas realizadas por los diputados de Juntos Alex Campbell y Matías Ranzini y remarcaron que «el Gobierno provincial no recurrió decisiones judiciales liberatorias de personas detenidas, corresponden realizar las siguientes aclaraciones». «En primer lugar, y en honor al sistema republicano, son funciones ajenas al Poder Ejecutivo la de detener o liberar personas». «Tampoco está dentro de las funciones de las distintas carteras de gobierno la de recurrir resoluciones en procesos judiciales. Esta última función es propia y exclusiva del Ministerio Público, así como de los organismos de la Constitución, personas o asociaciones que pueden asumir un rol procesal», señalaron.
Por último, indicaron que «en torno a la preocupación por la liberación de personas detenidas y de acuerdo con las estadísticas que produce la Procuración General de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, vale traer a colación que en el año 2015 fueron 34.443 las personas que recuperaron la libertad desde cárceles y comisarías bonaerenses». «Ese número fue creciendo en los años siguientes hasta llegar a 42.061 personas en 2019. Esa tendencia se revirtió a partir de 2020. En ese año ese universo de personas alcanzó las 36.257 y, al 10 de agosto de 2021, se registraron en esa misma categoría 33.715″, concluyeron.
