El fiscal Pollicita inició las primeras medidas en la causa penal. El Consejo de la Magistratura aprobó pedir información impositiva del juez.

El juez federal Luis Rodríguez enfrenta una investigación simultánea en dos frentes enfocada en su patrimonio, que tiene como eje la denuncia de cobro de un soborno de 10 millones de dólares a cambio de aliviar la situación de Carolina Pochetti, la viuda de fallecido Daniel Muñoz –secretario de Néstor Kirchner– en una causa por enriquecimiento. El fiscal Gerardo Pollicita impulsó ayer las primeras medidas en el expediente penal, que le delegó el juez Sebastián Casanello, y que se abrió después de que Pochetti revelara el supuesto pago de la coima al declarar como arrepentida en la causa de las fotocopias de los cuadernos. A la par, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó pedir información impositiva de Rodríguez y su pareja desde el ingreso de ambos al Poder Judicial.

Pollicita solicitó para comenzar algunas medidas básicas: que el juez Claudio Bonadio le remita las declaraciones como arrepentida de Pochetti, que es quien denuncia el soborno, y otras personas de su entorno. Pochetti está implicada en un tramo de la pesquisa donde hay 70 millones de dólares en el exterior (en dinero y sociedades) bajo sospecha. Es plata que habría sacado del país su marido, que falleció en 2016, pero sobre la cual se habría generado una estructura e ingeniería societaria que camuflara su origen. Originalmente se los investigó a Muñoz, Pochetti y un grupo de allegados por enriquecimiento. Hoy esto es una pata de la causa de los cuadernos, porque el juez y el fiscal Carlos Stornelli suponen que el origen espurio del dinero está vinculado con la obra pública y tienen interés en mostrar la conexión con los Kirchner, en especial con Cristina Fernández de Kirchner, algo que hasta ahora no logran. Lo que sucede es que en sus inicios esa investigación estuvo a cargo de Rodríguez y, de hecho, fue apartado por la Cámara Federal y también denunciado por artilugios para aliviar la situación de los imputados. Al declarar como arrepentida por los cuadernos, Pochetti dijo que ese alivio llegó por el pago de un soborno al juez a través de su abogado Miguel Angel Pló.

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Otra de las declaraciones que pidió Pollicita es la de la arrepentida Elizabeth Ortiz Municoy, quien también se refirió a maniobras para ser desvinculada de aquella causa por enriquecimiento. Municoy fue pareja de Sergio Todisco, presunto testaferro de Muñoz y quedó ligada a sociedades offshore que adquirieron propiedades en Estados Unidos a nombre de Muñoz. A la vez, la fiscalía le pidió al Consejo de la Magistratura que le envíe todas las actuaciones contra el juez en las que vaya avanzando.

Precisamente ayer se reunió la comisión de Disciplina y Acusación, donde la investigación en cuestión está a cargo del consejero académico Diego Molea, pero se votaron medidas en conjunto. Los consejeros quieren conocer todos los haberes percibidos por Rodríguez y su esposa desde que ingresaron al poder judicial. Rodríguez fue nombrado juez federal en 2012 pero desde mucho antes había sido juez de instrucción. Su esposa, Silvia Arcos Valcarcel, trabajó en el propio Consejo pero ahora está en la Dirección de Bibliotecas de la Corte Suprema. También se requirieron todas las declaraciones juradas presentadas por ambos ante la AFIP. Y un tema que generó algo de debate interno fue qué hacer frente a la negativa de la Unidad de Información Financiera (UIF) a remitir información. La UIF es el órgano encargado de detectar y reportar operaciones sospechosas. Le dijo al Consejo que no podía responder por un tema de normativa acerca de cuándo y cómo puede remitir información de esta sensibilidad. Es evidente que la investigación deberá apuntar a establecer si Rodríguez tiene dinero oculto en algún lugar del planeta. El dato que surgió es que Bonadio ya pidió informes a ese organismo, posiblemente después de la declaración de Pochetti, y tal vez esa información –pedida desde el Poder Judicial– sí pueda ser remitida al Consejo.

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Hasta  ahora el Consejo abrió las declaraciones juradas de Rodríguez desde 2006 en adelante pero no hubo sorpresas. Declaraba una casa en Escobar y una camioneta Honda, en un comienzo. A fines de 2017, reconocía un patrimonio de 4.350.000 pesos. Un departamento de 215 metros cuadrados en Palermo de valor fiscal de 421 mil pesos, aunque el valor de mercado supera los 500 mil dólares. Consignó ahorros por 835.500 pesos y 61 mil dólares. Y en la apertura de los anexos reservados surgió que le donó a su esposa un departamento en la calle Juncal valuado en 700 mil pesos.

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