Los cuadernos tendrán truchadas, pero son nuestros. Esa parece ser la consigna de los jueces integrantes del Tribunal Oral Federal 7, dos de los cuales instaron al juez Marcelo Martínez de Giorgi a que deje de investigar las tachaduras, borrones y enmiendas en los cuadernos del exchofer de Planificación Oscar Centeno. Los magistrados argumentaron que de eso ya se van a ocupar ellos, cuando se haga el juicio oral, tal vez en 2024 o 2025. El tercer magistrado del TOF 7 -que ocupa el cargo de manera ilegal- directamente le exigió a Martínez de Giorgi que se inhiba de intervenir y que le envíe el expediente de inmediato al tribunal oral. En el juzgado de Martínez de Giorgi dicen que el magistrado no contestará con un simpe téngase presente, sino que responderá con una resolución más extensa en la que dirá que su investigación de las falsedades en los cuadernos no obstaculiza en nada el juicio que debe hacer el TOF 7. La intimación al juez fue por una iniciativa de la fiscal Fabiana León, una de las piezas del entramado macrista en Comodoro Py.
Historia del entuerto
La causa Cuadernos fue instruida por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, quienes se quedaron al frente del expediente con una jugarreta ilegal. En los cinco años transcurridos desde el inicio de la causa, ni Bonadio ni la Cámara Federal ni el TOF 7 ordenaron que se haga un peritaje sobre el original de los cuadernos Gloria, supuestamente escritos por Centeno. El chofer declaró, bajo juramento, que los había quemado. Después aparecieron sanitos y sin daño seis de los ocho originales, mediante otra maniobra grotesca. Fue a tres días de las elecciones presidenciales de 2019.
El empresario Armando Loson, del Grupo Albanesi, uno de los 46 empresarios imputados, verificó de entrada que todo lo referido a él era falso y que incluso no estaba en Buenos Aires cuando Centeno, chofer del exnúmero 2 del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, dijo que retiró dinero de Albanesi. A raíz de ello, junto a su abogado Carlos Vela, pusieron en marcha un peritaje privado en el que se determinó que había 1600 tachaduras, cambios, uso de líquido blanqueador y otras irregularidades. El peritaje tuvo que hacerse en base a fotocopias porque el TOF 7 se negó a proveer los originales.
Verificadas las anomalías, Loson hizo la denuncia y recayó en el juez Martínez de Giorgi, quien decidió avanzar. Tras la muerte de Bonadio, el juzgado fue ocupado por Julián Ercolini y Stornelli objetó que los cuadernos fueran investigados por Martínez de Giorgi. En ese momento, Ercolini convalidó que Martínez de Giorgi siguiera adelante.
Pruebas para el escándalo
El juez no se quedó con el peritaje privado y ordenó tres más, dos a la Policía Federal y una a la Universidad de Buenos Aires. Todos coinciden en una conclusión: los cuadernos iniciales, en los que Centeno sólo anotaba los viajes, fueron escritos por el chofer. Los cuadernos posteriores fueron dictados y, además, tienen letra del expolicía Jorge Bacigalupo, amigo de Centeno. Todo indica que estuvo involucrada la mano de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la época de Mauricio Macri.
En base a las conclusiones de esos tres peritajes, el juez ordenó ahora el análisis de los tres celulares y una computadora que se encontraron en el domicilio de Bacigalupo. Eso provocó la feroz reacción de la fiscal León y la resolución de más de 60 páginas de los integrantes del TOF 7.
El reclamo del TOF 7
Dos de los integrantes del tribunal oral se despacharon con términos duros, pero con una conclusión más bien suave.
“Llama la atención la inusitada actuación del juez a cuestiones que indudablemente guardan relación con elementos probatorios que sustentan el objeto de este juicio”, escribieron Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. También se hicieron lugar para pegarle a Loson: “Es una obviedad que el designio que encierra la denuncia de Loson se dirige a conmover alguno de los elementos de juicio y se identifica con el despliegue defensivo”.
La conclusión es cantada: “Se observa con absoluta claridad que el magistrado avanza sobre la realización de pruebas que conforman el objeto de este juicio y que deben rendirse ante este Tribunal”. Por lo tanto, “corresponde instar al juez a que se abstenga de invadir la órbita de este Tribunal, pues lo contrario implicaría habilitar, por una vía oblicua cuestiones que hacen a la prueba de este juicio”. El uso del verbo instar es light, no avanza con todo contra el magistrado.
El tercer juez del TOF 7, Germán Castelli, es más duro. El magistrado aterrizó en el puesto por un traslado, sin concurso alguno, decidido por Macri durante su presidencia. Ya la Corte Suprema se pronunció y dijo que ese traslado fue ilegal. Es obvio que las defensas pedirán su apartamiento.
En el texto de Castelli hay una velada amenaza de formularle denuncia penal a Martínez de Giorgi y propone directamente “librar oficio inhibitorio al juez» y que «se le solicite la urgente remisión del expediente”. Y, además, reclama que se plantee una cuestión de competencia con intervención de la Cámara de Casación. Como se sabe, en esa instancia casi todos los magistrados son amarillos, como les dicen en Comodoro Py a los alineados con Juntos por el Cambio. Se ve que Castelli confía en que Casacion frenará a Martínez de Giorgi.
La respuesta
Pese a que en el juzgado de Martínez de Giorgi se mantiene el mutismo, los allegados al magistrado afirman que habrá respuesta. Por lo pronto, la cuestión ya se dirimió en la Cámara Federal tras el rechazo de Ercolini a la incompetencia que había planteado Stornelli. Llegada la cuestión a la Cámara Federal, en un fallo unipersonal del juez Leopoldo Bruglia, se sostuvo que Martínez de Giorgi es competente para investigar la denuncia de Loson. El fiscal de Cámara, José Luis Agüero Iturbe, no lo apeló, de manera que el fallo está firme.
Lo que se dice es que Martínez de Giorgi ratificará su competencia y seguirá adelante con la investigación. El peritaje de los tres celulares y la computadora de Bacigalupo tal vez permitan saber quién dio las instrucciones, porque alguien estuvo a la cabeza de la operación de los cuadernos: ni Centeno ni Bacigalupo conocían a los empresarios imputados y es evidente que alguien ordenó hacer las correcciones, tachar nombres y poner encima otros. La defensa de Cristina Kirchner se presentó en la Corte Suprema, reclamó que se pidan las copias de los peritajes y que se anule toda la causa.
