La diputada Julieta Quintero Chasman presentó un proyecto de Declaración de repudio en la cámara baja bonaerense para cuestionar el archivo de la causa por la megatoma en Los Hornos, un evento que mantuvo y mantiene ocupado y preocupado al Municipio platense, con Juli Garro a la cabeza.
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El gobierno local no sólo denunció penalmente la usurpación de las tierras sino también actos de robo, coacción y hasta tráfico de estupefacientes. Por eso el proyecto busca que el cuerpo de diputados manifieste «su más absoluto repudio por la resolución del juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de La Plata, a cargo del Juez Alejo Ramos Padilla, quien con fecha 31 de marzo del corriente año decidió archivar la causa de usurpación en Los Hornos, localidad de La Plata, por considerar que no configuraba un delito penal».
«El 16 de febrero del año 2020, el Municipio de la ciudad de La Plata efectuó una denuncia penal en orden al delito de “usurpación”, previsto en el art. 181 del C.P, con motivo de la ocupación ilegal acaecida en el ex predio de planeadores de Los Hornos, y mediante posteriores presentaciones solicitó su desalojo. El día 20 de febrero de ese mismo año, ampliaron la denuncia penal de usurpación incoada, en orden a los delitos de tráfico de estupefacientes, coacción y robo, que habrían sido cometidos por los responsables de la usurpación«, describen los fundamentos del proyecto.
Y agregan que «luego de que el Juzgado de Garantías actuante remitiera el expediente penal a la justicia federal, la investigación quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 de La Plata, a cargo actualmente del juez federal Alejo Ramos Padilla, y en trámite bajo la FLP N°5071/2020 caratulada “N.N: N.N S/USURPAICIÓN (ART.181.INC.1)».
«A partir de allí el municipio continúo realizando denuncias y presentaciones por delitos cometidos en Los Hornos y aportó prueba informativa en la causa, mediante la que se le advirtió al juzgado sobre los enormes riesgos hídricos en los que se encuentra la zona usurpada, lo que pone en riesgo la seguridad de las familias allí instaladas y la de los sectores aledaños», sigue el texto.
«En esa misma presentación, y con motivo de lo expuesto, la Comuna instó al juzgado federal a desalojar a los usurpadores. A pesar de los reiterados pedidos de la comuna, el predio se encuentra expandiendo de manera exponencial, inmersa en un absoluto descontrol, sin planificación y control por parte de las autoridades nacionales y provinciales», denuncia Quinteros en el anteproyecto.
Y advierte que «luego de dos años de radicadas las denuncias, el 31 de marzo de 2022, el juez federal Alejo Ramo Padilla resolvió archivar la causa penal por considerar que los actos fueron cometidos por la tarde, no en clandestinidad, puesto que lo hicieron a plena luz del día y no configurarían un delito penal. Esta resolución resulta por demás inapropiada y avala la toma de tierras, ya que con el criterio de que no es un acto ilegal solo por el hecho de perpetrarse en horas del día, sienta un precedente peligroso en la justicia», explica.
Por esos motivos, Chasman solicitará a sus colegas de Diputados que acompañen la iniciativa, lo que traslada una vez más la polémica sobre la toma al ámbito legislativo y de discusión partidaria, apuntando directamente contra el Frente de Todos por su vinculación con el juez Padilla y por el presunto «aval» a la toma de tierras públicas.
