Un exjuez, un lobista, un simulador, policías, barras, narcos, ladrones, abogados, un crimen y más magistrados en la mira. Todo esto marida en la causa de la megabanda criminal que, se sospecha, operaba en La Plata y fue desarticulada por la fiscal Betina Lacki, luego de cinco años de trabajo, tal como informó 0221.com.ar desde la feria judicial de invierno del año 2018, cuando en el primero de los días de descanso el país se conmocionó con una redada judicial en la capital bonaerense.
En el debate oral está previsto la declaración de más de 300 testigos en el marco de nueve causas penales que llegaron a esa instancia, entre las que se destacan el homicidio de Juan Farías (un exintegrante de la banda), tráfico de influencias, venta de drogas y tenencias ilegales de armas, entre otros delitos que, se sospecha, habría cometido esta presunta empresa criminal multipropósito.
En la lista de procesados se anotan el exjuez de Garantías de La Plata César Ricardo Melazo (quien presentó una explosiva lista de testigos a citar), el ex comisario mayor Gustavo Bursztyn (hasta su captura prestaba servicios en el Comando de Patrullas); el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena (ya cesanteado por otra causa) y el teniente primero Marcos Chiusaroli (personal de la comisaría Segunda); Jorge Gómez de Saravia, alias “El Fiscal”; Javier Ronco; Ángel Custodio “Pipi” Yalet; Adrián “Quichua” Manes (detenido por homicidio); Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo ); Carlos “Macha” Barroso Luna; Héctor “Pepe” Vega, Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández; Enrique Edgardo “Quique” Petrullo.
Según se desprende de la investigación penal los procesados integraban una banda de delincuentes que “tomaron parte de una asociación” ilícita destinada a cometer “robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas”. También se marca que “algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial”. El resto, a criterio de la fiscal, “conformaban grupos o parejas de trabajo que llevaban a cabo los hechos ilícitos”.
La división de roles que surge del expediente indica que los policías Bursztyn, Mena y Chiusaroli liberaban las zonas para los robos de autos, fábricas y viviendas marcadas; Bertoni ayudaba con los vehículos robados mellizos haciendo pasar choques de los autos de los integrantes por otro siniestro y marcaba potenciales blancos a robar. La mano de obra, logística, teléfonos y armas de fuego las aportaban Ronco, Yalet, Manes, Barroso Luna, Vega y Fernández.
El ex policía Mena y Manes vendían drogas. En tanto, el ex barra Herrera y Petrullo -siempre según el expediente judicial- eran los nexos con el juez de Casación bonaerense, Martín Ordoqui, quien -se sospecha-, otorgaba arrestos domiciliarios a cambio de fuertes sumas de dinero. Tras su destitución como magistrado, consumada este lunes 5 de septiembre de 2022 (el mismo día que comenzó el juicio oral) fue detenido, indagado y procesado por los delitos de “asociación ilícita, ocho casos de tráficos de influencias y cohecho pasivo”, es decir, de recibir dinero o dádivas (coimas).
Si en alguno de los golpes algo salía mal, Gómez de Saravia era el encargado de introducir falsas líneas de investigaciones en las causas, mediante llamados telefónicos en los que simulaba ser fiscal o juez federal para comenzar con el camino de la impunidad. El acusado había sido sobreseído (por mayoría) en la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, pero una sala del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires revocó el sobreseimiento y lo envió a juicio oral, pautado para otra oportunidad.
UN CRIMEN, LA GÉNESIS
Se cree que Farías fue ejecutado por un ajuste de cuentas internos de la banda. Lo acusaban de haber robado una millonaria suma de dinero en la vivienda de Roberto Zapata, ex ayudante de campo del técnico de fútbol, Néstor Craviotto. Zapata fue una de las víctimas “marcadas” por un integrante de la banda. El robo ocurrió en una propiedad de avenida 13 entre 70 y 71, cuando Zapata y su familia festejaban un cumpleaños en un salón en pleno centro de La Plata. Entro los asistentes de esa fiesta estuvieron Melazo y Yalet.
Mientras se desarrollaba el evento, delincuentes ingresaron por el techo de la casa, tras practicar un boquete, y forzaron una caja fuerte en una de las habitaciones, donde había (según el reporte policial) 60 mil pesos, alhajas y documentación. Pero, en rigor, se sospecha que el monto robado fue una cifra millonaria, de siete cifras, en dólares.
Farías negó ser el autor del atraco. En la causa existen evidencias que apuntan a otro integrante de la banda como el verdadero escruchante. En diciembre de 2010 al menos cuatro personas fueron hasta el departamento de Farías a exigirle que entregue el dinero del atraco, pero el señalado aseveraba que no lo tenía y lo mataron. En el marco de esa investigación existen varios testimonios que señalan una reunión para festejar el Día del Amigo, en la casa de un comisario en City Bell, de la que habría participado el ex juez Melazo. Allí se habría decidido no robar en la casa de Zapata, pero alguien tenía planes particulares, “se cortó solo” en términos del hampa, y ejecutó el plan por fuera de la empresa criminal.
Manes fue detenido luego del testimonio de una vecina del edificio donde vivía Farías. La mujer aseguró que por la mirilla de la puerta de su casa vio “de espaldas” a uno de los autores del homicidio. En una insólita rueda de reconocimiento donde los sospechosos estaban todos de dorso, la testigo dijo estar “casi segura” al señalar a Manes. Con esa prueba lo detuvieron en un penal. Luego fue beneficiado con arresto domiciliario, pero lo descubrieron vendiendo drogas y lo devolvieron tras las rejas.
En la causa madre, según testimonios, se destaca que Manes y el ex policía Mena fueron socios en una concesionaria de autos usados y en un lavadero de autos en la zona de Altos de San Lorenzo, pero, se sospecha, esos comercios eran la fachada en la que enmascaraban la verdadera actividad: narcomenudeo de mediana intensidad. Todo eso será posible materia de análisis en el juicio, en caso que los testigos mantengan sus dichos de la instrucción penal preparatoria.
También hubo otro dato que llamo la atención a los investigadores. No existen filmaciones de cámaras de seguridad en la fecha del asesinato de Farías. Frente a la escena del crimen funcionaba una sucursal del Banco Santander Río con cámaras propias que monitorean y registran los movimientos, durante las 24 horas. Esas imágenes quedan guardadas en una copia de seguridad pero, llamativamente, cuando tardíamente el fiscal Moran las solicitó, desde la entidad bancaria alegaron que “por error” se habían borrado. Una gran cadena de casualidades que atentaban contra el esclarecimiento del homicidio, caso que sirvió como punta de ovillo para deshilvanar una madeja de presunta podredumbre judicial y policial. “Esta causa cruza transversalmente a la sociedad platense”, declaró el procurador general bonaerense Julio Marcelo Conte Grand cuando el caso estalló mediáticamente y le dio “todo el apoyo” a la fiscal Lacki.
GOLPE DE TIMÓN
A mediados del año 2014 la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de La Plata cambió de titularidad. El fiscal Tomas Morán (hoy detenido por causas conexas a la principal) pasaba al área de Flagrancia y al poco tiempo de esa mudanza de funciones, se jubiló. Su lugar fue ocupado por la fiscal Lacki, quien ya contaba con más de 15 años de experiencia como instructora judicial y fiscal de Flagrancia. La funcionaria nunca se imaginó ni en sus peores pesadillas lo que ocurría en varios expedientes judiciales que se apilaban en los anaqueles de esos despachos del viejo edificio de Vialidad provincial, de avenida 7 entre 56 y 57.
A poco de hacerse cargo de la fiscalía notó varias irregularidades. Su predecesor en el cargo no utilizaba el Servicio Informático del Ministerio Público (SIMP), herramienta digital para seguir el decurso de los expedientes en el fuero Penal. Había una orden de Moran a sus empleados de no hacerlo. Mientras comenzaba a emprolijar el funcionamiento de la repartición, la fiscal recibió la visita de los padres de Juan Farías, asesinado en un presunto ajuste de cuentas en la madrugada del 1 de diciembre de 2010, en un edificio de avenida 44 entre 26 y 27. Querían saber si había avances en la investigación. Por este hecho están acusados “El Quichua” Manes, Bursztyn (presuntos instigador), Mena, Carlos Mujica (narco de Berisso fallecido) y Barroso junto a Fernández y una mujer como presuntos partícipes necesarios.
“Costó mucho encontrar ese expediente”, recordó la fiscal en su testimonio brindado en el marco del juicio político al juez de Casación bonaerense, Martín Manuel Ordoqui. A poco de comenzar a estudiar la causa (una de las tantas de la pesada herencia recibida) notó situaciones extrañas. Comenzó a sospechar de una presunta connivencia policial. Ante este panorama corrió a la Policía bonaerense del caso y requirió el auxilio de fuerzas federales. “Fue una larga batalla pero se consiguió primero el apoyo de la Policías de Seguridad Aeroportuaria y después de la Policía Federal”, recordaron las fuentes del caso consultadas.
Las sospechas se convirtieron en realidad. Las escuchas telefónicas realizadas a integrantes de la banda y a jueces subieron al escenario una compleja empresa criminal, con roles bien determinados y para todo servicio. Tal vez, una verdadera asociación ilícita.
Los acusados Ronco (asistido por el abogado César Albarracín) y «Pipi» Yalet, con la defensa de Christian Romano, acordaron penas de prisión de 4 y 3 años respectivamente. Ambos fueron detenidos por esta causa en julio de 2018 y ya cumplieron con sus condenas. Yalet recuperó la libertad, pero Ronco sigue detenido acusado de un doble homicidio en La Plata. Lleva más de 8 años con prisión preventiva y su caso fue llevado a estrados internacionales por su abogado Albarracín.
EL JUICIO
La primera semana del juicio oral (hay audiencias previstas hasta mediados de octubre) contó con la declaración de Nadia Mariscal (ex pareja de Juan Farías). También lo hicieron Juan y Oscar Farías, padre y hermano de la víctima. Los tres testimonios fueron en base a lo que la víctima les había contado. Señalaron que la banda tenía contactos con Melazo, pero uno de ellos desmintió que se planificaban robos durante el turno del exjuez.
Se tratan de los denominados “testigos de oídas”, que tienen información pero en base al relato de otras personas. Pero este caso es especial, no se tratan de comentarios de barrios. Son familiares directos y convivientes del ladrón asesinado. Toda la prueba será analizada y puesta en valor por el Tribunal Oral Criminal II de La Plata, integrado por Silvia Hoerr, Andrés Vitali y Santiago Paolini.
La acusación oficial es de los fiscales Victoria Huergo y Mariano Sibuet. Junto a ellos están los abogados Damián Barbosa y Sebastián Bouvet en representación de la familia Farias.
Las defensas están en manos de los abogados Bruno Strassera, Christian Romano, Juan Pesquera, César Albarracín, Marcelo Peña, Adrián Mazzocchini y Laura Corporaal junto a las defensoras oficiales Victoria Palomino y Ana Julia Cova.
