Las cámaras que nuclean a las empresas de colectivos del AMBA anunciaron una suspensión de servicios para este jueves 11 de agosto desde las 22.00 y hasta las 5.00 del día siguiente, en reclamo por el atraso en el pago de subsidios. Durante el resto del día viernes las frecuencias van a verse reducidas, mientras que para el lunes 15 tienen previsto un cese total del servicio si sus demandas no son atendidas por el Gobierno nacional. El mes pasado, los dueños de las empresas de transporte redjeron un 50% la frecuencia en el servicio de colectivos por el mismo motivo.
«A la fecha, las líneas del distrito federal, nacionales y provinciales tienen sin cobrar el importe equivalente a un mes de los aportes que realiza el Estado nacional para cubrir los costos indispensables para la operación normal de los servicios», aseguraron las cámaras empresarias. Del mismo modo, adelantaron que «de no cancelarse inmediatamente lo adeudado con el sector, provocará la parálisis total de las empresas«.
El sector empresario asegura que la administración nacional paga con retrasos los subsidios desde marzo de este año. Según apuntaron los empresarios, el desfasaje representa un faltante de cerca de $18 mil millones para las 170 empresas que operan en la región metropolitana. «Esta medida se mantendrá hasta tanto se produzca la normalización de los pagos adeudados«, prometieron en un comunicado oficial.
Sobre el final del documento, las cámaras empresarias firmantes —la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA)— le pidieron «disculpas al público por los inconvenientes que se produzcan» por la suspensión del servicio.
Los conductores también tienen su reclamo
La Unión de Tranviarios Automotor (UTA) había convocado a un paro para el pasado martes 2 de agosto para reclamarle a las cámaras empresarias el pago de un bono de $25.000 y el adelantamiento de la negociación paritaria. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días y la medida de fuerza fue disuelta.
Mediante la Disposición 3729/2022, la cartera laboral intimó a la organización sindical a levantar la medida de fuerza bajo apercibimiento de aplicar sanciones en caso de no cumplir con la misma, y exhortó a las partes «a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias».
El dirigente sindical Roberto Fernández, quien recientemente renovó la conducción del gremio, había asegurado que se veían «obligados a tomar medidas antipáticas para poder cuidar los salarios«. Según indicó, reclaman un «adelantamiento de las paritarias» frente a la respuesta de la patronal, que dice no estar en condiciones de incrementar los sueldos.
