El caso del presidente Nayib Bukele es uno de los más impresionantes de transformismo político. Hijo de revolucionario, convirtió a su país en una dictadura feroz con derechos constitucionales absolutamente mutilados. Solo en 2022 se encontraron más de 30 fosas clandestinas. Los peronistas que lo toman de ejemplo a la hora de reprimir.
La mayoría de los gobiernos occidentales están haciendo un giro hacia la derecha, el fascismo y, por ende, el autoritarismo. Basta con ver los gobiernos de Ucrania, Italia, Hungría, Polonia, sólo por nombrar algunos países europeos o el papel de las sucesivas administraciones de Estados Unidos para corroborar la tendencia. En un mundo donde prácticamente todo el occidente otanista sostiene a un gobierno fascista como el de Zelensky no es de asombrar que esa tendencia también se exprese en Latinoamérica. Quizás Bukele, el presidente de El Salvador, sea el más agudo exponente del autoritarismo latinoamericano.
Nayib Bukele es hijo de un empresario salvadoreño de origen palestino, polígamo y musulmán, cuyos negocios diversificados abarcaron desde la construcción de mezquitas, la representación de la fábrica de motocicletas japonesa Yamaha Motor Company, hasta la publicidad en diferentes campos. Hombre de izquierda hasta su muerte, acaecida en 2015, el padre del presidente Bukele mantuvo estrechos vínculos con las cúpulas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Justamente, desde su agencia publicitaria asumió la campaña propagandística del frente en la que, durante doce años, participó activamente su hijo Nayib como director de la agencia de su padre.
Pero Bukele hijo no se conformaría con ser el empresario heredero de su padre, sino que fue mucho más lejos: en 2011 se incorporó formalmente al FMLN para competir en las elecciones municipales de Nuevo Cuscatlán. En una meteórica carrera política, en 2012 ganó la alcaldía lo cual facilitó que en 2015 se postulara para el municipio de San Salvador y ganara con una coalición entre el FMLN y el Partido Salvadoreño Progresista. Pero, desde hacía tiempo, comenzaba a plasmarse no sólo su estilo personalista, sino sus diferencias con el frente que lo catapultara a la política. En 2017 fue expulsado de la organización tras enfrentarse con su dirección y haber protagonizado un par de escándalos públicos. Sin embargo, el gran perdedor del enfrentamiento fue el FMLN que perdió 8 diputados en las elecciones de 2018 y 20 alcaldías, pues su base electoral se inclinó por el “estilo Bukele”.
Quince días después de su expulsión, el 25 de octubre de 2017, Bukele ya tenía conformada una nueva organización: el movimiento Nuevas Ideas que, al año siguiente, sería inscripto como partido político. Su aspiración, para entonces, era la presidencia de la nación, algo que había planteado al FMLN pero que fuera rechazado de plano por su dirección que a esa altura le tenía profunda desconfianza por su forma de actuar: no respetaba las decisiones del frente ni, menos, a las autoridades partidarias.
Otro “nuevo” en la política y las redes
Nayib Bukele, de publicista y medio revolucionario a carcelero.
Con sus conocimientos en publicidad, Bukele ya había comenzado a diferenciarse en una forma de hacer política sui generis, alejándose cada vez más de la izquierda y acumulando votantes con el uso de su imagen joven y apegada a las redes sociales, especialmente Twiter, desde donde publicitaba cada acción de gobierno exagerándola: donó su salario, algo que no le costaba nada por su carácter de empresario heredero de la fortuna de su padre, negoció con pandilleros para erradicar a los vendedores ambulantes del centro de la ciudad y se apegó a encuestas de opinión dedicando recursos a análisis con Big Data que midieran cada una de sus acciones promocionadas.
Para cuando se presentó como candidato a presidente con su partido, no sólo ya se había olvidado de cualquier idea revolucionaria, sino que se había inclinado más y más a las concepciones de derecha que le sentaban muchísimo mejor que las del frente que lo cobijó en su seno y que demasiado tardíamente lo echó de sus filas: el “compañero” ya era un buen proyecto de fascista.
Sin embargo, desde antes de su mandato como presidente, algunos de sus actuales funcionarios negociaron con las maras (pandillas) para sacar del país a sus jefes a cambio de que disminuyeran los asesinatos que estos grupos cometían. Efectivamente, los acuerdos con los pandilleros (maras) comenzaron cuando Bukele fue elegido en la alcaldía de San Salvador y se mantuvieron posteriormente cuando fue elegido presidente con el 53% de apoyo popular.
El medio salvadoreño El Faro ha realizado una profunda investigación con audios de Carlos Marroquín, actual director de Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno de Nayib Bukele (ver vínculos al pie) en conversaciones con líderes de la mara Salvatrucha 13. Estos pactos se mantuvieron hasta marzo de 2022, aproximadamente, fecha en que los mareros, para presionar al gobierno, asesinaron a 87 personas entre el 25 y el 27 de ese mes como respuesta a la ruptura de los acuerdos por parte de Bukele. Ese mismo 27, la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista aprobó el “estado de excepción” presentado por Bukele. Con 67 votos en favor sobre un total de 84 diputados se suspendieron todas las garantías constitucionales al mejor estilo de cualquier dictadura latinoamericana que se precie.
Los derechos suspendidos son: 1) Libertad de asociación. 2) Derecho a ser informado(a) de las razones para la detención, prohibición de obligar a una persona a declarar y derecho a la defensa. 3) Duración máxima de la detención administrativa. 4) Inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.
Decisiones políticas tomadas durante el Régimen de Excepción:
- Suspensión de la libertad de reunión y de asociación
- Suspensión del derecho de la persona detenida de ser informada de los motivos de su privación de libertad, del derecho a tener un abogado defensor y a las garantías del debido proceso.
- Privación de libertad por parte de la Policía Nacional Civil sin necesidad de una orden judicial o de que la persona esté cometiendo un delito en flagrancia.
- Ampliación del tiempo máximo de detención administrativa. EI decretó que estableció esta medida no determinó el plazo máximo. Posteriormente se informó que pasó de 72 horas a 15 días.
- Suspensión del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia e intervención de las comunicaciones sin necesidad de una orden judicial. (Las autoridades pueden intervenir las comunicaciones de los ciudadanos).
- Reformas al Código Penal y a la Ley de proscripción de maras y pandillas para:
- Aumentar las penas por asociación ilícita en pandillas de 20 a 40 años de prisión, y de 40 a 45 años de prisión para los líderes de estos grupos.
- Crear el delito de difundir mensajes presuntamente creados por las pandillas, sancionado con penas de 10 a 15 años de prisión. La tipificación es muy vaga con lo cual toda información sobre las pandillas, sus actividades y sus víctimas estaría penalizada. Esta reforma es una mordaza que afectará el derecho a la información y, por lo tanto, el trabajo periodístico en el país.
- Creación del delito de pertenecer a una agrupación ilícita, en esto caso a una pandilla, que pueden cometer los niños con edades entre 12 y 16 años de edad, que se castiga con 10 años de prisión, y para el cual la pena aumenta a 20 años de prisión para los jóvenes con edades entre 16 y 18 años.
- Prohibición de grafitis alusivos a las pandillas y la incautación de bienes y armas de estas agrupaciones.
- Autorización para desconocer la legislación en materia de compras públicas durante el régimen de excepción, las cuales, además, están exentas del pago de impuestos.
El Nuevo Régimen, El Terror
A partir del nuevo Régimen comenzó una cacería en los barrios más pobres de El Salvador, arreciaron las detenciones arbitrarias, desde el principio se instaló la tortura a los detenidos, se militarizó el país con allanamientos casa por casa, la policía y el ejército detienen a transeúntes en la vía pública y los medios de transporte y les exigen levantarse la ropa y mostrar si tienen tatuajes. En menos de un año de la vigencia del régimen de excepción se han cometido todo tipo de atropellos: hasta agosto de 2022 había 918 niños y 164 niñas detenidos; al 31 de diciembre del 2022 fueron reportadas 62.972 personas capturadas y puestas en prisión por órdenes de jueces supuestamente “especializados”; entre 2019 y 2022 se localizaron más de 30 fosas clandestinas en todo el territorio según el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de El Salvador; de acuerdo con informes provistos por la organización Socorro Jurídico Humanitario han documentado más de 1.400 denuncias de violaciones a los derechos humanos de personas inocentes detenidas por agentes del Estado; más de 90 personas han muerto bajo custodia del Estado, algunas por torturas y otras por falta de atención médica; según Lucy Velásquez, investigadora del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de El Salvador, la Policía salvadoreña registró 4.060 denuncias de desapariciones entre enero de 2020 y junio de 2022, un promedio de 32 denuncias por cada 100.000 habitantes. De esas denuncias se desconoce el paradero de 1.309 personas, 255 fueron encontradas sin vida y de las que continúan desaparecidas el 79% son hombre y el 21%, mujeres. Casi la mitad (41,67%) son jóvenes de entre 18 y 30 años y un 15% son niños y adolescentes de 12 a 17 años.
Presos rapados y medio desnudos en la mega cárcel modelo de Bukele.
A mediados de febrero los medios se escandalizaron con la barbarie del gobierno de Bukele quien, orondo y orgulloso, mostró al mundo cómo terminar con la pobreza construyendo la cárcel más grande de Latinoamérica. En las imágenes que remiten al Holocausto, se ven los primeros 2.000 presos trasladados a la mole de cemento con el torso desnudo, descalzos, engrillados, rapados, esposados con cadenas y obligados a caminar encorvados uno detrás del otro. El régimen carcelario no apunta a su recuperación para la sociedad, sino a su exterminio con celdas de castigo sin luz natural a ninguna hora del día; literas de hierro sin colchones; celdas comunes para alojar de 70 a 100 detenidos; prohibición de contacto con familiares; carencia de patios, áreas de recreación o trabajo y espacios conyugales; prohibición del uso de celulares o televisores; a lo que se agrega que los familiares deberán abonar 170 dólares mensuales por cada uno de sus presos, divididos en 35 para sólo dos comidas diarias consistentes en tortillas y frijoles como únicos alimentos de por vida (sin carnes ni verduras ni frutas), 15 para artículos de higiene, 20 para limpieza del presidio y 70 para gastos varios, es decir, a la cárcel la sostendrá el mismo pueblo. Es evidente que con este régimen carcelario lo que busca el gobierno de Bukele es el aniquilamiento lento de los presos.
La inauguración de semejante mole de cemento fue anunciada con una gran campaña mediática que incluyó decenas de videos en las redes y proseguida con otra enorme campaña propagandística sobre el logro de Bukele de “devolverles la paz” a los salvadoreños. El presidente una vez por día twitea ufanándose de asesinatos cero. La cárcel en sí fue construida en tiempo récord durante siete meses por 3.000 obreros; ocupa 23 hectáreas, consta de siete perímetros de seguridad, uno de ellos electrificado, una muralla de 11 metros, ocho pabellones con capacidad para 40.000 presos que serán custodiados por 600 miembros del ejército, 200 policías y 50 guardias antimotines. Eso sí, para mantenerlos contentos, el presidio incluye una cafetería, un sector con camas, un área de recreación y un gimnasio para que no se estresen al reprimir.
El Salvador es un país de 6.200.000 habitantes pero sólo 160 salvadoreños son ricos y propietarios del 87% de la producción total del país, el resto es pobre. A pesar de que las maras salen de su seno, la mayoría apoya el régimen represivo de Bukele cuya popularidad ha ascendido al 95% en el último año y lo catapulta para postularse en las próximas elecciones para un nuevo mandato.
Pero no todo es color de rosa para el nuevo y joven dictadorzuelo bananero: es cuestionado por decenas de organizaciones internacionales de defensa de Derechos Humanos; el presidente de Colombia, con gran acierto, ha calificado su mega cárcel como un campo de concentración y el FBI de Estados Unidos desde hace un par de años ha posado una lupa sobre él: según algunas versiones, tendría pruebas para acusarlo de connivencia con pandilleros juzgados y buscados en el país del norte por lo cual una fiscalía ha presentado una acusación ante una corte de Nueva York contra dos altos funcionarios de su gobierno, uno de ellos, Carlos Marroquín y, el otro, Osiris Luna, director general de prisiones. La acusación apunta a la detención de 13 pandilleros por asesinatos cometidos en Estados Unidos. Sobre uno de ellos se había pedido la extradición, pero a pesar de estar cumpliendo condena, fue dejado en libertad y habría sido acompañado por Marroquín hasta Guatemala con conocimiento y aval de Bukele. Cuando el presidente de El Salvador sea muy molesto y poco conveniente, los Estados Unidos no dudarán en ir a buscarlo de las pestañas y bajarlo del gobierno de un plumazo bajo la acusación de violar los derechos humanos y ser cómplice de criminales. Por lo pronto, se limitan a juntar pruebas y aunque la justicia tiene el caso en sus manos desde mediados del año pasado, es muy sugestivo que recién ahora lo dé a conocer, justo en el momento en que Bukele se distancia acusando de encarcelar inocentes a Estados Unidos ante su crítica por su régimen carcelario. El muerto se asusta del degollado…
A Scioli y Berni… les gusta
Es patético y repugnante observar las repercusiones en otros países de Latinoamérica sobre el régimen dictatorial y fascista de Bukele y que sea reivindicado por masas populares y dirigentes políticos. Los cultores de la “mano dura” ni lentos ni perezosos salieron a proponer barbaries similares. En Argentina, por ejemplo, el ex candidato peronista Daniel Scioli, hablando de los narcos en Rosario, sostuvo que está a la derecha de la derecha, es decir, que estaría también dispuesto a implementar cárceles con sistemas represivos prácticamente como los de las dictaduras genocidas; Sergio Berni, también peronista, no se quedó atrás: ante la foto de los presos desnudos y encorvados, descalzos y engrillados dijo, sin ponerse colorado, “es música para mis oídos… Bukele me copió lo que tengo en la cabeza”. Aunque reconoció que el confinamiento no resuelve el problema de la criminalidad, no sólo abogó por los trabajos forzados prohibidos por la constitución, sino que agregó que hasta tiene pensado dónde enclavaría una cárcel semejante. No debería extrañarnos de un funcionario carapintada…
Lo cierto es que parece que algunos nuevos populismos latinoamericanos se inclinan cada vez más hacia los métodos de Videla o Pinochet, pero esta vez con la constitución en la mano, aunque para ello tengan que sacar de la galera un estado de “excepción” prolongado en el tiempo como en el caso de Bukele.
Dejando muy lejos su pasado en el FMLN, el “joven” y “moderno” Bukele, el que va a los actos oficiales en jeans, habla a su pueblo coloquialmente y vive colgado del celular y de las redes sociales, es un dictador de doble faz, doble discurso y hombre poco confiable: primero traicionó al FMNL y luego, a las maras con las que negoció a espaldas de su pueblo, el mismo que hoy lo respalda plenamente. A la vez, representa la nueva derecha populista latinoamericana de mano dura, lo cual vaticina un futuro peligroso para los pueblos. Desenmascarar su doble discurso, su peligrosidad y su fascismo es menester para que no se repliquen sus prácticas de dictador “democrático” en otros países, también el nuestro…
