Pago de sueldos a personas detenidas por homicidios, abusos o robos, también a cientos de trabajadores que sin un su legajo en condiciones, incluso a agentes que habían presentado su renuncia y un caso que es tan llamativo como preocupante: una persona fallecida. Todo este listado de irregularidades está presente en la denuncia penal que el intendente platense, Julio Alak, le hizo a su antecesor, Julio Garro luego de finalizar con la auditoría sobre la planta municipal de La Plata y constatar una enorme cantidad de anomalías en la contratación de empleados.
“Hay un número importante de personas que cobraban el sueldo sin ir a trabajar, se trata de miles, casi se aproxima a la mitad de la planta”, señaló Alak sobre los hechos que se tradujeron en una denuncia por posible “fraude en perjuicio de la administración pública”, por “malversación de caudales públicos”, e incluyó abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
A lo largo de las últimas semanas, Buenos Aires/12 fue contando el proceso de auditorías internas y externas que encaró la gestión que asumió en la Intendencia de La Plata el 10 de diciembre, en medio de los conflictos con los trabajadores municipales que reclamaban a la gestión de Garro un aumento salarial acorde a la inflación.
Efectivamente, y luego de recapitular la información de los ocho años de gestión del PRO en la Municipalidad, el nuevo gobierno comprobó que en ese período ingresaron más de 6 mil agentes. Es el 52 por ciento del total de la planta actual.
Respecto a esas contrataciones, Alak dijo días atrás que “muy pocos trabajan como servidores públicos o en administración; son contratos políticos, se advierte claramente en el análisis de ingreso, que fue en años electorales, como el 2021 y el 2023”.
Para poder llevar adelante esta labor, la Municipalidad implementó el uso del sistema biométrico para controlar el ingreso y egreso del personal. En el primer día que se implementó hubo un ausentismo superior al 60 por ciento. Entre las distintas delegaciones donde se utilizó este método en el primer día, de los 1.162 empleados que debían registrar su ingreso solo lo hicieron 462.
De arrastre
Ahora bien, esta conflictividad que heredó el gobierno de Unión de la Patria hace varios años que viene siendo denunciado por el peronismo, y apuntó a un actor que hizo ruido durante la administración del PRO: las cooperativas. “Cooperativas truchas”, fue el concepto que primó en las distintas denuncias contra la gestión de Garro, quien hoy suena para asumir como el número dos de Daniel Scioli en la Secretaría de Turismo, Deportes y Ambiente, impulsado por Mauricio Macri, dentro de la reestructuración que, de la mano del PRO, el ex presidente quiere impulsar dentro de la administración que comanda Javier Milei.
En su momento, desde la oposición de habló de desvíos de fondos y el propio Tribunal de Cuentas de la provincia hizo observaciones sobre el tema en las rendiciones de Garro del 2021 y 2022. “Se generó una industria de cooperativas que en algunos casos sirven como instrumento electoral”, dijo Alak.
Pero en términos de herencia, uno de los mayores problemas son los salarios municipales. El intendente recientemente asumido reconoció el conflicto y encaró estas revisiones para dar una respuesta previo a reunirse con los sindicatos. Los gremios denunciaron en el Ministerio de Trabajo la posible existencia de paritarias truchas que Garro firmó con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) conducido por Darío Alfano, un reconocido militante de su espacio político y que apostó su reelección.
Estos presuntos manejos y desmanejos tuvieron su corolario cuando el propio contrincante de Garro en la interna de Juntos por el Cambio, el senador Juan Pablo Allan, denunció al entonces intendente amarillo por dar de baja y no pagarles el sueldo a trabajadores municipales que militaron la campaña de Patricia Bullrich.
La denuncia
Tal como había adelantado Buenos Aires/12, la presentación en la Justicia se realizó luego de tener los resultados de las auditorías internas y externas. La denuncia que ingresó en la UFI 16 de Juan Cruz Condomí Alcorta advierte un hecho más que irregular: el pago del sueldo hasta diciembre de 2023 de un obrero de servicio que revestía funciones en el Centro Comunal de San Lorenzo y había fallecido en 2021.
Es decir, durante dos años se le depositaron los haberes a una persona muerta y que, por obvias razones, no figuraba en la lista de asistencia que firmaban los empleados.
Si el trabajador no moría pero renunciaba, aparentemente para Garro tampoco significaba un motivo para su baja. Así se desprende de otro pasaje de la denuncia que hizo Alak donde remarcó que un funcionario público que renunció el 1 de marzo de 2023, cobró su sueldo hasta diciembre de 2023. Lo mismo, acusa, sucedió con un asesor que renunció en 2021, pero percibió su salario hasta el final del gobierno del PRO.
Si no moría, no renunciaba, pero estaba privado de su libertad por “homicidio, abuso, robo o uso de armas de guerra”, tampoco. Según la denuncia, once empleados municipales en esta condición cobraron sus sueldos hasta diciembre de 2023.
A todo este combo de irregularidades se suma en el texto presentado a la Justicia que “habría ilegalidad en la contratación de más de cien personas con antecedentes penales”, así como un centenar de personas percibieron sus haberes en 2023 sin que se realizaran los correspondientes decretos para formalizar las relaciones laborales.
Además, afirma la denuncia de Alak, parte de los ingresos a la planta de trabajadores gestionados en el segundo semestre del 2023 “se realizó sin contar con la documentación suficiente para la constitución de sus correspondientes legajos”, pero el pago de los sueldos se realizó de todas formas.
Ordenar y mejorar los salarios
Una de las instituciones gremiales que fue protagonista de una lucha contra Garro en los últimos meses fue UPCN seccional provincia de Buenos Aires. La organización liderada por Fabiola Mosquera motorizó paros y movilizaciones entre octubre y noviembre del 2023 luego de denunciar «paritarias truchas» y salarios que no superaban los 70 mil pesos.
A partir de este antecedente, esta semana se realizó la primera reunión formal entre las autoridades del gremio y funcionarios de peso del intendente con el objetivo de paliar la situación. «Hubo una muy buena predisposición a resolver las cuestiones de fondo a mediano plazo y al corto plazo se entendió no puede pasar otro mes sin acordar un incremento salarial sobre los sueldos de 2023», narró a este medio Juan Pablo Martin, Secretario Gremial de UPCNBA.
En el encuentro que se dio en la Municipalidad, Martín celebró la actitud del gobierno de Alak por comprender que no se pueden dar aumentos como parte de la paritaria 2024 sin resolver y cerrar la del 2023, donde quedaron «salarios de hambre». «La próxima reunión es el miércoles 14 donde esperamos contar con una oferta», detalló.
El representante gremial manifestó que la reunión puso a la luz lo mismo que hoy le sucede ante cualquier negociación paritaria: «La situación económica del país es crítica». «Donde uno mira hay un problema, y la Municipalidad de La Plata no es la excepción, a la que se le suma la herencia nefasta de Garro», sostuvo.
El propio Alak dijo días atrás que recibió una Intendencia con una deuda que oscila los 18 mil millones de pesos.
«Garro dejó deudas por todos lados, acuerdos políticos que se descubren día a día, y son situaciones que habrá que ir corrigiendo con el tiempo», remarcó Martín, y agregó que, más allá de este encuentro, espera que se formalice el funcionamiento de las paritarias en contrapartida a lo hecho por el ex intendente Garro.
