Hace exactamente una semana, todas las especulaciones pasaban por cómo iba a lograr el gobierno cosechar los votos para aprobar la ley ómnibus en Diputados con el menor deterioro posible. Aun con Milei moviéndose entre Mar del Plata y Jerusalén, el gobierno ocupaba el centro de la escena y se disponía a mover una pieza clave para consolidar su política económica: lograr la media sanción en la cámara baja. El panorama ha cambiado por completo. Milei sigue fuera del país, entre el Vaticano y Roma, pero ahora la centralidad la ocupan gobernadores, intendentes y hasta organizaciones gremiales empresarias y sindicales que empiezan a trabajar políticamente para conformar una representación capaz de intervenir en la discusión de políticas públicas. Todos ellos reconocen un mismo origen o impulso: fue el gobierno nacional el que, con sus políticas, los dañó en exceso y puso en movimiento a todas esas formas de representación que permanecían dormidas.
La crisis económica se agrava, con expresiones variadas pero convergentes. Cifras de caída del consumo, deterioro del salario, baja en la producción, aumentos desmedidos de productos o servicios tan esenciales como alimentos, medicamentos o seguros de salud (prepagas). El otro factor no menos importante de esta crisis es que el ministro de Economía la niega, la desconoce. Luis Caputo sorprendió esta semana con declaraciones en las que celebró que «la inflación está bajando» y que las cuentas públicas están alcanzando el «ansiado equilibrio» antes de lo pensado.
Y se trata de la misma semana en que el gobierno nacional quebró sus relaciones con una oposición dialoguista que se acercó a negociar el texto de una ley «votable» en el congreso y terminó acusada de traidora y corrupta luego de tener que retirar el proyecto de ley del recinto. A gobernadores e intendentes, el gobierno les tiró por la cabeza una quita de subsidios al transporte como represalia («venganza», lo calificaron un diputado nacional y un integrante del gobierno de Santa Fe) por no apoyar la ley, y además desplazó de sus cargos (secretaria de Minería y titular de Anses) a dos funcionarios ligados estrechamente a los gobiernos de Salta y de Córdoba, respectivamente.
Sin distinción de color político, la mayoría de gobernadores expresaron en duros términos su rechazo a la política de transporte del gobierno nacional y anticiparon que llevarán el asunto a instancia judicial. Intendentes de 22 importantes ciudades del interior unificaron su pronunciamiento en igual sentido, acusando al gobierno de intentar alcanzar el equilibrio por vía de arbitrariedades, de manera inequitativa y ahogando a las finanzas de las jurisdicciones afectadas.
La catástrofe que se avecina
Desde la Federación Argentina de Municipios, que encabeza el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se lanzó en la tarde de este viernes un comunicado de alto contenido crítico. «Expresamos con alarma y extrema preocupación el camino anti federal y extorsivo que ha tomado el gobierno nacional. Argentina vive una dramática situación socioeconómica que día a día se agrava por las medidas que lleva adelante el presidente de la Nación y su ministro plenipotenciario de Economía. Ante el panorama inminente de mayor pobreza y altísima inflación, nos vemos en la obligación de alertar y exigir a las autoridades nacionales que tomen medidas urgentes para frenar la catástrofe que se avecina».
Continúa el documento dando argumentos a esa perspectiva de que una catástrofe se avecina. «Hoy las jurisdicciones provinciales y municipales están siendo atacadas de forma inescrupulosa generando un impacto sin precedentes en la vida de cada ciudadano argentino».
De inmediato, describe: «el gobierno nacional no envía alimentos a los comedores comunitarios desde que asumió la presidencia Milei. En este período la demanda en comedores y merenderos aumentó en un 30%, como consecuencia del aumento en el precio de la comida y la caída en los ingresos de la clase media y los sectores populares. Somos los municipios quienes estamos abasteciendo esta real necesidad y urgencia».
En materia de Salud, subraya que «no están privatizando, más bien están decididos a estatizar los servicios sanitarios, ya que la gente que se “cae” de las prepagas van directo al sistema de salud pública».
Advierte que «con la quita de subsidios a la educación, han tomado a las familias como rehenes, que ya no podrán afrontar los nuevos gastos en la educación privada y tendrán que migrar a la educación pública, donde no existe disponibilidad de vacantes suficientes».
Agrega también referencias a las consecuencias de la paralización de la obra pública y al ya mencionado corte de transferencias a las provincias para el autotransporte de pasajeros. «Esta medida es contra millones de trabajadores, estudiantes y jubilados que utilizan diariamente el transporte público para movilizarse. Perjudica y destroza el tejido social y productivo del país, además de mutilar los servicios de transporte municipales que desaparecerán», señala el comunicado de la federación de intendentes.
Este cuadro de situación ya se empieza a sentir en los territorios, tanto en el sector formal como en el trabajo informal, «empujando exponencialmente la demanda de asistencia». Era de esperar que este acelerado agravamiento de la situación social provocara una respuesta política como hacía rato no se veía. Dirigentes políticos que plantean un diagnóstico contundente y sin vueltas, y exigen espacios de discusión para elaborar respuestas urgentes.
Pymes y sindicatos
La maltratada «política» reclama volver a escena y en un papel protagónico. Así lo entendieron también sectores de la industria y la producción ubicados en el segmento más sensible o más expuesto ante golpes recesivos como el actual. Pymes, cooperativas, empresas familiares, de la economía popular y el asociativismo, y hasta emprendedores individuales, expresados en decenas de organizaciones diferentes, están buscando una nueva herramienta común de representación política «que actúe de manera protagónica en la discusión de la agenda pública». Se proponen llegar a su concreción «en alianza con los trabajadores organizados», es decir los sindicatos.
El primer paso, a poco de haber asumido Milei, con una macro devaluación y anuncios de desregulaciones, desmantelamiento de programas de promoción y de protección industrial, fue la constitución del Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M), que aglutinó a entidades con trayectoria en el sector pyme con polos y federaciones del sector cooperativo, organizaciones de género (cámara de mujeres empresarias, Liderar Mujer), mutuales de trabajadores, uniones industriales locales, frentes productivos municipales, movimientos populares y organizaciones defensoras de clubes e instituciones barriales, entre muchos otros.
La organización fue creciendo y sumando entidades (Asamblea Pyme, IPA, ProTejer y muchas más), y en las últimas dos semanas empezó a jugar un papel relevante desde los posicionamiento ante organismos públicos y en la formulación de propuestyas integrales en materia de desarrollo industrial. Esta ultima semana le presentaron a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, el reclamo de que se habilite una sesión especial para exponer su postura frente al DNU 70/23.
«La derogación de las leyes de góndolas, compre nacional y del régimen de promoción industrial, sumada a las reformas en el Código Aduanero, impactan directamente en las Mipymes y cooperativas. Advertimos que de mantenerse estas circunstancias, vamos hacia una situación de destrucción irreversible de nuestras empresas pymes (…). si bien en los últimos años hemos sufrido un descenso en la tasa de surgimiento de pymes, hoy esa tendencia se ve agravada por la inflación, en el marco de una recesión profunda y no vemos la luz al final del túnel», expresa la nota a la vicepresidenta.
Los une el espanto, pero además el deseo de recuperar un modelo inclusivo de desarrollo «con producción, trabajo y soberanía como ejes».
